La Audiencia Nacional confirma el archivo de la causa sobre el cohecho en los gobiernos de Aznar

La Audiencia Nacional acaba de dar otro carpetazo a la investigación sobre las supuestas donaciones realizadas por empresarios a la caja b del PP a cambio de adjudicaciones públicas, la última derivada del caso Gürtel que permanecía en instrucción. A través de una resolución fechada este 27 de enero, a la que tuvo acceso EL PAÍS, la Sala de lo Penal ha rechazado el recurso presentado por el PSOE para intentar reabrir estas pesquisas, que el instructor Santiago Pedraz archivó el pasado diciembre tras concluir que no contaba con indicios suficientes para sentar a alguien en el banquillo. Por estos hechos se mantenían bajo sospecha 23 contratos por casi 600 millones de euros adjudicados por los gobiernos de José María Aznar (PP).

En línea con Pedraz y con la Fiscalía Anticorrupción, que han defendido en la últimos meses que la instrucción se encontraba agotada y sin posibilidad de fructificar, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal subraya igualmente que no se han recabado suficientes “indicios de criminalidad” que prueben la relación directa entre cada una de las adjudicaciones concedidas y las donaciones de los empresarios que dieron a cambio de ellas, y que presuntamente quedaron reflejadas en la contabilidad paralela que llevó el extesorero popular Luis Bárcenas durante casi 20 años —los bautizados como papeles de Bárcenas—. Sin probar ese nexo, no se puede atribuir un delito de cohecho a los investigados, entre los que se encontraban constructores ya condenados por el caso Gürtel: entre ellos, Alfonso García Pozuelo-Asins, antiguo presidente de Constructora Hispánica.

Así lo expresan los magistrados del tribunal en su resolución de este enero, contra la que ya no cabe un nuevo recurso: “El resultado de las diligencias practicadas durante la instrucción [...] imposibilita establecer una relación entre los pagos o donaciones y los contratos adjudicados, lo que aboca al sobreseimiento provisional de las actuaciones”. Al igual que el juez Pedraz y el ministerio público, la Sala de lo Penal concede una enorme importancia al informe del 4 de noviembre de 2022 de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente de Hacienda, que descartó irregularidades en la concesión de las obras analizadas.

Sin embargo, ese análisis de la IGAE chocaba con otros informes anteriores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que certificó sobrecostes millonarios y “vulneraciones” de los “principios generales de la contratación” en las obras bajo sospecha de la era Aznar. A estas conclusiones, precisamente, se aferraba el PSOE para intentar revocar el archivo de Pedraz y procesar a los investigados por tráfico de influencias y fraude a las Administraciones Públicas —delitos que el tribunal también descarta—. Los socialistas reprocharon al instructor no valorar “debidamente” los indicios que se le pusieron sobre la mesa; y le recordaron que Pozuelo-Asins admitió en otro juicio de Gürtel el pago de mordidas al PP a cambio de obras. “Le entregué cosas para Castilla y León [a Francisco Correa, líder de la trama]”, dijo en la vista oral de Época I, que acabó con la primera condena al partido conservador por beneficiarse de la red corrupta.

Pero la Sala de lo Penal coincide con Pedraz: “El sobreseimiento acordado por la ausencia de indicios de criminalidad resulta plenamente ajustado a Derecho”. En esa línea, el tribunal recuerda así que es “función exclusiva del instructor” comprobar si cuenta con pruebas suficientes para procesar a alguien, “sin necesidad de sentar en el banquillo de manera innecesaria a aquellos sujetos respecto de los que exista una insuficiencia indiciaria evidente, lo que así sucede en este caso”.