El PSOE y Podemos negocian para evitar la ruptura por los cambios en la ‘ley del solo sí es sí’

La negociación dentro de la coalición para intentar pactar una reforma de la ley del solo sí es sí se precipita. Pedro Sánchez ha dado una instrucción muy clara: la reforma tiene que cerrarse ya, esta misma semana, para presentarse en el Congreso. El presidente ha dejado claro, y así lo han trasladado sus portavoces, que la reforma se va a registrar como proposición de ley, con o sin la firma de Unidas Podemos. Un auténtico desafío al sector minoritario de la coalición después de dos meses de negociación infructuosa. Esa amenaza se mantiene, pero este martes los dos sectores rebajaron mucho el tono mientras de forma discreta se intensificaron los contactos, los intercambios de papeles y las conversaciones políticas. Sánchez estuvo en el Consejo de Ministros con Irene Montero, que dirige la negociación por parte de Igualdad, y con Yolanda Díaz, que también está involucrada en las conversaciones. Pilar Llop, ministra de Justicia, es la negociadora socialista y también intensificó ayer los contactos.

El problema sigue donde lleva dos meses: hay acuerdo en que hay que subir las penas para devolverlas al esquema anterior y evitar así que haya condenas bajas en el futuro —las revisiones actuales no pueden pararse—, pero hay discusión técnica sobre cómo hacerlo. El PSOE insiste en que su propuesta mantiene intacto el consentimiento como corazón de la norma, porque no toca el artículo 178.1 donde se fija el solo sí es sí, pero Podemos asegura que al introducir la violencia o intimidación como causa para las penas mayores se está desnaturalizando la ley.

Sobre esa fórmula se negocia y nadie descarta que se encuentre una vía intermedia para hacer lo mismo —subir las penas— salvando la objeción de Podemos. Pero si no se logra en pocos días, el PSOE tirará en solitario. El riesgo de ruptura del Gobierno ahí sería muy evidente, pero los dos sectores insisten en que no contemplan ese escenario. Todas las partes descartan una ruptura, que aseguran, no beneficiaría a nadie a tan solo cuatro meses de las municipales y autonómicas y en un año también de elecciones generales.

Podemos, el más beligerante siempre en sus manifestaciones públicas, ha ido suavizando su posición desde la mañana del lunes, cuando se conoció la propuesta de Justicia para subir las penas máximas y mínimas y volver a las que había antes de la reforma del Código Penal para evitar condenas bajas en los futuros delitos. Este martes, después de que Igualdad se abriera públicamente a modificar la parte penal del texto, varios dirigentes del partido apelaron a la necesidad de “proteger” el Gobierno y alcanzar una solución.

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El Gobierno defiende realizar ajustes en la ley 'Solo sí es sí'

Los ministerios implicados, Justicia e Igualdad, trabajaban para llegar a una solución que, por el momento, sigue sin producirse. Justicia insiste en que no hay otra fórmula jurídica, salvo la que plantea una subida de penas para evitar futuras condenas bajas a violadores, pero Igualdad sostiene que se pondría en entredicho el consentimiento y, por tanto, afectaría a la esencia de la ley.

Justicia propone añadir un apartado que aumenta las penas “si la agresión se hubiera cometido empleando violencia o intimidación sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad”. La parte socialista del Gobierno defiende que se trata de una propuesta con rigor jurídico y se compromete a tocar solamente esa parte de la ley del solo sí es sí.

“Hemos trabajado, a propuesta del presidente y del PSOE, en hasta cuatro reformas penales que mantengan el consentimiento como centro del Código Penal y han sido rechazadas”, explicó en los pasillos del Senado la ministra de Igualdad, Irene Montero, que subrayó que en estos momentos existe esta “discrepancia” con el ala socialista. Fuentes de su entorno critican que el socio mayoritario no se haya movido desde las primeras conversaciones en diciembre y reiteran que la reforma penal no soluciona el problema de las rebajas actuales. Igualdad apuesta por un plan de medidas urgentes que sirvan para implementar la ley, como que haya juzgados especializados o más psicólogos y policías que garanticen la protección a las víctimas. Una fórmula, defienden, que utilizó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuando en 2004 entró en vigor la ley de violencia de género y se generó una gran controversia al plantearse casi 200 cuestiones de inconstitucionalidad, pero están abiertos ya a introducir cambios en el articulado relativos a las penas.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, líder de Unidas Podemos en el Ejecutivo, quiso enviar también un mensaje de calma. “Voy a cuidar siempre la coalición de Gobierno”, afirmó después de mostrarse “segura” de “alcanzar un acuerdo”, “eso sí, preservando el consentimiento”, apuntilló. Después de haber evitado hacer declaraciones el lunes (fuentes de su departamento apuntaron tan solo que estaban buscando una salida de forma coordinada con Igualdad), la titular de Trabajo reconoció expresamente este martes la labor que la responsable de Igualdad hace “por el ensanchamiento de los derechos de las mujeres” y cerró filas al asegurar que estamos “ante una muy buena ley”.

Mientras, la portavoz del Gobierno, la socialista Isabel Rodríguez, defendió la reforma, aunque evitó los tonos más duros contra Podemos. “La mejor forma de defender la ley es llevar a cabo todos los ajustes técnicos. En ningún caso se plantea abordar el consentimiento”, aseguró tras el Consejo de Ministros.

Respaldo de los barones

Al contrario de lo que sucedió con las reformas penales de la sedición y la malversación, Pedro Sánchez cuenta con el respaldo de los líderes territoriales del PSOE, que desde hace meses vienen reclamando una respuesta legislativa a las rebajas de pena a casi 300 agresores sexuales y la excarcelación de más de una veintena como consecuencia de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí el pasado octubre. Los barones coinciden en que se ha convertido en el principal problema de los socialistas y, por tanto, en una amenaza para la reelección de los presidentes autonómicos del PSOE en las elecciones de mayo.

“Rectificar es de sabios”, valoró Emiliano García-Page la decisión del presidente del Gobierno para evitar futuras penas bajas a delincuentes sexuales. “¿Cuántas sentencias tiene que haber para que alguien en el ministerio que ha promovido la ley empiece a pensar que, a lo mejor, se ha podido equivocar? ¿Cuántas sentencias? ¿Cuándo lleguemos a mil sentencias y mil violadores en la calle?”, arremetió el presidente de Castilla-La Mancha contra Podemos. “Hace mucho tiempo que vengo reclamando que se haga algo con esta ley porque está produciendo efectos totalmente no buscados por parte de quienes la hicieron, pero evidentemente está mal hecha”, recalcó la víspera el presidente de Aragón, el también socialista Javier Lambán. “Me parece bien que se reforme y creo que coincidimos todos, hay que reconocer que desde el punto de vista de legislación final generó disfunciones y problemas”, compartió el asturiano Adrián Barbón.