Irene Montero: “Vamos a hacer todo lo necesario para garantizar que el consentimiento sigue en el centro del Código Penal”

La ministra de Igualdad advierte contra la “indecente ofensiva” de la derecha para volver al modelo anterior y se compromete a proteger “el corazón” de la ley

La ministra de Igualdad, Irene Montero, junto a Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias este domingo en un acto de Podemos en Arrecife (Lanzarote).
La ministra de Igualdad, Irene Montero, junto a Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias este domingo en un acto de Podemos en Arrecife (Lanzarote).Adriel Perdomo (EFE)

La ministra Irene Montero pone límites a la modificación de la ley del solo sí es sí. Tan solo un día después de que trascendiera que el Gobierno está decidido a cambiar la norma, tras las rebajas de penas y excarcelaciones a agresores sexuales dictadas al entrar en vigor, la número dos de Podemos ha advertido este domingo de que seguirá haciendo “todo lo necesario” para “garantizar” que el consentimiento siga en el centro del Código Penal y proteger así “el corazón” de la ley. En un acto de partido en Lanzarote, la titular de Igualdad ha vuelto a reivindicar el texto, ha cargado contra la que considera una “indecente ofensiva” de las derechas “política, mediática y judicial” y ha alertado de que el ofrecimiento del PP, que este mismo sábado tendía la mano a Pedro Sánchez para llevar a cabo la reforma sin contar con el socio minoritario de la coalición, supone una vuelta al modelo anterior. Los populares han insistido en su propuesta este domingo.

El Ejecutivo ya ha tomado la decisión de modificar la norma para “resolver a futuro los problemas detectados”, según ha informado este fin de semana, y aunque Podemos se apresuró a matizar que “a día de hoy aún no hay acuerdo sobre una solución válida”, la ministra ha reconocido que trabajan para proteger a las víctimas de violencias sexuales afectadas por las excarcelaciones y para garantizar “la correcta aplicación de la ley”. Durante estos meses, Igualdad se ha resistido a este cambio con el argumento, precisamente, de que no encontraban una propuesta viable. Cualquier reforma, en todo caso, solo servirá para los juicios que se hagan con la nueva norma, pero no afectará a las revisiones de las condenas impuestas con leyes anteriores.

En línea con su partido, la ministra también ha denunciado este domingo, durante un acto de precampaña de Podemos, “las presiones” para acabar con los “avances feministas” y volver al modelo anterior, que distinguía entre abuso y agresión en función de si había o no violencia o intimidación. “Vamos a seguir haciendo todo lo necesario para garantizar que el consentimiento sigue en el centro del Código Penal y que ninguna mujer tiene que volver a demostrar que se ha resistido para calificar lo que ha sufrido como una agresión sexual”, ha advertido la responsable de Igualdad, que ha denunciado que mientras el Parlamento Europeo o la ONU “felicitan” a España y ponen la ley como “ejemplo” de cómo proteger a las mujeres frente a las violencias sexuales y dar cumplimiento al Convenio de Estambul, en el país se esté viviendo “una indecente ofensiva” de las derechas.

“El PP ha ofrecido sus votos para volver al modelo anterior, a la distinción entre agresión y abuso. Vamos a proteger el corazón de la ley del solo sí es sí”, ha defendido la ministra hacia el final de su intervención, en la que ha dedicado unos 12 minutos a este asunto. Este sábado, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ponía “a disposición del Gobierno” el apoyo de su partido. “No necesita a Podemos ni a nadie, solo sentido común”, invitaba a Sánchez. El portavoz de campaña, Borja Sémper, ha insistido en la idea este domingo: “Ya no se puede marear más la perdiz”, ha declarado en San Sebastián. “Haremos lo que sea necesario para proteger a las mujeres y los avances y las conquistas feministas frente a aquellos como el PP que quieren aprovechar esta situación para hacernos retroceder después del mayor avance que ha conseguido la lucha feminista contra las violencias machistas en los últimos 20 años”, ha reiterado Montero.

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La titular de Igualdad ha evitado en todo momento el choque público con los socialistas, que han empujado durante semanas para intentar que su departamento aceptara un cambio. Por el contrario, la ministra ha salido en defensa del Ejecutivo. “Como somos conscientes de que esta es una ofensiva también contra el Gobierno de coalición, vamos a hacer lo que sea necesario para protegerlo”, ha señalado.

Montero, que arremetió contra los jueces —al acusarlos de “machismo”— cuando se conocieron las primeras excarcelaciones y que ha ido moderando las críticas, ha subrayado este domingo que “la mayoría” de ellos han “aplicado correctamente” la norma. La ministra ha vuelto a comparar la situación actual con lo sucedido tras la entrada en vigor en 2004 de la ley de violencia de género del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se plantearon casi 200 cuestiones de inconstitucionalidad en los tribunales y los sobreseimientos aumentaron un 158%, según los datos enunciados por ella. “Hubo muchas dificultades para que esa ley se pudiese aplicar de forma plena y garantizar los derechos de todas las mujeres y está volviendo a ocurrir ahora”, ha defendido antes de señalar que este tipo de “avances” necesitan “de mucha pedagogía” y de “un tiempo” para que “todo el mundo acepte que España está por delante de sus intereses, opiniones o su voluntad”.

Aunque el Gobierno ha cerrado filas con la norma desde las primeras rebajas de condenas en noviembre, la realidad es que el goteo de decisiones judiciales se ha convertido en un problema para la coalición que amenaza con tener consecuencias electorales en un año con municipales, autonómicas y generales. “Quien tiene que salir a la calle no son los agresores sexuales, quien se tiene que ir a la calle es la ministra de Igualdad”, ha clamado Sémper este domingo.

Sobre la firma

Paula Chouza

Periodista de Política en EL PAÍS. Participó en el lanzamiento de EL PAÍS América en México. Trabajó en el Ayuntamiento de A Coruña y fue becaria del Congreso de los Diputados, CRTVG o Cadena SER. Es licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela, Máster en Marketing Político y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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