Un vocal conservador del Poder Judicial pide nombrar jueces militares pese a que la ley lo prohíbe por estar caducado

En un anticipo de la situación a la que se verá abocada toda la Administración de Justicia si no se acomete con urgencia la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloqueada por el PP, la jurisdicción militar ya ha entrado en barrena. El Tribunal Militar Central (TMC), el máximo órgano de la Justicia castrense por debajo de la Sala Quinta del Supremo, está paralizado desde que en diciembre pasado pasó a la reserva el último de los jueces togados en activo que lo integraban, el general auditor Francisco Pascual Sarriá.

Eso significa que no se pueden instruir causas contra militares o guardias civiles de empleo igual o superior a comandante, ni tampoco contra jueces, fiscales o secretarios de la jurisdicción militar, ni resolver recursos contra decisiones de los juzgados togados centrales ni tampoco recursos contra sanciones disciplinarias graves impuestas por los jefes de los ejércitos, la subsecretaria o la directora de la Guardia Civil. Todavía funcionan, aunque de forma cada vez más precaria, los tribunales y juzgados militares territoriales que se ocupan de las causas contra los escalones más bajos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.

Ante esta situación, el Consejo General del Poder Judicial encargó en diciembre a dos de sus vocales, el conservador José María Macías Castaño, y la progresista Clara Martínez de Careaga, proponer fórmulas para desbloquear la Justicia Militar.

Ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo, ambos han planteado fórmulas radicalmente diferentes. El primero, que se caracteriza por ser el más activo de los vocales del bloque conservador contra las medidas que toma el Gobierno, propone sortear la reforma de marzo de 2021, que prohíbe al Consejo del Poder Judicial asignar plazas en juzgados y tribunales con el mandato caducado, como sucede desde hace ya cuatro años. La opinión que tiene Macías de esta reforma la deja clara al calificarla de “espuria” y atribuirle el objetivo de “impedir el correcto funcionamiento del CGPJ y, de paso, perjudicar el correcto funcionamiento de los tribunales”.

Para resolver problema, propone reinterpretar el artículo que permite al Consejo, incluso estando en funciones, nombrar a dos magistrados del Constitucional y “realizar aquellas otras funciones que sean indispensables para garantizar el funcionamiento ordinario del órgano” (se entiende que del propio CGPJ) en el sentido de que esta previsión le habilita para nombrar jueces de la jurisdicción militar (y se supone que también de la ordinaria) por los mecanismos habituales. Como alternativa, si esta opción no es aceptada, plantea convocar concursos para la provisión de suplencias en los tribunales y juzgados militares, “sin perjuicio de que el Ministerio de Defensa conceda luego a los jueces militares designados las correspondientes comisiones de servicio”, todo ello en base a informe del Gabinete Técnico del Consejo del pasado 14 de septiembre.

Por el contrario, Martínez de Careaga considera que la prohibición de cubrir vacantes judiciales cuando el Consejo tiene el mandato caducado afecta también a las suplencias, tal como el mismo Gabinete Técnico había concluido en un informe anterior, de 15 de julio. La vocal alerta de que, aunque se nombraran suplentes en los juzgados militares, eso no solucionaría el problema, pues la ley exige que en el tribunal siempre haya un juez togado y no se puede formar una sala de Justicia con más de un suplente, por lo que las resoluciones dictadas por un tribunal formado de este modo podrían impugnarse por ser el mismo “manifiestamente incompetente”.

La vocal admite que se está ante una coyuntura “excepcional”, pero advierte de que no se trata de un problema sobrevenido, pues la gravedad de la situación ya fue advertida por el presidente interino del Tribunal Militar Central en verano pasado cuando se podría haber resuelto, “y aún podría serlo ahora”, según el escrito, con el mero trámite de ascenderlo de general auditor (general de brigada) a general consejero togado (general de división), lo que le habría permitido seguir en activo. En realidad, el problema empezó a gestarse cuando, en octubre de 2021, el presidente del TMC, el general consejero togado, Carlos Melón, pasó a la reserva y el CGPJ no pudo nombrar sustituto, por lo que Pascual Sarriá se hizo cargo de la presidencia con carácter interino.

El informe de la vocal progresista concluye que el Consejo no puede, “sin vulnerar la ley”, convocar procesos de designación de suplentes, ni mucho menos de titulares, en la jurisdicción militar, “ni siquiera amprándose en la excepcional situación en que se encuentra el Tribunal Militar Central”, por lo que propone comunicarlo al Ministerio de Defensa para que este adopte las medidas pertinentes para evitar que se quede sin general del cuerpo jurídico. Aunque no lo dice, sugiere que ascienda a su hasta diciembre presidente interino. Fuentes de la jurisdicción militar alegan, sin embargo, que eso es imposible, porque ya ha pasado también a la reserva.

De otro lado, la opción defendida por el vocal conservador podría llevar a un choque con el Gobierno si este entiende, como Martínez de Careaga, que se trata de una abierta vulneración de la ley que recortó las competencias del CGPJ en funciones como forma de presionar al PP para que cumpla la Constitución y acometa ya su renovación. Los dos informes iban a ser abordados por la Comisión Permanente del Poder Judicial en su reunión de la pasada semana, pero su debate quedó pospuesto en principio para la de esta semana.