El juez propone sentar en el banquillo al exembajador Morodo por fraude fiscal

El juez Alejandro Abascal, instructor de la Audiencia Nacional, ha propuesto sentar en el banquillo a Raúl Morodo, embajador de España en Venezuela desde 2004 a 2007, así como a su hijo Alejo Morodo y a su nuera Ana Catalina Varandas, por urdir una trama societaria para defraudar a Hacienda entre 2011 y 2017. Según consta en una resolución fechada este mismo lunes, donde se descarta procesar también a la esposa del diplomático (María Cristina Cañeque) por falta de pruebas, el magistrado concluye que existen indicios suficientes para juzgar a los otros tres imputados. La Fiscalía y la Abogacía del Estado tienen ahora un plazo de 20 días hábiles para presentar su escrito de acusación.

El juez Abascal pisa así el acelerador en una compleja causa con varias derivadas, que arrancó en 2019 después de que la Fiscalía presentase una querella contra Morodo y su hijo, entre otros, por presuntos delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. En aquella denuncia, el ministerio público detallaba que el clan familiar del exembajador había recibido más de 4,5 millones de euros de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA). Un dinero que ingresaron presuntamente, pese a que no constaba ninguna “justificación real” o “lógica comercial”.

Este enero, tras casi cuatro años de instrucción y a petición del ministerio público, el instructor de la Audiencia Nacional decidió desgajar de la instrucción la parte centrada en los delitos contra la Agencia Tributaria atribuidos al diplomático, a su hijo y a su nuera. En esta línea de investigación, el magistrado describe cómo Alejo Morodo se dedicaba a la supuesta prestación de servicios de asesoramiento legal; pero, “consciente de que la debida tributación de las rentas que obtenía en el desarrollo de esa actividad por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) le supondría un considerable desembolso”, decidió crear una red de tres sociedades interpuestas para defraudar: Aequitas Abogados y Consultores Asociados S. L.; Furnival Barrister Corp S. A.; y Morodo Abogados y Asociados S. L.

“Estas empresas carecían de medios personales y materiales y de actividad comercial para facturar los servicios”, continúa el juez instructor en su escrito de este lunes, donde añade: “[De esta manera], tributó las rentas a través del impuesto de sociedades, cuya carga impositiva era menor. Parte de las ganancias obtenidas [a través de estas empresas interpuestas] se integraron en el patrimonio del investigado Raúl Morodo, quien las ocultó a la Hacienda Pública”.

El magistrado también detalla que, entre 2007 y 2014, Alejo Morodo inició “una aparente relación contractual con PDVSA a través de dos de sus sociedades para la prestación de servicios de asesoría legal y consultoría internacional, por los que estas sociedades, a pesar de no constar la efectiva realización de esos servicios, ingresaron 6,6 millones de euros”. Por ello, el juez considera a los imputados responsables de delitos fiscales por los ejercicios 2013, 2014 y 2017, mientras que considera prescritos los relativos a los años 2011 y 2012.