La marihuana impone su ley en el distrito norte de Granada

La hija de Vero desciende con su uniforme de colegio concertado las escaleras del Hotel Luz. Un ruinoso edificio de nueve alturas en el polígono de Cartuja, distrito norte de Granada, donde las plantaciones interiores de marihuana conviven con familias ajenas al narcotráfico como la suya. El ascensor dejó de funcionar hace lustros y la pequeña de 11 años baja desde un séptimo piso peldaño a peldaño, tanteando la pared desconchada, cuando las luces de la calle permanecen encendidas y nadie espera que lo estén las del rellano. La última redada en el inmueble se produjo a finales de noviembre a esta misma hora, la de ir a clase. La policía se incautó de 1.500 plantas, mientras dos técnicos de Endesa arrancaban los enganches ilegales de la caja general del suministro. Verónica Fernández, una limpiadora de 38 años en paro, sus dos hijos y su pareja vivieron tras aquella batida un apagón de tres días.

Cartuja, La Paz, Almanjáyar, Nueva Granada y Rey Badis (22.000 residentes en total) son barrios donde se producen cortes eléctricos intermitentes. Una herida en la ciudad de la Alhambra que nadie ha logrado suturar en una década. La empresa suministradora sostiene que las plantaciones escondidas en las casas gastan tanta energía que llegan a tumbar la red. Pero el Ayuntamiento pide a la firma que renueve su infraestructura y “redistribuya las cargas de potencia con el objetivo de acotar las zonas dedicadas a fines delictivos”, en palabras de Jacobo Calvo (PSOE), concejal de Medio Ambiente y Mantenimiento. Cuatro entidades sociales —dos de ellas religiosas— denunciaron hace dos años a Endesa por violación de derechos fundamentales. El Juzgado de Primera Instancia número 15 de Granada ha dejado visto para sentencia el primer proceso contra la firma por este motivo. Durante la instrucción, la jueza Marta Benavides solicitó un informe al centro de salud del distrito que determina “graves limitaciones en el norte para la higiene diaria, la alimentación o el estudio”.

Lo cierto es que tres de cada cuatro suministros de estos barrios son regulares y están al corriente de pago, de acuerdo con una inspección municipal encargada a la certificadora Applus. Solo un 2% pincha la luz para cultivar marihuana. El resto lo hace por supervivencia, como Fernández. “¿Mis niños tienen que pasar fatigas por lo que otros hagan en sus casas?”, se pregunta ella. “No puedo usar el congelador, todo se echa a perder”, lamenta. Plantaciones de interior como las confiscadas en su edificio abarrotan baños, cocinas y dormitorios. Demandan la misma energía que 80 viviendas, según cálculos de Endesa. Los enganches ilegales dedicados al cultivo alteran las protecciones eléctricas del edificio, por lo que el salto de potencia pasa directamente a un centro de transformación de la compañía. Estos pueden soportar subidas puntuales, pero los fusibles se funden cuando el pico se prolonga, generando incendios y cortando el servicio a los inmuebles abastecidos. La inseguridad es total.

El año pasado se produjeron 23 fallos de este tipo al día en la zona norte de Granada. Cada uno de ellos duró un promedio de hora y media, según la empresa, y afectó a mil residentes. Es el caso de Naima Mrbaret, de 43 años que, tras la jornada laboral, baja del autobús en Cartuja con la misma duda de siempre acechando: “¿Podré hacer la comida?”. Esta tunecina con dos hijos preadolescentes se pasa media mañana trajinando para otros en la cocina del restaurante donde trabaja. Los suyos se ven obligados a pedir un plato a la vecina, que usa gas butano, cada vez que se funden los plomos. Cuando el apagón interrumpe el guiso, Mrabet se asoma a la escalera olla en mano y pregunta quién tiene luz para rematarlo. “Pagamos la factura todos los meses, pero hay cortes a todas horas. Así vivimos. Menos mal que somos solidarios”, relata antes de comprobar que se encienden sus interruptores.

La última memoria de la Fiscalía de Andalucía indica que, a lo largo de un año, la Policía Nacional confiscó en el distrito 32.000 plantas de cánnabis. “Pero al día siguiente se vuelven a instalar en el Hotel Luz”, admite un agente conocedor de las operaciones. Poco efecto tienen las incursiones del helicóptero policial. Este epicentro de la maría con denominación de origen granadina se yergue sobre una extensión de casas bajas. En el descampado que está detrás abundan las bolsas de basura con maceteros, envases vacíos de fertilizante y sustrato vegetal. Arriba, desde el balcón de Fernández, se aprecia con nitidez a los jugadores del Granada entrenando en su ciudad deportiva. “Ya podrían motivar a los chavales del barrio con actividades de fútbol”, ruge ella. El Hotel Luz se construyó en los ochenta para realojar al poblado chabolista de La Virgencica. Viviendas sociales con opción a compra que debieron deslumbrar a sus primeros inquilinos, a juzgar por el nombre que se le acabó dando.

De la degradación posterior da cuenta una pintada que reza en el interior del inmueble: “Hotel Sombra”. Esa que proyectan los 16 clanes asentados en el territorio, según un recuento fiscal. Son conocidos como Los Gordos, Los Mararas, Los Mindolos, Los Pitufos, el matriarcado de Las Capotas o Los Mocos. Viven, comen y duermen junto a las plantas que ellos mismos custodian. Sus economías de escala invaden el mercado europeo con alijos a un precio muy competitivo. Lo producido en esta zona se distribuye hasta Asia, como detalla un hombre vinculado a los clanes que cambió de vida fuera de la ciudad. “El peligro son las armas. Hoy en día cualquier chavea tiene una en la mesilla de noche. A las familias de este negocio les interesa la paz. El plomo y las puñaladas meten la rarra [mala suerte] en casa”, relata. Aunque los tiros al aire a modo de aviso están a la orden del día. El último vuelco conocido, uno de esos fugaces y violentos robos de material entre traficantes, se saldó en 2017 con la muerte de un joven marroquí.

El poder abrasivo del narco devora unas calles con las que también se ceba la pobreza. Los residentes de la zona norte viven de media ocho años menos que un vecino del centro de la ciudad. Padecen el doble de enfermedades graves que la población general. Tres de cada cuatro personas activas están desempleadas. Todo según el dosier del Plan Local de Inclusión promovido por el Ayuntamiento, que dibuja un inquietante lienzo del último distrito granadino anclado en el siglo XX. Estas condiciones “se ven agravadas por las interrupciones del suministro”, sostiene la médica de familia Marta García, coautora del informe que solicitó la jueza en el proceso contra Endesa, en su consulta del centro de salud de Cartuja. De la entrada cuelga una pancarta contra el apagón eléctrico. “Hablamos de cortes repetidos, impredecibles y prolongados que determinan la forma de vida. Desde la climatización de unas casas ya de por sí mal aisladas hasta las dificultades de los electrodependientes”, remacha.

Ese último es el perfil que más preocupa. Pacientes que necesitan oxígeno, un nebulizador para inhalar medicación, compresores de aire (los llamados CPAP, indicados en la apnea del sueño) o una silla de ruedas eléctrica. Recientemente, un hombre telefoneó al centro de salud porque se encontraba muy mareado. Tanto, que fue incapaz de levantarse de la cama para abrir su domicilio a los médicos. Estos tuvieron que forzar la puerta y, una vez dentro de la vivienda, advirtieron una complicación muy grave de la diabetes que solo pudo revertirse en las urgencias hospitalarias. La doctora Maribel Valiente, que también firma el informe, trae a la memoria aquel instante: “Debido a un problema de visión, el señor no era capaz de distinguir en mitad del apagón la cantidad de insulina que debía pincharse. Prefirió posponer la inyección ante la duda, pero el azúcar empezó a subir y a subir. Nunca me olvidaré de aquello”.

En la Delegación del Gobierno se incide en que hay más incautaciones de marihuana que nunca, pero el problema de las plantaciones sigue clavado al territorio. Igual que prosiguen los cortes de luz intermitentes, aunque la empresa suministradora haya invertido ocho millones de euros a lo largo del último trienio en mejorar su infraestructura. “La zona norte es muy bonica, pero también muy hija de puta”, anota Jean Baptiste Mangini, de 35 años, alias Xio. Este productor audiovisual ha regresado de Luxemburgo —donde vive la mayor parte del año— y se pasea con la cabeza bien alta por las calles de La Paz como un hijo pródigo. Dos niños que iban en patinete frenan de golpe para preguntarle por su próximo vídeo. Quieren lucir ante la cámara su último chándal y ese degradado que producen en serie los peluqueros del barrio. De madre granadina y padre italiano residentes en los Países Bajos, Xio recalaba en la zona para ver a sus tíos durante las vacaciones de verano.

“Entonces, los nenes como estos vendían papelas, yo flipaba”, rememora. Cumplió condena en las cárceles belgas, levantó después una firma de moda y, más tarde, se embarcó en la industria musical. Vuelve al barrio de sus raíces con el objetivo de impulsar la creatividad, de descubrir el talento invisible, como en su día ocurrió con el cantante Maka, que salió de estas calles y ahora llena el Wizink Center de Madrid. La idea es que los chavales encuentren oportunidades fuera. Así es como Xio busca purgar sus culpas. El productor ha tenido que situar su estudio en un municipio del cinturón granadino. “Si no, es imposible trabajar, saltan los plomos en mitad de una producción y te lo cargas todo”, afirma con cierta rabia. “Nada ha cambiado estos años. Quien puede se larga a cualquier otra parte. ¿Qué futuro hay aquí?”. La marihuana impone su ley. Él, como otros miles en la zona norte, continúa esperando la luz.