Conde-Pumpido afronta el reto de recuperar el prestigio del Constitucional

Con la elección este miércoles de Cándido Conde-Pumpido como presidente y de Inmaculada Montalbán como vicepresidenta, el Constitucional acaba de iniciar una nueva etapa, en la que busca desatascar su situación y resolver los recursos acumulados sobre las leyes y los conflictos más candentes de esta y anteriores legislaturas, entre ellos la ley del aborto, la de eutanasia y la reforma educativa de la ley Celáa. Y pretende lograrlo mediante una recuperación de prestigio, después de unos años en los que ha sido noticia por las profundas divisiones internas. Esta es la tarea que en esencia le encomendó este miércoles el pleno del tribunal a Conde-Pumpido.

A la recién estrenada mayoría progresista del Constitucional le ha costado dar el primer paso para poner en marcha este proyecto. Pero finalmente ha encontrado el modo de evitar una primera imagen de ruptura de su propio grupo. Lo hizo este miércoles en el pleno del tribunal mediante una demostración de dominio de la situación, reflejada en la distribución de los votos emitidos. Seis del grupo progresista fueron para Conde-Pumpido, y de los otros cinco, cuatro correspondieron a los magistrados de la nueva minoría conservadora, más el de María Luisa Balaguer, que se presentaba como candidata alternativa, ante la posibilidad de recibir un sexto voto, el de María Luisa Segoviano, que hasta este miércoles no expresó públicamente sus preferencias.

La clave del desenlace de la operación fue ese sexto voto. Segoviano fue elegida por el Consejo General del Poder Judicial a propuesta de los vocales conservadores, y aceptada por los progresistas para garantizar la renovación del Constitucional, después de cuatro meses de bloqueo mediante negociaciones infructuosas. La condición bifronte de los apoyos recibidos por Segoviano para incorporarse al tribunal dejó durante los últimos 10 días en la incertidumbre cuál iba a ser su opción en el pleno decisivo, en pro de Conde-Pumpido, o de Balaguer.

El grupo progresista dice haberle ofrecido en este período a Balaguer la vicepresidencia a cambio de su retirada. Ella siempre dijo que no iba a dar un paso atrás. Y Conde-Pumpido tampoco se hizo a un lado. Ahora, el sector progresista manifiesta haber tenido desde el pasado martes la seguridad de que había ganado a Segoviano para su causa. Y estiman que la ambigüedad de esta magistrada —desde siempre considerada a su vez progresista en el Supremo—ha sido fundamental para que la operación de relevo en el Constitucional haya podido producirse sin mayores incidencias.

Por si hubo algún episodio que pudo dejar dudas sobre las prioridades de su presidencia, Conde-Pumpido quiso lanzar este miércoles un mensaje muy claro en sus palabras de agradecimiento por el apoyo recibido. “La Constitución —dijo— no permite ni la secesión, ni la independencia, ni la autodeterminación”. Es obvio el porqué de este mensaje. Desde la derecha política y judicial se ha lanzado la idea de que la llegada de Conde-Pumpido a la presidencia del tribunal supondría un riesgo de peligrosas concesiones a las fuerzas independentistas, a cambio de la continuidad de su apoyo al Gobierno.

Fuentes del propio grupo progresista subrayaban anoche que el nuevo presidente del órgano de garantías “ha querido confrontarse desde el primer momento con el relato del asalto al Constitucional para ponerlo al servicio del independentismo”. Y admitían que para la construcción de esta tesis se aprovecharon unas declaraciones confusas de María Luisa Segoviano, quien en sus primeras manifestaciones tras haber sido elegida magistrada del Constitucional, afirmó que el debate sobre el derecho a la autodeterminación era una cuestión compleja que, en su caso, habría que estudiar en su momento. Pero para evitar que hubiera cualquier equívoco sobre dónde están las líneas rojas de la Constitución, Conde-Pumpido cerró este miércoles el paso a las elucubraciones.

Balaguer no escuchó esa primera intervención del nuevo presidente del tribunal en el pleno. Se fue a su despacho una vez realizada la votación, que en teoría fue secreta, pero que en la práctica lo fue a voces. Los magistrados recibieron una papeleta con los nombres de sus 11 componentes, y había que señalar al elegido o elegida. Primero, para la presidencia, y luego para la vicepresidencia. Hecho el recuento, Balaguer abandonó la sala, considerando cubierto el orden del día. La magistrada ha explicado a EL PAÍS que lo hizo sin el menor enfado ni contrariedad. “Considero —dijo— que he hecho lo que tenía que hacer, con dignidad, y que tenía la obligación moral de presentarme para promover un cambio en la situación y pacificar el tribunal. No sé si este objetivo está ahora garantizado”.

Con ello, Balaguer aludía claramente a la circunstancia de que esta vez no se ha mantenido la tradición de que la mayoría tenga la presidencia, y la minoría, la vicepresidencia del tribunal. Esa regla no escrita ha tenido sus excepciones a lo largo de las cuatro décadas de existencia del Constitucional, pero esta vez existía la posibilidad de que el magistrado conservador Ricardo Enríquez fuera el vicepresidente. De hecho, recibió cinco votos, los de sus cuatro compañeros de grupo y el de Balaguer. Pero la magistrada progresista Inmaculada Montalbán obtuvo seis, los de su grupo, más el suyo.

La razón es también clara en este punto. El grupo progresista no ha querido que pueda parecer que abandona la voluntad de incorporar a sus planes la defensa del derecho a la igualdad y la incorporación de la perspectiva de género, que fue uno de los ejes del programa expuesto por Balaguer en los contactos previos al pleno de este miércoles. Esas credenciales y prioridades figuran también en la trayectoria de Inmaculada Montalbán. Fuentes del propio grupo progresista admitían anoche que la votación a esta magistrada como vicepresidenta fue, en cierto modo, “una respuesta al intento de los conservadores de dividir a la nueva mayoría”.

“Los conservadores —añaden estas fuentes—han roto la regla de distribución del poder. No la aceptaron, al pretender fracturar nuestro grupo. Ante ello, hemos optado por aplicar otra regla, la de la paridad, y por eso hemos votado a Montalbán”. Lo que los progresistas quieren dejar bien sentado es que su mayoría ni viene a avalar la ruptura de España ni a postergar el avance en la tutela y garantía de los derechos fundamentales, entre los que ocupan un lugar destacado los que definen el progreso hacia una sociedad igualitaria.