Un largo camino para tener un Tribunal Constitucional progresista que afronte las leyes ideológicas clave

En noviembre de 2021 se desataron las críticas internas en el Gobierno, dentro del PSOE y en especial en Unidas Podemos. “¿Cómo es posible que tengamos que tragar y votar a Enrique Arnaldo como magistrado del Tribunal Constitucional?”, repetían diputados e incluso ministros en los pasillos del Congreso. El escándalo era mayúsculo. Algunos socialistas y miembros de UP amenazaban con romper la disciplina de voto. Odón Elorza, que fue durísimo con Arnaldo en la comisión del Congreso que debía examinar su idoneidad, finalmente la rompió y pagó 600 euros de multa. Otros no se atrevieron a tanto, pero las dudas eran muy fuertes. “Esperemos que Bolaños tenga realmente pactada la renovación del Constitucional en junio [de 2022] con el PP, porque si no esto es un fiasco descomunal”, señalaba en ese momento un dirigente destacado. Bolaños, ministro de la Presidencia y gran negociador de Pedro Sánchez, multiplicaba las llamadas para aplacar esa crisis interna. Y a todos les decía lo mismo: “confiad, con el tiempo veréis que este sapo valió la pena. Está en juego lo más importante, la mayoría progresista del Constitucional durante nueve años”.

Toda esa larga jugada de ajedrez terminó este miércoles, después de muchos avatares inesperados, mucho más tarde de lo previsto —tenía que haber llegado en junio de 2022— y con un fuerte desgaste del Ejecutivo en el camino, pero con un resultado incluso mejor del presumible para los intereses de la coalición progresista: un cambio de mayoría de conservadora a progresista (7-4) del tribunal clave de cualquier país, el que tiene que decidir sobre las leyes ideológicas y sociales más importantes —aborto, eutanasia, educación, reforma laboral— y encima con la presidencia y la vicepresidencia para magistrados de izquierdas.

Un pleno progresista inesperado, que se produce como respuesta al intento de los conservadores liderados precisamente por Arnaldo, muy cercano al PP, de romper la mayoría. Si se hubiera pactado todo, como se intentó varias veces en estos meses, el Tribunal Constitucional tendría un presidente progresista y un vicepresidente conservador, como es habitual. Pero el PP forzó la máquina para intentar evitar que Cándido Conde-Pumpido fuera presidente y la venganza de los progresistas por esa maniobra es que la vicepresidenta también será de este sector.

En noviembre de 2021, cuando se votó a Arnaldo, Bolaños llevaba por entonces ya dos acuerdos muy importantes con el PP que fueron cuestionados internamente. Pactó en febrero de 2021 con Teodoro García Egea la nueva cúpula de RTVE, y en teoría en el paquete iba la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Los populares se echaron atrás en el último momento de esta segunda parte con un veto al juez De Prada, pero sí lograron el acuerdo en RTVE que buscaban. Así que el PSOE se quedó colgado y hubo críticas en sordina. Pasaron los meses y el PP no dio su brazo a torcer en el CGPJ, pero sí aceptó negociar en octubre la renovación parcial del Constitucional. Les convenía, no cambiaba la mayoría conservadora y lograban incorporar a dos personas muy cercanas al PP y a la dirección de Pablo Casado, como Arnaldo y Concepción Espejel, en el tribunal de garantías. Y conservaban la presidencia en manos de Antonio García-Trevijano, otra persona muy cercana al PP, que fue designado magistrado en el cupo del Gobierno cuando Mariano Rajoy estaba en La Moncloa.

Bolaños creía tener todo bajo control. Él y García Egea habían incluido en el acuerdo, que se cerró el 21 de octubre de 2021, una cláusula secreta que dejaron por escrito. El PSOE se tragaba a Arnaldo sin rechistar, sí, pero a cambio el PP le garantizaba que en junio de 2022 se renovaría el Constitucional de forma completa, lo que suponía un cambio de mayoría porque le tocaba elegir dos miembros al Gobierno. Las mayorías en el Constitucional, como sucede en muchas democracias occidentales, cambian cada nueve años cuando llega la renovación del cupo de dos que le toca al Gobierno, como fija la Constitución. Ya se ha hecho varias veces en democracia sin ningún dramatismo. Y el presidente pasa a ser también del nuevo sector mayoritario, como sucedió este miércoles. Nunca nadie habló de asalto al Constitucional cuando Rajoy cambió la mayoría de progresista a conservadora en 2013 gracias a los dos del cupo del Gobierno, entre los que estaba Enrique López, muy cercano al PP, y el propio Trevijano. Entonces se vio normal, aunque el PSOE criticó el perfil de López, tanto como el PP ha criticado ahora el del exministro de Justicia Juan Carlos Campo.

Bolaños y García Egea firmaron ese documento que señalaba que PSOE y PP presentarían una minirreforma para permitir al CGPJ que nombrara los dos miembros del Constitucional que le tocan. Pero García Egea y Pablo Casado cayeron en febrero de 2022, y Alberto Núñez Feijóo se desentendió de ese pacto. El PP maniobró todo lo que pudo para retrasar la renovación del Constitucional. A partir de ahí el Gobierno hizo de todo para intentar forzar esa renovación. Primero cambió la ley en julio, puso incluso un límite temporal al CGPJ (el 13 de septiembre) para intentar forzar la renovación. Pero fracasó una y otra vez porque el sector conservador se burlaba. Tan lejos llegó la cosa que incluso un conservador muy cercano al PP como Carlos Lesmes dimitió ante su fracaso al intentar al menos renovar el Constitucional, una obligación del CGPJ.

Ahí llegó un último intento negociador, en el que durante tres semanas, y con la renovación del Constitucional y del CGPJ encima de la mesa, Bolaños y el nuevo negociador del PP, Esteban González Pons, lograron prácticamente cerrar el acuerdo. Pero una vez más el PP dio marcha atrás, esta vez por la reforma de la sedición, y el Gobierno volvió a mover sus piezas. Bolaños y su factoría de reformas hicieron un nuevo intento con dos cambios acelerados incorporados en la reforma del Código Penal para forzar al CGPJ a renovar el Constitucional y al propio tribunal a incorporar a los dos magistrados elegidos por el Gobierno.

Pero la maniobra salió muy mal. El Constitucional, aún controlado por los conservadores, en un movimiento inaudito, impidió por primera vez en democracia una tramitación parlamentaria en el Senado y frenó las dos reformas por una exigua mayoría de 6 a 5, exactamente el reparto ideológico del Constitucional. Parecía que el Gobierno tenía por delante más meses de bloqueo, pero aún se inventó una nueva maniobra inesperada. Los progresistas del CGPJ aceptaron por sorpresa los dos candidatos que proponían los conservadores, y todo se precipitó. Entonces, el PP creía que aún tenía una baza, al menos para impedir que Cándido Conde-Pumpido presidiera el Constitucional, uno de sus grandes objetivos en todos estos meses, hasta el punto de que lo han planteado varias veces en la mesa de negociación.

Pero, contra pronóstico, María Luisa Segoviano, la candidata progresista que habían elegido los conservadores, confiando en que no votaría a Conde-Pumpido, sino a María Luisa Balaguer, les falló y votó al candidato que quería el Gobierno. Así que con siete meses de retraso, después de un larguísimo periplo, con un desgaste evidente que detectó la encuesta publicada esta semana por EL PAÍS, el Ejecutivo ha logrado con creces todos sus objetivos y ahora puede confiar en que un tribunal con una clara mayoría progresista se enfrentará a decisiones clave no solo sobre las leyes más conocidas, sino también, por ejemplo, sobre el escaño del diputado canario de Podemos Alberto Rodríguez, suspendido desde octubre de 2021 y nunca sustituido, lo que ha quitado un voto a la mayoría todo este tiempo.

Pero es que además de las grandes leyes, el PP y Vox han recurrido muchas más cosas menos conocidas, pero muy relevantes, como la ampliación del permiso de paternidad, ahora igualado al de maternidad, la ley ‘rider’, que afecta a miles de trabajadores, la subida del impuesto de patrimonio en los Presupuestos en 2021, la reforma del CGPJ para impedir que pueda seguir haciendo nombramientos en funciones y así tratar de forzar una renovación, un decreto sobre vivienda de Cataluña, el traspaso del ingreso mínimo vital al País Vasco. Vox en solitario ha recurrido la ley de protección a la infancia, el decreto antidesahucios, cuestiones de violencia de género relacionadas con la custodia y una ley trans en Canarias.