PSOE y Podemos intentan evitar fugas de voto en un tenso pleno por la elección de Arnaldo para el Constitucional

El pleno del Congreso de los Diputados vivirá este jueves una jornada tensa y difícil para una gran mayoría de parlamentarios de izquierdas del PSOE y Unidas Podemos, que tienen programado seguir las instrucciones de la dirección de sus grupos para votar a favor de los candidatos pactados por el Gobierno con el PP para renovar las vacantes pendientes del Tribunal Constitucional.

Enrique Arnaldo, uno de los aspirantes propuestos por el PP, estará en la inmensa mayoría de esas papeletas de los diputados de izquierdas. Pero muchos de los parlamentarios de base de esas formaciones, algunos miembros de las ejecutivas y de la dirección de esos grupos y hasta media docena de ministros del Gabinete que encabeza Pedro Sánchez reconocieron este miércoles a EL PAÍS que respaldarán la iniciativa “con mucho malestar y disgusto”, “porque no queda otro remedio” y porque han comprendido y aceptado que con la misma se conseguirá “un bien mayor y primordial, renovar el Constitucional”.

El PSOE ha hecho llegar a algunos de sus parlamentarios que el asunto pactado con el PP para asumir sin vetos a los cuatro candidatos acordados (Arnaldo y Concepción Espejel, planteados desde las filas conservadoras, y Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán, por los dos partidos aliados en el Ejecutivo) es de vital importancia y que no se aceptarán ni consentirán disidencias. Un planteamiento que ya se cerró también en una conversación entre dirigentes del PSOE y Unidas Podemos la semana pasada de cara a la comisión de nombramientos, donde esos cuatro aspirantes pasaron el primer examen y filtro.

Aquella votación, que al final se superó holgadamente con voto ponderado por grupos, no estuvo exenta de fuertes críticas del entonces portavoz socialista, Odón Elorza, y evidente desagrado del portavoz de Podemos, Txema Guijarro. Ninguno de los dos hablará este jueves en el pleno para cuestionar la idoneidad de Arnaldo una vez conocidos sus contactos, sus publicaciones y sus colaboraciones con administraciones populares, incluso con supuesta vulneración de la ley.

Fuentes de la ejecutiva del PSOE y el Gobierno transmitieron con firmeza la idea de que este jueves no se registrarán ni inesperados votos de castigo ni desmarques. La dirección del grupo socialista, para subrayar más esa advertencia, distribuyó de nuevo en la mañana del miércoles a todos sus diputados un correo electrónico con una instrucción de voto bastante nítida sobre el procedimiento a seguir. El voto, en su caso, no será individual, telemático y secreto, porque lo tendrán que comunicar previamente a un asistente del grupo. Podemos precisó en este sentido ―tras leer el artículo que dos de sus parlamentarias, Gloria Elizo y Meri Pita, habían publicado este miércoles en El Periódico de España criticando la aceptación de esos candidatos― que les será imposible actuar o aplicar sanciones si se registran deserciones porque su voto sí será secreto. Que es, además, la indicación que suministró la presidencia de las Cortes sobre cómo se iba a proceder en esta votación por primera vez en esta legislatura en el 100% de los asuntos en discusión.

El diputado vasco de Podemos Roberto Uriarte escribió en Twitter: “Hoy tenemos en el Congreso un dilema ético: votar a favor de una renovación degradante del Tribunal Constitucional —la única que concita la mayoría requerida— o permitir que siga un bloqueo ilegítimo. Votaré el mal menor, sin la paz que daría votar a las personas más honorables”. El presidente de su grupo, Jauma Asens, recuperó la imagen del voto de la vergüenza “con la pinza en la nariz” que ya había esgrimido Elorza, pero advirtió de que votarán a favor: “Lo contrario sería más coherente, pero tendría consecuencias desastrosas”.

Una veintena de diputados socialistas y de Unidas Podemos consultados por EL PAÍS admitieron que la propuesta de Arnaldo y Espejel no les agrada nada, remarcaron que “la responsabilidad y las explicaciones sobre esos nombramientos corresponde al PP, el partido que los planteó” y coincidieron en asumir la teoría del “mal menor” o “el bien mayor”, renovar el Constitucional.

El foco también en Espejel

Uno de los miembros más relevantes de la Ejecutiva socialista remachó: “Gustar no gusta nada, pero en estas situaciones en política hay que marcarse un objetivo y un bien más primordial, como ha sido lograr la renovación del Constitucional”. Una ministra apuntó que se está poniendo demasiado el foco sobre el perfil polémico de Arnaldo y poco en el de la otra aspirante del PP, Espejel, con un pasado también muy controvertido. Varios componentes del Gobierno desligaron, sin embargo, la trascendencia de renovar el Constitucional y haber asumido el coste de los aspirantes del PP con una próxima renovación del Consejo del Poder Judicial, aún pendiente. Empiezan a escucharse voces en el PSOE sobre que su negociador principal, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, concedió demasiado margen a su interlocutor del PP, el número dos de los conservadores, Teodoro García Egea.

Las críticas al candidato del PP las expresaron este miércoles desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pidió “salvar el acuerdo”; la vicepresidenta Yolanda Díaz —”el PP pone en riesgo la independencia de las instituciones”—, o el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que concedió que ellos debían escoger entre las dos realidades posibles: “Seguir como estamos o iniciar un camino para cambiar el sesgo de las instituciones judiciales”. Gabriel Rufián (ERC) o Íñigo Errejón (Más País) recurrieron a la metáfora de “tragarse un sapo”. Más País, como Ciudadanos, PNV o EH Bildu, podría optar este jueves por estar en el pleno pero no votar. Rufián emplazó a Podemos a plantarse y no digerir, en este caso, “un cocodrilo”.

“Votar correctamente”

La Mesa del Congreso acordó hace siete días que todos los puntos del pleno de esta semana serían votados solo telemáticamente por el 100% de los diputados. La Mesa corroboró, además, que la votación sería secreta para la elección de los nuevos miembros de los órganos constitucionales. Los parlamentarios deberán así escribir los nombres de los candidatos a los que desean votar, “hasta cuatro para el Tribunal Constitucional y hasta seis para el de Cuentas” y en el caso del Defensor del Pueblo podrán poner el del candidato, Ángel Gabilondo, o votar en blanco.

La dirección del PSOE en el Congreso mandó, por su parte, otra instrucción de voto: “El diputado/a debe enviar el comprobante de su votación al asistente. El asistente una vez comprobado que el voto se ha emitido correctamente, ha de enviar la confirmación de ello (ahí se precisa un correo del grupo), indicando el nombre del diputado o diputada, si la votación se ha realizado correctamente o, en su caso, la incidencia que se hubiera podido producir”. Y se añade finalmente: “Es importante que envíen esa información para evitar errores y el colapso de los correos electrónicos”.

Esta instrucción implica que la dirección del grupo comprueba tanto que el voto ha sido emitido por los diputados como el sentido del mismo.

Un miembro del Gobierno con responsabilidades en el grupo parlamentario confirmó a EL PAÍS que ese tipo de instrucciones se llevan emitiendo toda la legislatura, y resaltó que todos las cumplen, empezando por el propio presidente, Pedro Sánchez. El grupo socialista distribuye incluso el sueldo con la nómina de los diputados, en vez de permitir que se remita directamente desde el Congreso. La dirección de Unidas Podemos y la del PP aseguraron a EL PAÍS que no aplican ningún sistema para conocer antes o después el voto de sus parlamentarios cuando se registra telemáticamente.