Ayuso reparte la culpa de que Metro de Madrid haya dejado sin casa a cientos de personas en San Fernando entre la Comunidad y la izquierda

La cuenta atrás hacia las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo empiezan a cargar de tensión la agenda política de Madrid. Tras más de un año de promesas, buenas palabras y comprensión hacia los cientos de vecinos de San Fernando de Henares (40.000 habitantes) que se han quedado sin casa por culpa de la línea 7B de Metro, Isabel Díaz Ayuso ha repartido este miércoles las culpas de lo ocurrido entre el Gobierno regional del PP y los ayuntamientos de esta localidad y de Coslada, en los que han gobernado IU y el PSOE. Además, la presidenta regional ha cargado contra los dirigentes de la plataforma de afectados, a los que ha acusado de generar “tensión”, distinguiéndolos del resto de vecinos, a quienes ha trasladado su solidaridad y ha prometido que las indemnizaciones que les corresponden ya están listas (serán de entre 136.000 y 355.000 euros por inmueble derruido). Mientras tanto, en medio de la lucha política están atrapados más de 150 vecinos de más de 100 familias que han tenido que abandonar sus hogares desde 2021. En el tiempo transcurrido desde entonces se han derribado 27 viviendas, a las que próximamente se sumarán otras tantas, para un total de 54. Todo, por culpa del metro.

“Hace más de 15 años se realizó un nuevo trazado de la línea”, ha arrancado Ayuso sobre una obra impulsada en 2007 por el Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) y muy aplaudida por la entonces alcaldesa de San Fernando, Montserrat Muñoz de Diego (IU). “Fue una decisión entre distintas administraciones, en una zona muy compleja, en la que el terreno está compuesto por agua, y yeso y otros materiales”, ha dicho como explicación a que la llegada del metro alterara la composición de los terrenos, provocando un desplazamiento de tierras que ha generado grietas, desalojos y demoliciones. “A tenor de una decisión técnica, de la concesionaria, y política, fruto de la ilusión de los ayuntamientos, se siguió adelante y se vio con buenos ojos entre todos”, ha seguido Ayuso. “Fueron los ayuntamientos de la izquierda quienes insistieron en la ampliación del trazado”, ha subrayado, en referencia a los municipios de Coslada y San Fernando. “Fue una decisión entre todos. Y los mismos que se pusieron a la cabeza de la prolongación de la línea son los mismos que están a la cabeza de la plataforma de afectados (...) Podrían ser un poco honestos y contar cómo se produjo todo aquello, si bien cada uno tiene sus responsabilidades: yo he heredado 10 años más tarde una actuación sobre la que me responsabilizo desde el primer día”.

Los argumentos de Ayuso, expresados en Alcobendas tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, han calcado a los expresados por Aguirre un día antes y en el programa Más Vale Tarde. Tras largos meses de búsqueda de soluciones, anuncios de inversiones y solidaridad absoluta con los afectados, el giro argumental es inseparable de la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Y por eso Ayuso ha puesto en la diana a los dirigentes de la plataforma de afectados, identificándoles, como ya hizo Aguirre la víspera, como ediles de los Ayuntamientos de izquierdas que en su día aplaudieron la obra. Una forma de diluir que fue la expresidenta regional quien impulsó la ampliación del suburbano, quien celebró su inauguración con actos multitudinarios, y quien puso la infraestructura en el corazón de sus campañas electorales, como han recordado los afectados a través de un extenso comunicado.

“No tiene sentido culpar a una administración municipal sin competencias políticas ni técnicas para poder tomar ninguna decisión en la ejecución de la obra, más allá de buscar el bienestar colectivo de un municipio”, han contestado los responsables de la plataforma de afectados en ese documento. “La Comunidad de Madrid es la única responsable del problema que ha generado la infraestructura de Metro en el municipio, desde su construcción hasta la actualidad”, han asegurado. “La potestad técnica es exclusiva de la Consejería de Transportes, de su consejero y en última instancia de la presidenta de la Comunidad de Madrid. No del Ayuntamiento de la exalcaldesa Monserrat, la actual corporación o sus concejales”.

Todo arranca en 2007, cuando la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, celebra la inauguración de la línea 7B, hecha a toda prisa para que se estrene justo antes de las elecciones. Desde el primer día, las obras provocan algo parecido a un terremoto en el subsuelo: facilitan que el agua entre en contacto con la sal que entrevera el terreno, disolviéndola y causando un corrimiento de tierras que hace que los cimientos de los edificios pierdan pie. Más de 150 vecinos de más de 100 familias han tenido que abandonar sus hogares desde 2021 como consecuencia de las grietas, roturas y desperfectos que han aparecido en sus viviendas. 15 años después de la inauguración del Metro, ya se han derribado 27 viviendas y otras tantas están a un paso de seguir el mismo camino, según anunció en diciembre la Comunidad, para un total de 54, según cifras de la Administración regional, que no concuerdan con las de la local (que dice tener constancia de 53). Y muchas familias siguen viviendo entre grietas, ruidos tenebrosos y el miedo permanente a que se les caiga el techo encima.

En ese dramático contexto, el choque entre la Administración regional y los afectados es ya frontal. Y total. La máxima responsable del gobierno regional, Díaz Ayuso, ha culpado este miércoles a los responsables de la plataforma vecinal que sirve de altavoz a las quejas por los desalojos y derribos de estar dificultando la solución del problema.

“Lo que hace falta es que quienes están en la plataforma, que está tomando acciones agresivas, que están acosando a las personas funcionarias que trabajan en la oficina [de afectados abierta en la zona], que se están metiendo de manera irregular en las obras, que están acosando cada vez que vamos ahí, que no están ayudando en absoluto, que viven políticamente de esto (...) dejen de crear tensión”, ha dicho Díaz Ayuso. “Sé que esta tensión política se va a prolongar hasta las elecciones, es lo que hay, pero no ayudan a los vecinos si les dicen que es mejor no negociar con la Comunidad de Madrid estas indemnizaciones, porque muchos de ellos pueden empezar desde ya una nueva vida”.

Así le han contestado a la presidenta regional los representantes de la plataforma de afectados: “Como nuestros vecinos se encuentran sumidos en una zona de obras de enorme peligrosidad y la Comunidad se niega a realojarlos, han sido los vecinos quieren han parado las obras exigiendo seguridad y condiciones dignas de habitabilidad. Actualmente no se cumple ninguna de esas peticiones y si esto sigue así, los vecinos volverán a parar las obras, porque ya no se trata de unas viviendas en mejor o peor estado, se trata de que la Comunidad está jugando con cientos de vidas sin acreditar de forma técnica su seguridad, ni al Ayuntamiento, ni a la Plataforma, ni a las víctimas. Por ello, si no se negocia una salida de las familias afectadas por esta situación, volveremos a tomar cartas en el asunto”.

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