El sureste peninsular se manifiesta unido para defender el trasvase Tajo-Segura

El sureste peninsular se ha manifestado unido este miércoles frente al recorte del trasvase Tajo-Segura. Miles de personas —15.000, según la organización, y 7.000, según la Delegación del Gobierno— convocados por la Federación de regantes del Segura (Scrats) se han concentrado delante del ministerio de Transición Ecológica para pedir que no se recorte el agua que riega la agricultura de las provincias de Alicante, Murcia y Almería. Pero, sobre todo, se ha producido una foto poco frecuente: la unidad de prácticamente todo el espectro político. Tanto el PP como el PSOE han mandado delegaciones a la concentración, así como los gobiernos de la Región de Murcia, de la Generalitat valenciana y de la Junta de Andalucía. El presidente murciano, Fernando López Miras, ha encabezado la representación de su comunidad autónoma, mientras que el Ejecutivo valenciano ha estado representado por la consejera de Agricultura, Isaura Navarro, y el andaluz por su homóloga en Andalucía, Carmen Crespo. En las últimas semanas se ha vuelto a intensificar el conflicto respecto al plan del Tajo que quiere aprobar el Ejecutivo central y que supone una reducción del trasvase, un asunto que enfrenta a las comunidades de Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana con Castilla-La Mancha (las dos últimas gobernadas por los socialistas). El Consejo de Estado emitirá el próximo 19 de enero su dictamen sobre el real decreto que revisa la planificación de 12 demarcaciones, incluyendo la modificación de los caudales ecológicos del Tajo-Segura, informa Europa Press.

López Miras, que ha encabezado la delegación del PP murciano y andaluz, se ha mostrado radicalmente en contra de subir el caudal ecológico del Tajo, lo que supone recortar la cantidad de agua que llega a los cultivos del sureste peninsular. López Miras ha enfatizado que la decisión de reducir la cantidad del trasvase es “sectaria” y “política”. “No hay ni un solo informe científico ni técnico que justifique o avale que si se recorta el trasvase esto va a tener una consecuencia positiva medioambiental”, ha remarcado el presidente murciano, que ha avisado de la devastación económica que supondría para los agricultores de la región la medida. López Miras considera que el Gobierno de Pedro Sánchez maltrata a su comunidad autónoma. “Se va a convertir el agua en un bien de lujo”, ha sentenciado.

El Ejecutivo sostiene que el plan defiende el interés general del país. Frente a las acusaciones del PP de que se rige por criterios políticos y no técnicos, Ribera ha contestado que el Tajo es el único río de España que hasta ahora no tenía fijado un caudal ecológico, tal y como se exige. La ministra ha recordado en declaraciones a Europa Press que este es el motivo por el que el Tribunal Supremo ha emitido cinco sentencias apremiando al Gobierno a establecer un caudal ecológico. Por su parte, ha defendido que su ministerio ha apostado por una implantación gradual del nuevo plan, precisamente, para dar tiempo a que la industria agraria del sureste español se pueda adaptar a los cambios. Aunque la vicepresidenta tercera defiende su plan, mantiene una posición de diálogo, sobre todo con el Gobierno valenciano, para intentar encontrar una solución.

En una línea parecida a López Miras se ha mostrado la consejera de Agricultura valenciana, Isaura Navarro (Compromís), que se ha apresurado en dejar claro que no debe haber ninguna guerra entre comunidades. Navarro ha instado a la ministra de Transición Ecológica a volver a respetar el acuerdo del Consejo Nacional del Agua. Desde la Generalitat, por boca de su presidente, Ximo Puig, denuncian que Ribera ha modificado de manera unilateral lo que se pactó hace meses. En ese acuerdo vinculaba la fijación de los nuevos caudales ecológicos del Tajo a una valoración previa de su estado ambiental en 2025. “Este texto cumplía con las sentencias del Tribunal Supremo”, ha declarado Navarro, que ha adelantado que esta tarde habrá una reunión con el Ministerio de Transición Ecológica para seguir negociando. “Esta es la agricultura de todos”, ha enfatizado la consejera para, así, demostrar que no es una lucha que competa únicamente al sureste español. Navarro ha estado acompañada por el diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví.

Ximo Puig y los socialistas valencianos no son los únicos que se han mostrado en contra de la decisión del Gobierno. 2023 es un año de elecciones autonómicas y municipales, por lo que todos los partidos quieren tomar posiciones. El PSOE de la Región de Murcia también ha manifestado su descontento con la propuesta del ministerio y el alcalde de Murcia, el socialista José Antonio Serrano, ha mostrado su apoyo a los agricultores murcianos. “Es muy importante que haya unidad para reclamar que no se acabe con el trasvase”, ha asegurado Serrano, si bien ha resaltado que es importante no caer en guerras del agua entre distintas comunidades autónomas.

“Actitud radical”

La manifestación se ha cerrado con la intervención del presidente de los regantes de la cuenca del Segura, Lucas Jiménez, que ha interpelado desde el micrófono a Ribera para que rectifique. “Le pedimos que abandone su actitud radical”, ha repetido en varias ocasiones. Aunque durante la manifestación ha habido algunos gritos tímidos para exigir la dimisión de la ministra, el discurso de Jiménez ha estado enfocado en advertir de las consecuencias económicas devastadoras que tendría para la industria agraria el recorte del trasvase. La organización que preside Jiménez estima que las pérdidas económicas serían de más de 5.000 millones para la zona de salir adelante el plan del Gobierno.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha incidido en el mismo argumento que Ribera para defender el recorte del trasvase. “¿Por qué va a aguantar el Tajo que este sea el único río que no tenga caudal legal mínimo exigible como dice la ley, las directivas europeas y el sentido común?”, ha sostenido García-Page este miércoles, que ha aplaudido al Gobierno por aplicar la ley de “forma coherente con la realidad”.