El Gobierno valenciano alega que el plan del Tajo tiene defectos de tramitación y se cambió de forma unilateral

El Gobierno valenciano ha solicitado a la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio Cordero, que emita un informe desfavorable sobre el proyecto de real decreto que afecta al plan hidrológico en el que se incluye la regulación del trasvase Tajo-Segura. Según argumenta la Abogacía de la Generalitat valenciana en las alegaciones presentadas este martes ante este órgano consultivo, el proyecto de plan hidrológico del Tajo “cuestiona el trasvase y no tiene en cuenta los impactos económicos que ocasiona”, ha sufrido “defectos en su tramitación, determinantes para su nulidad de pleno derecho”, y adolecen además de “falta de criterio y rigor técnico”. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha hecho un llamamiento para evitar otra guerra del agua horas antes de la protesta convocada este miércoles en Madrid por los regantes de la cuenca de Segura contra el recorte del trasvase.

La controversia comenzó con el cambio de redacción —y cómo se hizo— de la disposición adicional novena del proyecto de real decreto que regula varios planes hidrológicos, entre ellos el del río Tajo, debatida y aprobada en el Consejo Nacional del Agua del pasado 29 de noviembre, sostiene la Administración valenciana. El primer texto vinculaba la fijación de los nuevos caudales ecológicos del Tajo a una valoración previa de su estado ambiental en 2025 y “ese es el texto original que fue aprobado mayoritariamente en la reunión del Consejo Nacional del Agua”, apunta el documento.

La Generalitat asegura que, después de ese encuentro, se redactó un nuevo texto, que no es el que se debatió y votó en el Consejo del Agua, y que impone unos incrementos fijos e inamovibles de los caudales ecológicos para el Tajo hasta 2027, “sin tomar en consideración ningún análisis previo del estado de las aguas, con el consiguiente y grave perjuicio para los regantes de la cuenca del Segura”.

El texto “modificado de manera unilateral”, según la Generalitat, por el Ministerio para la Transición Ecológica es el que ha llegado al Consejo de Estado, por lo que considera que “no ha sido sometido a los principios de participación ciudadana y concertación” y podría haberse producido “una nulidad de pleno derecho en la emisión del informe preceptivo”.

El informe jurídico apunta a que se ha tomado una decisión “arbitraria basada en la libre voluntad de la Administración redactora de la norma” y que durante el proceso “se han vulnerado los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, lealtad institucional, buen gobierno y transparencia”, principios amparados por la Constitución y por el régimen jurídico de las administraciones públicas. El Gobierno valenciano solicita que se introduzca de nuevo la versión original de la disposición adicional novena.

La vicepresidenta Teresa Ribera insiste en que el proyecto de decreto ley en poder del Consejo de Estado es “lo que consiguió el respaldo mayoritario del Consejo Nacional del Agua”, y añade que “en la documentación previa se introdujo alguna modificación con respecto a lo que había sido ya consensuado entre territorios, con regantes” para cumplir con las cinco sentencias del Tribunal Supremo que obligaban a fijar un caudal ecológico para el Tajo; y aseguró que de aquí a 2027 se acometerán inversiones para garantizar 120 hectómetros cúbicos de agua adicionales para Almería, Murcia y Alicante.

El Gobierno de Castilla-La Mancha también incluye en sus alegaciones —registradas también hoy— incide en ese punto: “La implantación de un régimen de caudales ecológicos en el río Tajo, no existentes hasta la fecha, es no sólo una obligación normativa sino una determinación impuesta por varias sentencias del Supremo”, y asegura que esa fórmula “fue aceptada por una mayoría de los participantes de los procesos de participación pública previos al Consejo Nacional del Agua”.

El Ejecutivo andaluz, al igual que los de Valencia y Murcia, anuncia alegaciones al plan del Tajo y pedirá también al Consejo de Estado un informe desfavorable sobre el proyecto del real decreto que afecta al plan hidrológico e incluye la regulación del trasvase Tajo-Segura que considera un “capricho político”.

El plan de cuenca del Tajo —con unas reservas hídricas por debajo de la media de los últimos 10 años— contempla que el caudal ecológico del río a su paso por Aranjuez (Madrid) suba de seis a siete metros cúbicos por segundo desde el 1 de enero de 2023, que pase a ser de ocho desde 2026 y que se eleve a 8,65 en 2027. Los regantes del Segura denuncian que esas reservas harían inviable la agricultura de la zona que depende del trasvase.

Protesta de regantes en Madrid

La presentación de las alegaciones se produce un día antes de que los regantes de la cuenca del Segura se manifiesten en Madrid en contra del recorte del trasvase. El presidente valenciano no acudirá a la protesta, como le ha pedido el dirigente del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, porque se encuentra de viaje a Bruselas y Frankfurt, pero habrá una representación del Ejecutivo valenciano encabezada por la Consejería de Agricultura. También estará presente la oposición.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha manifestado en su cuenta de Twitter que “la política hidráulica en España no es un problema ni de izquierdas ni de derechas. Hemos llegado para defender nuestro agua al Tribunal Supremo, al que no hemos convencido con planteamientos ideológicos, sino con argumentos legales y técnicamente argumentados”.