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El Constitucional, abocado a elegir sin consenso posible a su presidente

Los candidatos Conde-Pumpido y Balaguer se niegan a retirarse, empatados virtualmente a cinco votos, a la espera del sentido del voto de la magistrada María Luisa Segoviano

Los magistrados Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, que disputan este miércoles en el pleno la presidencia del Tribunal Constitucional.
Los magistrados Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, que disputan este miércoles en el pleno la presidencia del Tribunal Constitucional.EFE
José María Brunet

El Constitucional tendrá que elegir este miércoles a su nuevo presidente o presidenta entre dos aspirantes al cargo pertenecientes al grupo progresista del tribunal, después de que hayan fracasado todos los intentos de presentar una sola candidatura. Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer van a competir para hacerse con la presidencia del órgano de garantías durante los dos próximos años y medio. Los siete integrantes del grupo progresista mantuvieron este martes una reunión de tres horas en la que ambos magistrados descartaron renunciar a presentarse y defendieron sus respectivos proyectos, con el común denominador de dar un nuevo impulso a la labor del Constitucional, que a su juicio presenta un balance deficitario como resultado de los nueve anteriores años de mayoría conservadora.

La reunión de la nueva mayoría progresista del Constitucional se desarrolló en términos cordiales, sin que nadie dijera una palabra más alta que otra, pero con una evidente tensión de fondo, por la imposibilidad de conciliar posturas e intereses. El encuentro fue promovido por el magistrado Ramón Sáez, que en el pleno se sienta junto a Conde-Pumpido. El propósito de la convocatoria era tratar de aproximar criterios, sobre todo para comprobar si era posible mantener cierta tradición y que el bloque progresista pudiera permanecer unido para presentar a su candidato. Es decir, a un aspirante, en singular, no a dos.

María Luisa Balaguer se mantuvo firme en la idea de que cabe la presentación de una candidatura en términos individuales, no por delegación de todo un grupo. Fue muy clara, además, al exponer que en principio cuenta con cuatro votos, los de los magistrados de la nueva minoría conservadora. Ese respaldo, más el de la propia Balaguer, la dejan a un solo voto de obtener la presidencia. En estas circunstancias —argumentó—, por qué renunciar a priori. Ahora, por tanto, todo depende de la decisión que adopte la magistrada María Luisa Segoviano, que también acudió a la reunión, como los otros seis integrantes del grupo progresista, pero que tampoco este martes se pronunció sobre cuál vaya a ser el sentido de su voto.

Cándido Conde-Pumpido, a su vez, cuenta como punto de partida con el voto de los otros cuatro votos del sector progresista, más el suyo. Por tanto, tendría también cinco votos, que podrían ser seis si Segoviano acaba apoyándole. Para los integrantes de este sector que permanecen junto a Conde-Pumpido es delicado que Balaguer pueda alcanzar la presidencia apoyándose en los votos del bloque conservador. En primer lugar, porque en teoría ese grupo ha quedado en minoría, con cuatro votos, frente a los siete con que contarán los progresistas para tomar las principales decisiones sobre la infinitud de sentencias que el tribunal tiene pendientes, y que plantean muchas cuestiones de fondo cuya resolución implica muchos aspectos ideológicos.

Desde este punto de vista, en ese núcleo se considera contradictorio que Balaguer se apoye en el sector conservador para iniciar un período de presidencia en un tribunal en el que habrá de notarse que existe una nueva mayoría progresista. Y en este punto aparece a renglón seguido en dicho núcleo el convencimiento de que es la derecha judicial y política la que ha venido alentando una candidatura alternativa a la de Conde-Pumpido. Todo ello para facilitar el acceso a la presidencia del tribunal a una magistrada muy identificada en sus presupuestos ideológicos con una izquierda que los propios conservadores sitúan más allá de la socialdemocracia. El argumento que cierra el círculo de este tipo de razonamientos es el de que está claro el motivo por el que los vocales conservadores del Poder Judicial prefirieron a María Luisa Segoviano como candidata progresista, tras haber vetado a otros por su proximidad con Conde-Pumpido.

Entre los promotores de la candidatura de Balaguer se estima, en cambio, que esta magistrada ha demostrado una capacidad de diálogo y una ductilidad en sus planteamientos que permiten augurar un eventual ejercicio de la presidencia abierto al consenso y en permanente búsqueda de escenarios de conciliación de posturas. La propia Balaguer ha expuesto siempre con claridad que no busca el enfrentamiento con Conde-Pumpido, pero que no debe renunciar a los apoyos que pueda recoger, entre otras cosas porque sus proyectos tratan de abrir una nueva etapa en el Constitucional, que rompa hasta cierto punto con la tradición cerrada del tribunal. En este sentido, se propone celebrar vistas orales en algunos procesos, y una presencia permanente de los medios de comunicación en las instalaciones del Constitucional, de modo que no se abra solo para actos institucionales de cierta solemnidad. Y junto a todo ello, la defensa radical de la perspectiva de género y el derecho a la igualdad en todos los casos en que estas cuestiones se hallen en juego en los casos planteados al tribunal.

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Estos aspectos fueron este martes el eje de gran parte de la reunión del grupo progresista. Conde-Pumpido, a su vez, explicó un programa en el que se priorizaría la puesta al día del tribunal, empezando por los procesos que esperan sentencia desde hace muchos años, como en el caso del recurso que el PP presentó contra la ley del aborto en 2010. Añadió que es preciso acelerar el tiempo de respuesta del órgano de garantías. No puso muchos ejemplos concretos, pero ahí sigue el caso del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, que pidió medidas cautelares para que le devolvieran el escaño, sin que el tribunal corriera, como lo ha hecho para acceder a la medida cautelar solicitada para el PP con el fin de parar el trámite parlamentario de las reformas legales destinadas a desbloquear la renovación del propio Constitucional. O la ley Celáa, que tiene que resolver el tratamiento de la escuela concertada, con una sentencia que tiene preparado un borrador de fallo desde hace más de un año, sin que haya sido llevada a pleno. Conde-Pumpido expuso que, en esencia, el objetivo es “recuperar el prestigio” del tribunal y darle mayor transparencia.

Los cuatro nuevos magistrados fueron los que hicieron más preguntas a los candidatos. Pero nadie desveló públicamente cuál será el sentido de su voto. El pleno en el que deberán expresarlo tendrá lugar este miércoles a partir de la una de la tarde.

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