Trevijano reivindica la intervención en las Cortes durante su despedida como presidente del Constitucional

El hasta ahora presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, ha defendido este lunes en su discurso de despedida al frente de este cargo la decisión que tomó el tribunal en diciembre para paralizar la votación en el Senado de la ley que perseguía facilitar la renovación del propio órgano de garantías. En sus palabras, Trevijano ha subrayado la preocupación del Constitucional por los derechos fundamentales y se ha reafirmado en la tesis de que la Constitución no preceptúa “cláusulas de intangibilidad”. Por tanto, ha proseguido, no hay zonas exentas al control del tribunal, y si bien la Carta Magna “no impone un modelo uniforme de vida política o de convivencia”, es función del órgano de garantías asegurar que se respeta “un límite infranqueable”. González-Trevijano entiende que, en consecuencia, es necesario reaccionar cuando “se vulneran los principios democráticos, los derechos fundamentales, y no se satisface el marco de los procedimientos de reforma, pues el respeto a esos procedimientos es, siempre y en todo caso, inexcusable”.

Trevijano ha expuesto que al tribunal de garantías se le ha encomendado “el control del respeto a la Constitución” por parte de los tres poderes, “incluyendo al legislativo”, además del ejecutivo y el judicial. Ahora bien, ha matizado que “obviamente, el control sobre la constitucionalidad de las leyes no puede realizarse sin reconocer y respetar el muy amplio margen de configuración que le corresponde al legislador para dar curso a sus opciones políticas”. La conclusión de Trevijano ha sido que “sin supremacía de la Constitución ni imperio de la ley (…) no habrá democracia, ni libertad, ni Constitución”, para destacar también que “desde hace ya varias legislaturas”, los sucesivos gobiernos vienen abusando del uso de los decretos-leyes, lo que, en su opinión, “desapodera a las minorías y atenta contra la centralidad del Parlamento”. Algunos de los aplausos de los propios magistrados al discurso de Trevijano fueron tibios, lo que cabe relacionar precisamente con el hecho de que 5 de los 11 miembros del tribunal no suscribieron la paralización del citado proceso legislativo. Estos cinco votos discrepantes estimaron que esa paralización había supuesto una interferencia injustificada en la labor del Parlamento.

Los cuatro nuevos magistrados del Constitucional han tomado posesión este lunes de sus cargos, en un acto celebrado en la sede del tribunal. Juan Carlos Campo y Laura Díez, nombrados por el Gobierno, y María Luisa Segoviano y César Tolosa, elegidos por el Consejo General del Poder Judicial, ocupan ya las cuatro plazas que les corresponden tras el acuerdo alcanzado entre vocales progresistas y conservadores del órgano de gobierno de los jueces, que permitió desbloquear la renovación del tribunal.

Trevijano también ha pedido durante su discurso que no se use al Constitucional en la refriega política y que se cubra la vacante del magistrado Alfredo Montoya “a la mayor brevedad posible”. La intervención de Trevijano, en la que se advierten referencias a la grave crisis institucional entre los poderes del Estado de diciembre, en la que el Constitucional frenó en el Senado la votación de una reforma impulsada por el Gobierno para la renovación del propio tribunal de garantías, incide en la supremacía de la Ley Fundamental frente a “paralelas soberanías parlamentarias”. “Ante la Carta Magna no son oponibles soberanías populares que dicen emanar, sin intermediación alguna, del supuesto mandato directo de un colectivo o de una colectividad. En España solo hay una soberanía, la soberanía nacional, la del pueblo español, expresada solemnemente el 6 de diciembre de 1978, con la aprobación de la Constitución”, ha manifestado el magistrado. “Ante el pueblo español “no caben (...) paralelas soberanías parlamentarias, sin perjuicio de reconocer la primacía política de las Cortes Generales”, ha añadido.

“Los ciudadanos y los poderes públicos han de tomar conciencia de que su apelación [al Constitucional] solo ha de producirse tras agotar todas las vías de solución, no como instrumento de la refriega política o de indefinidas instancias judiciales”, ha destacado Trevijano en su discurso de despedida. Fue el PP quien recurrió al tribunal de garantías para intentar frenar la iniciativa del Gobierno. “Recalquemos que el Tribunal Constitucional no constituye una tercera cámara, ni una cuarta instancia, ni una suerte de supercasación”, ha añadido. Además, ha incidido, sin citar casos concretos, en que, “en ocasiones” se producen “injustificadas recusaciones en cascada (...) con el burdo fin de obstaculizar su funcionamiento y atentar a su credibilidad, cuando no de alterar fraudulentamente su composición”. PSOE y Unidas Podemos pidieron en diciembre la recusación del propio Trevijano y del magistrado Antonio Narváez ―cuyos mandatos están caducados desde junio y que fueron nombrados a propuesta del Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP)― alegando que no podían decidir sobre la reforma legal que impulsaba el Gobierno porque tenían intereses personales en esa decisión.

González-Trevijano ha resaltado la importancia del “cumplimiento de los plazos” y de los “procedimientos” para la renovación del tribunal de garantías, además de la “debida elección” de los “mejores y más aptos” si no se quiere caer, como apuntó el presidente emérito Cruz Villalón, “en la irrelevancia”. Trevijano también ha recordado que, pese a la renovación, el Tribunal Constitucional permanece incompleto, y ha pedido a los partidos políticos que cubran la vacante del magistrado Alfredo Montoya, quien abandonó el tribunal en julio por motivos de salud, “a la mayor brevedad posible”.

En otro momento de su discurso, de unos 50 minutos, González-Trevijano ha arremetido contra las clasificaciones de los magistrados según su ideología o quienes los han propuesto. “No comparto la falsaria dicotomía entre jueces conservadores y progresistas (...); un magistrado no representa a nadie, está a solas con su conciencia y solo de ella depende”, ha manifestado.

Los nuevos componentes del tribunal sustituyen al propio González-Trevijano y al magistrado Antonio Narváez, nombrados por el Gobierno de Rajoy, y al vicepresidente del Constitucional, Juan Antonio Xiol, y al magistrado Santiago Martínez Vares, designados por el Poder Judicial. Xiol es el único progresista de los cuatro. Con la renovación, se invierte el anterior equilibrio interno, al entrar con esta renovación tres progresistas y un solo conservador.

Tras el acto de toma de posesión se abre ahora un breve período transitorio en el que la presidencia del Tribunal Constitucional pasa a estar ocupada por el magistrado del sector conservador Ricardo Enríquez, por ser el de mayor edad. En su condición de presidente provisional, le corresponde convocar a la mayor brevedad el pleno en el que los 11 componentes actuales del tribunal deberán decidir quiénes van a ocupar el cargo de presidente y vicepresidente. Está sin cubrir la duodécima plaza, correspondiente al magistrado del sector conservador Alfredo Montoya.

Los siete magistrados que a partir de ahora van a componer la mayoría progresista del tribunal mantendrán en la tarde de este martes una primera reunión para explorar la posibilidad de que finalmente haya una sola candidatura de este sector. Dos de los miembros de esta nueva mayoría, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, han expresado su deseo de acceder a la presidencia. La intención de los otros cinco componentes del bloque progresista es escuchar sus planteamientos y proyectos antes de decidir sobre su respaldo a una u otra candidatura, si ambos mantienen sus aspiraciones. El pleno para elegir presidente será previsiblemente el miércoles a las 13.00, ya que los magistrados progresistas han pedido algo más de tiempo para tratar de llegar a un acuerdo.

Voto decisivo

A priori, el voto decisivo puede ser el de la magistrada María Luisa Segoviano, que se incorpora al tribunal tras haber dejado el Supremo al jubilarse, habiendo sido la primera mujer en acceder a la presidencia de una de sus cinco salas, la Social, encargada de derecho laboral. Segoviano ha introducido en la doctrina de dicha sala la perspectiva de género, una labor que también ha venido desarrollando María Luisa Balaguer en el Constitucional a través de sus proyectos de sentencia y sus votos particulares, cuando sus tesis se han quedado en minoría en el tribunal.

La intención de los integrantes del grupo progresista es, en todo caso, tratar de hallar fórmulas que eviten la imagen de división en la primera votación, relativa a quién ocupa el cargo de presidente que se registrará en el órgano de garantías después de su reciente renovación. Para alcanzar la presidencia, Balaguer necesitaría conseguir al menos otro voto de su propio bloque, el progresista, con el fin de sumarlo a los de los cuatro magistrados que componen el sector conservador del Constitucional, que a partir de ahora pasa a ser la minoría del tribunal. De este modo la candidatura de Balaguer sumaría 6 votos y la de Conde-Pumpido, 5. La reunión de esta tarde será decisiva para resolver si cabe el pacto interno entre los progresistas con el fin de evitar la fractura entre sus componentes. En todo caso, la votación para elegir a la nueva cúpula del tribunal no tendrá lugar hasta mañana martes, en un pleno específico que dará paso al inicio de la nueva etapa del Constitucional.