El sector progresista busca una sola candidatura para presidir el Constitucional

El Tribunal Constitucional decidirá este martes quién ocupará su presidencia durante los próximos dos años y medio. Para preparar ese pleno, el sector progresista, que tras la toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados de este lunes estará compuesto por siete magistrados, se reunirá tras este acto. El objetivo es escuchar el programa de los dos candidatos a la presidencia, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, ambos progresistas, y analizar si es viable que haya una única candidatura. Mientras, el grupo conservador, que contará a partir de ese momento con cuatro magistrados, también celebrará consultas.

Fuentes del órgano de garantías afirman que la convocatoria del pleno para resolver sobre el nuevo presidente se llevará a cabo en cuanto los cuatro nuevos magistrados hayan tomado posesión de sus cargos. Se trata de Juan Carlos Campo y Laura Díez, designados por el Gobierno, y de María Luisa Segoviano y César Tolosa, elegidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los dos primeros sustituyen a los magistrados Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, designados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP), y a Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez Vares, elegidos por el CGPJ. González-Trevijano ha ocupado la presidencia desde noviembre de 2021, y Xiol la vicepresidencia desde la misma fecha. Salvo el vicepresidente, los otros tres componentes del tribunal que serán renovados pertenecían a la que hasta ahora ha sido la mayoría conservadora del Constitucional, por lo que el relevo implica un cambio de signo en los equilibrios internos, ya que tres de los cuatro nuevos magistrados, Campo, Díez y Segoviano, pertenecen al sector progresista, que pasará ahora a ser mayoritario. El eje del acto para formalizar los cuatro relevos en el tribunal de garantías será el discurso del presidente saliente, González-Trevijano.

El primer reto de la nueva mayoría progresista es lograr el mantenimiento de su unidad como grupo, o evitar que existan secuelas si ninguno de los dos aspirantes a la presidencia se retira para dejar paso a una única candidatura. Hasta ahora, tanto Cándido Conde-Pumpido como María Luisa Balaguer, ambos del bloque progresista, han manifestado su deseo de someter sus propuestas al pleno y no retirarse anticipadamente. Conde-Pumpido aporta un alto grado de experiencia en órganos del poder judicial, como magistrado del Supremo, y en los de la carrera fiscal, como ex fiscal general del Estado. Balaguer, a su vez, incorpora la perspectiva de género a la evolución de la doctrina del Constitucional, y contaría con el respaldo del sector que se considera como representativo del “feminismo clásico” de la izquierda en general y de la órbita socialista en particular.

En todo caso, las dudas sobre quién vaya a hacerse con la presidencia del Constitucional no se resolverán antes de que los nuevos magistrados hayan tomado posesión de sus cargos. Las consultas cruzadas que se abrirán a partir de ese momento no se van prolongar mucho tiempo. Una vez terminado el acto para la formalización de los relevos, quedará transitoriamente al frente del tribunal el magistrado del sector conservador Ricardo Enríquez, por ser el de mayor edad. Fuentes del Constitucional afirman que el presidente provisional convocará para el martes el pleno en el que se tendrá que decidir el nombre del nuevo presidente y el del vicepresidente.

La vicepresidencia la ocupará probablemente el propio Ricardo Enríquez, porque la tradición asentada en el tribunal es que ese cargo lo desempeñe un magistrado de los que cumplen el último tercio de su mandato y del sector minoritario del órgano de garantías. Solo Enríquez cumple ahora en el tribunal estos requisitos. Sin embargo, tampoco se descarta del todo que si finalmente uno de los candidatos acepta retirarse en aras de la unidad ―en este caso de la del grupo progresista―, quien quede en pie para obtener la presidencia le ofrezca la vicepresidencia a quien renuncia a seguir optando al cargo principal. El inconveniente de este tipo de acuerdos es que se deja al margen de las estructuras de gobierno del tribunal al bloque minoritario, lo que a su vez puede provocar dificultades para conseguir un buen clima interno que facilite luego una convivencia armónica entre los dos sectores ―conservador y progresista―, y con ello la negociación sobre resoluciones consensuadas para los procesos pendientes.

Algunos de ellos van a requerir un importante esfuerzo para aproximar posiciones. Así puede suceder con las sentencias sobre la vigente ley de aborto ―recurrida por el PP en 2010―, sobre la ley de eutanasia o sobre la reforma educativa de la llamada ley Celáa, por ejemplo. El nuevo presidente tendrá que esforzarse por cambiar el clima interno del tribunal en aras de esos consensos, ya que la situación del Constitucional quedó muy deteriorada por las sentencias que anularon los decretos del estado de alarma para hacer frente a la pandemia y por los recientes autos que paralizaron la tramitación de las reformas legales que pretendían agilizar la renovación del propio órgano de garantías. Todos estos fallos fueron aprobados por el sector conservador, hasta ahora mayoritario, con una fuerte oposición de la minoría progresista, cuyos miembros presentaron votos discrepantes muy críticos con las resoluciones dictadas.