La elección de su presidente abre el primer pulso en el nuevo Constitucional

Los cuatro nuevos magistrados del Constitucional toman posesión este lunes en un acto que marcará el inicio de una etapa en la que el tribunal contará con una clara mayoría del sector progresista —compuesta por siete magistrados, por cuatro conservadores—, pero aún con importantes incertidumbres, como la de quién ocupará la presidencia. Dos magistrados del nuevo grupo mayoritario, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, han mostrado su interés por optar al cargo, y serán los 11 componentes del pleno los que decidan.

En principio, no hay un plazo para celebrar esa sesión plenaria. Concluido el acto de toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados —Juan Carlos Campo y Laura Díez, nombrados por el Gobierno, y María Luisa Segoviano y César Tolosa, designados por el Consejo General del Poder Judicial—, la presidencia queda temporalmente en manos del magistrado de mayor edad. Se trata en este caso de Ricardo Enríquez, perteneciente al sector conservador y encargado como presidente transitorio de convocar el primer pleno. El objetivo es que la nueva etapa arranque con rapidez, y que en esa primera sesión plenaria quede resuelta la incógnita sobre la identidad del nuevo presidente o presidenta, un dato que marcará los próximos dos años y medio de la vida del Constitucional.

En la presidencia residen las principales competencias de organización del tribunal, como la confección del orden del día de los plenos y, por tanto, la decisión de qué se somete a deliberación para dictar sentencia y qué permanece a la espera de una mayor maduración para lograr fallos con alto consenso y evitar fracturas internas. En los últimos años, las divisiones han aparecido con frecuencia, porque las discrepancias entre conservadores y progresistas cristalizaron en posiciones irreconciliables en numerosas ocasiones, entre ellas las sentencias que anularon los decretos del estado de alarma para hacer frente a la pandemia.

Conde-Pumpido y Balaguer llegan a esta recta final para tratar de acceder a la presidencia como miembros del grupo de magistrados que se encuentran en el último trienio de su mandato de nueve años. Una ley no escrita y fruto de la tradición conduce a que el nuevo presidente surja de ese grupo, ahora compuesto por tres miembros del tribunal: los dos mencionados, más el conservador Ricardo Enríquez. Tanto si el nuevo presidente es Conde-Pumpido como si lo es Balaguer, Enríquez será probablemente el vicepresidente. El motivo es que otra norma de la misma ley no escrita prevé que si el presidente es progresista, el vicepresidente será del grupo conservador, y viceversa.

Si los dos candidatos del sector progresista mantienen su candidatura, la consecuencia será que el grupo se habrá dividido en la primera votación de la nueva etapa, la que decide quién preside el tribunal. Balaguer ha recibido en los últimos meses muestras de apoyo de los magistrados conservadores, que ahora sumarán los mencionados cuatro votos. Por tanto, necesitará al menos otros dos para acceder a la presidencia. Uno sería el suyo, pero otro tendría que provenir necesariamente del sector progresista. En medios del propio tribunal se ha especulado con la posibilidad de que ese voto provenga de la magistrada María Luisa Segoviano, en parte por su coincidencia con los puntos de vista de Balaguer sobre cuestiones relevantes, como la necesidad de una progresiva incorporación de la perspectiva de género en la doctrina del Constitucional.

Las mismas fuentes estiman que Conde-Pumpido cuenta con el apoyo de los magistrados Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán —incorporados al tribunal en noviembre de 2021—, así como de los nuevos miembros del Constitucional Juan Carlos Campo y Laura Díez, todos ellos del sector progresista. El voto de Segoviano, por tanto, puede ser decisivo para la elección de presidente o presidenta del órgano de garantías.

Segoviano, exmagistrada del Supremo, no se ha decantado aún públicamente por ninguno de los dos candidatos, pero el pasado lunes dio algunas pistas en declaraciones a Onda Cero. Dijo que es importante “limar asperezas entre los miembros que componen el tribunal, tratar de acercar posiciones, ser capaz en un determinado momento de calmar los ánimos y suavizar”, porque “esto es muy importante a la hora de que el tribunal funcione”. Y añadió que hasta mañana no podrá tomar “el pulso” al Constitucional, cuando tome posesión, y hable con los demás magistrados para conocer “el plan o la previsión que pueden tener cada uno de los aspirantes”.

Esta es, de hecho, la teórica situación de los 11 integrantes del órgano de garantías. Todos han dicho reservarse el sentido de su decisión hasta que el tribunal quede compuesto con sus nuevos miembros. Tras el acto de toma de posesión, mañana, los magistrados dispondrán de un breve plazo, que puede ser de un solo día, con el fin de intercambiar consultas, y celebrar a renglón seguido el pleno para nombrar presidente o presidenta, y vicepresidente.

En este clima de prudencia y compás de espera, lo que más ha sorprendido tanto a los magistrados del bloque conservador como a los del grupo progresista ha sido que, al ser preguntada sobre si la Constitución permite ejercer el derecho a la autodeterminación a los distintos territorios que conforman España, Segoviano manifestara en la mencionada entrevista que “es un tema complejo, con muchas aristas” que llegado el momento habría que “estudiar”. En ambos sectores ha llamado la atención que se entre en consideraciones anticipatorias que puedan alimentar la tesis de que se preparan escenarios de concesiones a los planteamientos independentistas.

La relevancia del voto de Segoviano es, en todo caso, un dato clave para entender los motivos por los que el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial se opuso con tanta vehemencia a que el candidato del grupo progresista fuese el magistrado José Manuel Bandrés. Tanto en el Consejo como en el Constitucional se daba por hecho que Bandrés apoyaría la candidatura de Conde-Pumpido para la presidencia del órgano de garantías. Los conservadores, a su vez, vetaron a dicho magistrado, proponiendo otros alternativos, con lo que consiguieron que los progresistas aceptasen renunciar a su principal candidato con el fin de que no se siguiera prolongando el bloqueo del Constitucional.

Nuevas tensiones

Esa negociación ha discurrido en paralelo al estallido de nuevas tensiones y enfrentamientos internos en el tribunal, provocados por el auto que paralizó, a petición del PP, la tramitación de las enmiendas del PSOE y Unidas Podemos a la ley que perseguía, entre otros objetivos, facilitar el desbloqueo del propio Constitucional. Dicho auto se dictó con el apoyo de los seis magistrados conservadores que han formado el bloque mayoritario en el tribunal hasta su actual renovación.

A su vez, los cinco integrantes del hasta ahora minoritario sector progresista dieron a conocer unos votos discrepantes muy críticos, en los que se acusaba a los componentes del grupo conservador de interferir en la vida parlamentaria, extralimitándose en sus funciones y poniendo en riesgo los equilibrios del sistema.