Dos documentos distintos sobre el caso del novio de Ayuso

La exasesora de La Moncloa Pilar Sánchez Acera compareció el pasado miércoles como testigo en la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El magistrado Ángel Hurtado la había citado después de que el exlíder del PSOE madrileño, Juan Lobato, declarara que fue ella quien le envió el correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña e imputado por fraude fiscal, que acabó filtrado a la prensa en marzo de 2024. Durante la declaración, según varias fuentes conocedoras de la misma, Sánchez Acera aseguró que no recordaba quién se lo había enviado, pero que le llegó de periodistas que cubren la información regional de Madrid, y recalcó que lo que ella le mandó a Lobato fue un documento que recibió por WhatsApp que contenía el mismo texto que el email que centra la investigación, pero que no tenía fecha, destinatario ni formato de correo electrónico.

La política madrileña insistió en que ella había recibido una imagen que era como una carta, no un email. Entonces, según las fuentes consultadas, se produjo la siguiente escena: la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, mostró un documento que coincidía con lo que Sánchez Acera estaba describiendo y le preguntó si se trataba de ese, a lo que la política madrileña contestó que sí. El juez preguntó a Sánchez Conde por qué lo preguntaba y la teniente fiscal advirtió de que eso que acababa de mostrar era un documento distinto al correo que, según la Guardia Civil, recibió Álvaro García Ortiz la noche del 13 de marzo de 2024. El juez, según las fuentes, mostró sorpresa.

La declaración de Sánchez Acera ha puesto el foco en algo que había quedado al margen de la instrucción hasta ahora. La investigación por revelación de secretos al fiscal general del Estado parte de que el contenido del correo electrónico del abogado de la pareja de Ayuso empezó a publicarse en los medios poco después de que, a las 21.59 del 13 de marzo, la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada, se lo reenviara a García Ortiz. Según el juez, además de filtrarse supuestamente desde el ministerio público a varios medios de comunicación, ese correo “salió” desde la Fiscalía General del Estado con “destino” a la Presidencia del Gobierno, para “circular” después hasta la web El Plural, el primer medio que lo reprodujo la mañana del 14 de marzo.

Pero la comparación entre la imagen que envió a Lobato la entonces asesora de la Presidencia del Gobierno, actual secretaria de Organización del PSOE de Madrid, y el correo que supuestamente recibió el fiscal general unas horas antes constata que son dos documentos distintos. Y que el que se reprodujo en los medios a la mañana siguiente no coincide con el que recibió García Ortiz, sino con el que exhibió Lobato en la Asamblea.

Ambos documentos incluyen el mismo texto, en el que el abogado de la pareja de Ayuso admitía que su cliente era autor de dos delitos fiscales (”ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”) y comunicaba a la Fiscalía de Madrid su “voluntad firme” de alcanzar “una conformidad penal”, es decir, un pacto con el ministerio público que librara a González Amador de entrar en la cárcel. Pero este periódico ha podido comprobar que la distribución de párrafos y la tipografía de los documentos son distintas. Mientras que en el correo que supuestamente recibió el jefe del ministerio público este texto se recoge en un solo párrafo, la imagen que mostró Lobato lo reparte en tres. Asimismo, el tipo de letra del correo es Calibri (un tipo de letra habitual en los emails), mientras que el del escrito que Sánchez Acera envió es Arial (muy utilizada en procesadores de texto como Microsoft Word).

Estas diferencias suponen que la imagen que Sánchez Acera envió a Lobato no es una simple fotografía del correo, de la que se han recortado los datos propios de un email enviado, como la dirección de origen, la de destino, la fecha o el asunto. Se trata de dos documentos distintos, lo que implica que el filtrador (García Ortiz o alguien del entorno de La Moncloa, según el juez) recibió el correo y fabricó inmediatamente otro documento para después difundirlo a los medios o bien el email que recibió el fiscal general es la versión sin formato de un documento previo, probablemente escrito en Word u otro procesador, que es el que se ha filtrado a La Moncloa y los medios de comunicación. Es decir, en este supuesto, el texto se habría redactado en un documento con tres párrafos separados y con una determinada tipografía y luego se cortó y pegó en un correo. Y, en ese proceso, perdió los saltos de párrafo y el tipo de letra original.

Existe también la posibilidad de que se hayan filtrado los dos documentos y, por tanto, exista más de un filtrador, aunque los medios que reprodujeron la mañana del 14 de marzo el texto enviado por el abogado a la Fiscalía no replicaron la imagen del correo electrónico, sino la del otro documento. No obstante, hubo medios, como la Cadena SER, el primero que difundió el contenido del escrito del abogado, que recogieron en sus informaciones entrecomillados del escrito, pero no reprodujeron la imagen a la que tuvieron acceso.

Además de las diferencias de formato, el email que la fiscal provincial reenvió a García Ortiz, incluido en el informe que hizo la Guardia Civil sobre el contenido del teléfono móvil de Pilar Rodríguez, tiene, como señaló Sánchez Acera, datos propios de un correo electrónico reenviado que no aparecen en el documento que exhibió Lobato. Pero además, en este documento también faltan varios elementos del encabezado del texto del abogado de la pareja de Ayuso que sí se muestran en el correo que, supuestamente, recibió el fiscal general, como el “asunto” (”propuesta de conformidad penal en relación con un delito contra la Hacienda pública), el “denunciante” (AEAT, Agencia Estatal de la Administración Tributaria), y el “concepto” (impuesto sobre sociedades 2020 y 2021). Sí aparece en ambos un epígrafe sobre la “sociedad” a la que se refiere la propuesta de conformidad penal que presenta el abogado (Maxwell Cremona) y el nombre de su “administrador único” (Alberto González Amador).

El mail enviado por el abogado el 2 de febrero es el centro de la investigación por revelación de secretos abierta por el Tribunal Supremo. La Guardia Civil no ha encontrado pruebas que corroboren o descarten que García Ortiz fue quien lo filtró porque este borró todos sus mensajes de WhatsApp el día que el alto tribunal le encausó y cambió de teléfono una semana después, pero Hurtado considera que hay indicios “suficientes” contra él. Según el instructor, “el acento” hay que ponerlo en el hecho de que la fiscal jefa provincial enviara ese correo al jefe del ministerio público a las 21.59 del 13 de marzo, y el mail fuera por primera vez publicado por un medio de comunicación (la Cadena SER) a las 23.51 (aunque la primera noticia en antena se dio a las 23.24). El magistrado, no obstante, ha aludido también en sus últimos autos a otros dos objetos de investigación: la filtración de la denuncia y el expediente tributario de González Amador (publicado por elDiario.es el 12 de marzo) y la elaboración de la nota de prensa publicada el 14 de marzo por la Fiscalía para desmentir la versión falsa que estaba lanzando el entorno de Díaz Ayuso, a pesar de que el Supremo, cuando abrió la causa, dejó la nota de prensa fuera de la investigación porque “aparentemente”, no había en ella “información indebidamente revelada”.