El choque entre el Gobierno y el Partido Popular por el bloqueo de la renovación del Poder Judicial prolongado durante cuatro años sigue en un callejón sin salida. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido en la mañana de este jueves al Gobierno pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial si se aceptan los términos de su propuesta registrada en el Congreso para cambiar el sistema de elección de vocales, cuyo mandato lleva caducado más de cuatro años pese a lo que dicta la Constitución. Poco después, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha criticado que al líder popular le faltase “autoridad” frente a la derecha “ultra” para cerrar el pacto que negociaron en octubre.

Desde el Vaticano, donde Bolaños ha viajado este jueves para acudir al funeral de Benedicto XVI, el ministro de la Presidencia ha valorado la proposición de ley presentada por el grupo parlamentario popular en la Cámara baja el 30 de diciembre. En el texto, los populares piden, como venían reiterando meses atrás, que sean los jueces y magistrados quienes designen a los miembros del CGPJ. “Ya negociamos con el PP durante tres semanas y llegamos a un acuerdo mediante una proposición de ley conjunta”, ha recordado Bolaños durante una entrevista concedida a La Sexta, tras asistir junto a la reina emérita, doña Sofía, a los actos del sepelio. “En ese acuerdo se incluían los 20 nuevos vocales y los 12 suplentes, así como los magistrados del Constitucional que incluían la plaza vacante que debía elegir el Senado”, ha remachado. “Cuando había que firmar ese acuerdo, el señor Feijóo no fue capaz. Lamentablemente, no tuvo la autoridad suficiente ante la derecha española y sus elementos más ultras”.

Hasta el momento, el Consejo del Poder Judicial permanece con los mismos miembros que se nombraron durante la primera legislatura de Mariano Rajoy conforme al sistema de elección actual, ya vigente en aquella fecha. Bolaños ha censurado la estrategia de los populares, cuyo fin es, a su juicio, el de mantener el CGPJ con “una composición que refleja la mayoría absoluta de 2013″ de la que disponía el entonces presidente Rajoy. Y ha exigido al líder del principal partido de la oposición “que ejerza su liderazgo y firme el acuerdo” que pactaron este octubre, después de cuatro años en los que el anterior presidente del PP, Pablo Casado, se negase acordar la renovación con un reguero de excusas. Feijóo justificó la ruptura unilateral del pacto por la reforma que el Gobierno preparaba del delito de sedición, que más tarde transformó en un tipo atenuado de desórdenes públicos.

Cambio de modelo

El ministro de la Presidencia también rechaza la posibilidad de aceptar el cambio en el sistema de elección de vocales registrado por los populares en el Congreso. “El modelo actual es perfectamente democrático y constitucional, fruto de un acuerdo entre el PP y el PSOE en 2001″, ha concluido Bolaños. Dos días después de hacerse público el contenido de la proposición de ley de los populares —que también incrementa los requisitos para ingresar en la carrera e introduce incompatibilidades con el desempeño de un cargo público—, Feijóo ha defendido su cambio de modelo. “Nuestra propuesta es ahondar en la independencia y en la despolitización de la justicia y que los jueces tengan un protagonismo en la elección de los jueces. Y la propuesta del Gobierno es controlar el poder judicial y trasladar políticamente al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional a las personas que tengan una obediencia debida a las instituciones del Gobierno”, ha afirmado el jefe de los populares en declaraciones a la agencia Servimedia.

Según el texto presentado en el Congreso, los populares justifican su propuesta por la “línea reclamada por las instancias europeas a sus países miembros con el fin de mejorar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”. Unas razones que ha reiterado Feijóo este jueves. “Cumpliríamos así con las recomendaciones de la Unión Europea, cumpliríamos con la independencia judicial, con la despolitización de la justicia y finalizaría la prórroga del CGPJ en la que se encuentra”, ha remachado el líder popular, que ha desdeñado las acusaciones del Gobierno afirmando que el Consejo “no es un yogur que caduca”. Bruselas ha exigido a España que acometa una reforma en el sistema de elección de los jueces, pero también ha demandado que primero se renueve el actual Consejo General del Poder Judicial, algo que Feijóo ha rechazado hacer desde que llegó a la presidencia del principal partido de la oposición y que ahora condiciona a que el Gobierno acate su sistema.

Aunque desoye el primer requisito marcado por Bruselas, Feijóo está decidido a llevar su plan hasta la Unión Europea, donde denunciará “de forma oficial, explícita y por escrito” que “más del 10% del Tribunal Constitucional” de España lo componen ex altos cargos del Gobierno de Sánchez. “Esos hechos me parecen relevantes, que el comisario de Justicia tiene que conocerlos no solo por los medios, porque no son hechos que ocurran con normalidad en los países de la Unión Europa”, ha incidido el presidente del PP.

La ministra de Educación y portavoz nacional del PSOE, Pilar Alegría, también ha cargado contra la postura de Feijóo. “Dejó de ser un candidato viable para un partido de Estado cuando decidió voluntariamente incumplir la Constitución. El Partido Popular hoy sigue estando fuera de la Constitución al no permitir que se renueve el Consejo General del Poder Judicial. Así que esperemos que este año 2023, que acaba de arrancar, traiga al Partido Popular, especialmente al señor Feijóo, algo más de dosis de responsabilidad y de sentido de Estado”, ha declarado en Reinosa (Cantabria).

El PSOE y el PP de Casado pactaron en 2018 la renovación del Consejo con una mayoría progresista de vocales y presidido por Manuel Marchena, juez de tendencia conservadora, con la normativa actual y sin oponer peros al sistema de elección. El acuerdo se partió en dos porque se filtró un mensaje que Ignacio Cosidó, entonces portavoz del PP en el Senado, envió a los senadores populares, justificando el acuerdo porque así el partido iba a poder “controlar la Sala Segunda del Supremo por la puerta de atrás”. Marchena renunció. Y así empezó el bloqueo.

Poco después, a finales de aquel año, los populares plantearon una reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ similar a la registrada ahora mediante enmiendas incorporadas a una iniciativa planteada por Ciudadanos para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial. El texto fue rechazado en diciembre de 2018 por 176 votos y apoyado por los 164 parlamentarios presentes del PP y de Ciudadanos. Y, en ese sentido, el Gobierno ha recordado al PP que no cuenta con los apoyos necesarios para su nueva propuesta.