El sector progresista impulsa el Constitucional con más mujeres de la historia

El Tribunal Constitucional dejará esta semana una foto para la historia. A partir de este lunes, después de la toma de posesión de sus cuatro nuevos miembros designados a propuesta del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras una intensa crisis institucional, cinco mujeres formarán parte del tribunal de garantías. Desde su puesta en marcha en 1980, nunca había contado con tantas magistradas, arrastrando un enorme déficit en materia de igualdad que se ha suavizado en los últimos años por el impulso del sector progresista y de la izquierda.

María Luisa Segoviano —la primera mujer que ha presidido una sala del Tribunal Supremo— y Laura Díez Bueso —ex directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica en el Ministerio de la Presidencia— aterrizan en un tribunal del que ya forman parte Inmaculada Montalbán, María Luisa Balaguer y Concepción Espejel; y que pasará a tener mayoría progresista tras nueve años de dominio conservador. El Constitucional lo componen 12 magistrados, aunque actualmente cuenta con 11 miembros, ya que Alfredo Montoya renunció en julio de 2022 tras sufrir un ictus y su puesto aún no ha sido cubierto por el Senado, a quien le corresponde la designación.

Las mujeres han sufrido una brutal infrarrepresentación en este tribunal desde su creación, que entre 1989 y 1998 llegó incluso a funcionar sin ninguna integrante femenina. De los 71 nombres elegidos en 43 años para ocupar un sillón, solo 11 son de mujer. Es decir, apenas el 15%. Un porcentaje que resultaba todavía más desolador hace dos años, ya que las dos últimas renovaciones parciales del Constitucional (en 2021 y 2022) han acelerado la incorporación de la mujer con la entrada de cuatro magistradas, además de cuatro hombres. “No tiene sentido que la población sea del 50% de mujeres y la representatividad en la institución sea tan baja”, criticó María Emilia Casas, primera y única expresidenta del tribunal, en 2018.

Las recientes designaciones permitirán también que, a partir de este lunes, cinco mujeres compartan deliberaciones, una cifra nunca antes vista. Hasta 2021, como mucho, habían coincidido dos a la vez. Entre 2021 y 2022, tres.

Este hito se produce tras un impulso llegado desde la izquierda. Cuatro de las cinco actuales magistradas se encuadran dentro del sector progresista (Balaguer, Montalbán, Segoviano y Díez), por una conservadora (Espejel). Balaguer es la más veterana de todas: el Senado la nombró en 2017 después de que los socialistas andaluces impulsaran su candidatura. El Congreso designó en 2021 a Montalbán y Espejel, a propuesta del PSOE y PP respectivamente. Y, en 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez eligió a Díez; y los vocales progresistas del CGPJ respaldaron a Segoviano para desbloquear la renovación del Constitucional cuando los conservadores pusieron su nombre sobre la mesa (aunque su candidato inicial era José Manuel Bandrés).

El empuje de la derecha ha resultado muy distinto. Solo 2 de las 11 mujeres que han ocupado un puesto en el tribunal de garantías han llegado de la mano de los conservadores. La primera fue Gloria Begué, catedrática de Economía Política y Hacienda Pública, propuesta en 1980 por la UCD de Adolfo Suárez, que contó con el apoyo también del PSOE. Habría que esperar después 41 años, hasta que el PP apostó por primera vez por el nombre de una mujer al elegir a Concepción Espejel, magistrada del Tribunal Supremo y autora del voto particular que pretendía condenar a Josep Lluís Trapero, major de los Mossos, por connivencia con los líderes independentistas del procés.