César Tolosa: un juez discreto que ha pasado por todos los órdenes jurisdiccionales

César Tolosa (Santa María la Real de Nieva (Segovia), 1957), próximo magistrado del Tribunal Constitucional por designación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha pasado por sus anteriores destinos ejerciendo la labor de juez con moderación, sin estridencias. Los vocales conservadores, que le han propuesto, dijeron durante varios meses que no encontraban candidatos, pero él estuvo ahí desde el primer momento, disponible, sin hacer alharacas. Los progresistas le han aceptado sin problemas: conocen su mentalidad conservadora pero saben también que no tiene inclinación para seguir instrucciones de nadie ni para medrar, según explican fuentes del sector progresista del CGPJ.

El magistrado propuesto —que pertenece a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) desde hace más de diez años— ha pasado por prácticamente todos los órdenes jurisdiccionales. Ha desempeñado su función en juzgados y tribunales de lo penal, lo civil, lo laboral y lo contencioso-administrativo, hasta llegar al Supremo hace ocho años. Un caso que tuvo resonancia y pasó por sus manos como juez de instrucción fue el que afectó al expresidente de Cantabria Juan Hormaechea. Cuando se habla de él como magistrado conservador, alguna vez se le ha oído decir que eso no le impidió sentar en el banquillo a dicho dirigente (elegido con el apoyo del PP) y a los seis miembros de su equipo de gobierno. En octubre de 1994, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria condenó a Hormaechea y a tres de sus consejeros a penas de prisión por malversación y prevaricación.

En 2004 César Tolosa fue elegido presidente del Tribunal Superior de Cantabria, cargo en el que permaneció diez años. Alcanzó en 2014 el Supremo al segundo intento, elegido con 17 votos de los 21 en juego entonces en el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, con un alto grado de consenso. Prácticamente el mismo nivel de acuerdo que suscitó su elección en 2019 como presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, ocasión en la que contó con el respaldo de 18 votos. La Sala se encontraba en una fase delicada, por los problemas derivados del anterior proceso de elección del cargo de presidente y por las secuelas que dejó el debate sobre los recursos relacionados con los impuestos de las hipotecas.

En la actualidad, la Sala de lo Contencioso sigue siendo una pieza vital del Supremo con importantes asuntos pendientes y con numerosas plazas vacantes. Entre los asuntos que esperan sentencia están los recursos contra los indultos a los condenados por el Supremo en la sentencia del procés. Tolosa había decidido que este asunto fuera decidido por el pleno, dada su relevancia. Ocurrió después de que la Sección Quinta de dicha Sala cambiara de criterio sobre la legitimación de los partidos políticos para oponerse a la concesión de las medidas de gracia. Primero negó dicha legitimación pero al resolver un recurso, y tras un cambio parcial de magistrados, la aceptó.

Ahora habrá que decidir sobre esta cuestión concreta por sentencia. Deberá hacerlo una Sala que cuenta con 23 miembros, en lugar de los 33 de su plantilla teórica, que no ha podido completarse porque el Consejo del Poder Judicial sigue sin poder efectuar nombramientos. La presidencia de la Sala será ejercida ahora por el magistrado Pablo Lucas, que estuvo curiosamente entre los candidatos a acceder al Constitucional. Por ser el magistrado más antiguo de dicha Sala, Lucas ocupará el puesto transitoriamente, al menos hasta que el Consejo pueda recuperar su competencia legal sobre los nombramientos, que ahora tiene restringida al tener el mandato caducado.