González-Trevijano, el pacificador que fracasó

Pedro González-Trevijano (Madrid, 64 años) fue elegido rector de la Universidad Rey Juan Carlos hace 20 años y estuvo en ese puesto hasta 2013, cuando el PP lo ascendió a magistrado del Tribunal Constitucional. Allí intenta, desde 2021 como presidente, restañar las heridas abiertas durante la pandemia entre los dos bloques del órgano de garantías: conservadores y progresistas. Pero su mandato pasará a la historia como el de la mayor crisis vivida por el tribunal, vapuleado por las mayorías del Congreso y del Senado. González-Trevijano y otros cinco magistrados conservadores —que integran la mayoría en el Constitucional— impidieron al Senado aprobar las enmiendas que facilitaban la renovación del propio tribunal, por considerar que el procedimiento empleado para su tramitación podía vulnerar los derechos de los diputados de la oposición. Hace seis meses que el presidente tiene su mandato prorrogado, pero el bloqueo que la derecha del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantiene para la renovación del Constitucional hace que González-Trevijano siga en su puesto. Tiene despacho de catedrático en el campus de Vicálvaro (Madrid) y algún día, dice, volverá para terminar su carrera profesional impartiendo clase.

La Universidad Rey Juan Carlos se convirtió durante años en una referencia pésima por sus intrigas, clientelismo, corruptelas, cursos fraudulentos y plagios de todos los colores. La polémica y su estrechísima relación con el Partido Popular acompañó buena parte del mandato del rector González-Trevijano. El profesorado más crítico del centro califica a esta universidad como “una agencia de colocación del PP”.

Siendo rector, dejó que el catedrático Enrique Álvarez Conde hiciese y deshiciese desde el Instituto de Derecho Público, un chiringuito que nadie controlaba financieramente y que años más tarde supuso la tumba política de la presidenta madrileña Cristina Cifuentes (PP) y la ministra de Sanidad Carmen Montón (PSOE) por la obtención fraudulenta de títulos por estudios que no hicieron. Los detractores de González-Trevijano sostienen que, de esta manera, el hoy presidente del Tribunal Constitucional devolvió un favor a Álvarez Conde pues en 1999 se había convertido en el primer catedrático de Derecho Constitucional de la Rey Juan Carlos después de que Álvarez Conde, con una trayectoria académica mucho más sólida ―autor de un manual muy reputado―, se retirase de la oposición a esa cátedra para convertirse en parte del tribunal, algo muy inusual. Los otros cinco aspirantes ―entre ellos, el después magistrado del Constitucional Pablo Pérez Tremps― denunciaron el concurso, pues consideraron que se trataba de una operación orquestada por Gustavo Villapalos (que fue consejero de Educación en Madrid con el PP).

A los 40 días de esa oposición, Álvarez Conde se convirtió en el segundo catedrático de Derecho Constitucional y empezó a volar por libre con el rectorado mirando a otro lado. Pablo Casado, que era diputado regional del PP, también obtuvo un máster en Administración y Dirección de Empresas por esa universidad.

González-Trevijano gozó de una enorme popularidad como rector, hasta el punto de ganar en 2009 con el 70% de votos su tercer mandato, que muchos cuestionaron porque los estatutos lo prohibían. El Gobierno de Mariano Rajoy lo eligió en junio de 2013 para el Constitucional, por lo que tuvo que abandonar la universidad.

Llegó a la presidencia del tribunal de garantías en noviembre de 2021 prometiendo pacificar un órgano que se había roto a cuenta de la sentencia que declaró inconstitucional el decreto de alarma con el que el Gobierno impuso en 2020 el confinamiento domiciliario de los ciudadanos para combatir la pandemia. El ponente de aquella sentencia fue González-Trevijano.

Ahora, tras los dos plenos en los que se ha paralizado la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas que perseguían facilitar la renovación del propio Constitucional, el tribunal aparece nuevamente fracturado y muy enfrentado: seis magistrados conservadores elegidos a propuesta del PP, que apoyan el recurso de amparo de la formación conservadora, frente a cinco progresistas elegidos a propuesta del PSOE. El ponente de este asunto ha sido el magistrado Enrique Arnaldo, amigo de Trevijano y jurista de cabecera de la fundación FAES, vinculada al PP. El sector progresista del tribunal ve en todo ello un paso atrás, al provocar un conflicto institucional entre el Constitucional y las Cortes, que nunca debió existir.

González-Trevijano, además, sufre ahora los ataques a su dignidad de todas las partes personadas, incluyendo la Fiscalía del Constitucional, que insisten en que está actuando como juez (porque decide) y parte (porque la decisión le permite seguir en su puesto). Pero se ha negado a abstenerse y de momento ha orillado los incidentes de recusación.

En su primer año de presidente del Constitucional, trató de evitar someter al pleno proyectos de sentencia sobre leyes muy relevantes que ya estaban confeccionados, para evitar nuevas fracturas y por considerar que el tribunal no debía decidir sobre esas leyes cuando cuatro de sus magistrados —incluido él mismo— estaban pendientes de renovación. A consecuencia de ello, el trabajo se ha ralentizado, con un buen número de sentencias sobre cuestiones importantes recurridas por el PP y Vox (ley del aborto, ley de educación, ley de eutanasia, reforma laboral) aparcadas en un cajón.

González-Trevijano se ha apoyado durante el período de su presidencia —que teóricamente iba a ser breve, de apenas siete meses, hasta el 12 de junio— en el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, del sector progresista. De hecho, ambos fueron elegidos por el resto de los magistrados en virtud de un pacto para integrar ambas sensibilidades en la cúpula del tribunal. La colaboración entre ambos venía de antiguo. González-Trevijano y Xiol acordaron en 2014 en la República Dominicana —en una cumbre de tribunales constitucionales latinoamericanos— lo que se denominó “el pacto de Santo Domingo”, para reclamar el diálogo entre las fuerzas políticas frente a los primeros pasos del procés independentista catalán hacia el referéndum ilegal de 2017.

Ese grado de consenso ya no pudo mantenerse en fases posteriores, por ejemplo en las sentencias que avalaron las condenas del Supremo a los líderes independentistas, en varias de las cuales hubo votos discrepantes —incluido el del propio Xiol— por entender que las penas impuestas fueron desproporcionadas. Sí hubo unanimidad, en cambio, en muchas resoluciones previas del tribunal que anularon decisiones del Parlament durante el desarrollo del procés. Y volvió a haberla en las dos sentencias que avalaron la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la intervención de la autonomía de Cataluña.

Este otoño González-Trevijano se estrenó como dramaturgo con una obra, Adonay y Belial. Una velada en familia, escrita en su época de rector. Para hablar de esa obra, González-Trevijano concedió una entrevista a EL PAÍS que dejó esta frase: “Los juristas somos casi todos conservadores, porque el Derecho es una ciencia conservadora”.