El Tribunal de Cuentas rechaza reconocer que Puigdemont tenga inmunidad

El Tribunal de Cuentas ha rechazado este viernes la solicitud realizada por la defensa del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de los exconsejeros Clara Ponsatí y Antoni Comín para que se les reconozca la inmunidad frente al procedimiento por responsabilidad contable que se sigue contra ellos en el citado órgano fiscalizador. Puigdemont y sus exconsejeros estiman que la inmunidad que les protege deriva de su condición de eurodiputados, una condición que a juicio del Tribunal de Cuentas puede operar, en su caso, frente a la justicia penal, pero no en procesos en los que lo que se reclama es la devolución de dinero público supuestamente gastado de forma irregular para promover el referéndum del 1-O y la acción exterior de la Generalitat a favor del proceso independentista.

La consejera del Tribunal de Cuentas Elena Hernáez, que ha presidido la vista de cuestiones previas al juicio por responsabilidad contable, ha resuelto in voce las objeciones planteadas por las defensas, explicando en relación con la inmunidad reclamada que el expediente en curso en el órgano fiscalizador no supone un proceso sancionador. Por otra parte, añadió, tampoco se derivan del citado expediente objeciones a la movilidad de Puigdemont y los exconsejeros. “Lo que se dirime es en todo caso una restitución” de los fondos supestamente malversados, considera Hernáez, por lo que el procedimiento es exclusivamente “reparador, nada más y nada menos”, porque se trata de que la hacienda pública recupere el dinero usado irregularmente.

La defensa de Puigdemont, a cargo del letrado Gonzalo Boye, ha alegado en cambio que el proceso contra el expresidente de la Generalitat debió quedar interrumpido tras su elección como eurodiputado. A su juicio, al no haberse hecho así, todo el proceso está viciado y debería producir un efecto de “nulidad” del expediente. La Fiscalía, a su vez, se ha opuesto al reconocimiento de dicha inmunidad, porque no se trata de “un privilegio personal, sino una garantía de la independencia del Parlamento Europeo”.

Lo que sí ha reconocido la Fiscalía es que procede una nueva rebaja de la cantidad reclamada a los investigados. Cuando formalizó su demanda, el fiscal jefe ante el Tribunal de Cuentas, Manuel Martín Granizo, ya redujo dicha suma de los 9,5 millones exigidos por el órgano fiscalizador al inicio del expediente y reclamó 3,4 mllones de euros: 2,2 por lo gastado en promoción exterior del procés; y 1,2 en la organización del referéndum del 1-O. A ello ha añadido una nueva rebaja por valor de 336.143,34 euros, con lo que la cantidad final que exige la Fiscalía para su devolución a la hacienda pública ha quedado fijada en 3.093.198 millones de euros.

El motivo de la reducción es la renuncia de la Fiscalía a considerar incluidos en el expediente los gastos realizados por la Generalitat en una campaña denominada “Civisme” en la etapa del procés. La factura fue emitida por la Corporación Catalana de Medios de Comunicación, que difundió dicha campaña. Su pago correspondía a la Consejería de Presidencia de la Generalitat, que no la abonó, y a su vez dicha Corporación no ha reclamado el pago. La otra parte acusadora, Sociedad Civil Catalana, se ha adherido a la decisión de la Fiscalía, por lo que su reclamación de restitución de fondos al erario público también se reduce, quedando fijada en este caso en 5 millones de euros.

A resultas de estas renuncias es que queda fuera del procedimiento el exresponsable de las campañas de la Generalitat, Jaume Mestre. Y como consecuencia de ello son ahora 34 los exaltos cargos y funcionarios de la Generalitat incursos en el expediente de responsabilidad contable relacionado con los gastos provocados por el 1-O y la promoción exterior del procés. Las cantidades más elevadas se reclaman a los expresidentes de la Generalitat y algunos de sus exconsejeros. Así, al expresidente Carles Puigdemont y al exvicepresidente Oriol Junqueras se les reclaman 2.486.790 euros y a Artur Mas, 739.918 euros, la misma cifra que al exconsejero de Economia, Andreu Mas-Colell. En cuanto al exconsejero de Acción Exterior, Raül Romeva, la cantidad exigida es de 2.277.101 euros, y otros exmiembros del Govern de la Generalitat, como Antoni Comín y Lluís Puig, deberán hacer frente a una reclamación de 826.649 euros. Mientras no exista sentencia firme, todos ellos gozan de los avales concedidos por la Generalitat, por lo que no han tenido que pagar fianzas ni asegurar caución alguna.