La Audiencia de Zaragoza acuerda revisar las condenas por delitos sexuales y reducir las penas mínimas contra el criterio de la Fiscalía

Los 12 magistrados penalistas de la Audiencia Provincial de Zaragoza se han reunido este martes para unificar criterios en la aplicación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley de solo sí es sí, y han acordado revisar de oficio las condenas y rebajar las penas mínimas en los casos en los que la nueva legislación favorezca al reo. El presidente de la Audiencia de Zaragoza, Alfonso Ballestín, ha reconocido que la decisión de los jueces “cambia el criterio respecto de las conclusiones de la Fiscalía General del Estado”, que este lunes envió una circular a todos sus fiscales ordenando que se opongan a rebajar las penas a los agresores sexuales cuyos castigos estén dentro de la horquilla prevista para ese delito, aunque la nueva norma permita también penas más bajas.

“No creemos que sean muchas reducciones. No tenemos una estadística ahora, pero nosotros tenemos en la cabeza las penas que hemos puesto y calculamos que no hay muchos casos en los que se haya establecido la mínima”, ha asegurado Ballestín al término de la reunión. La audiencia zaragozana se ha reunido para fijar los criterios con los que aplicará la ley, después de la polémica suscitada la semana pasada por la rebaja de condenas y excarcelaciones de agresores tras la aplicación de la norma aprobada en octubre. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón han detallado que esta reunión extraordinaria se convocó por la ausencia de la disposición transitoria que muchos jueces han echado en falta en la ley del solo sí es sí y que habría impedido bajar las penas sin lugar a otras interpretaciones.

El presidente de la audiencia ha explicado que van a abrir un breve periodo para que sean los abogados los que presenten las peticiones de revisión, pero que pasado ese tiempo, que no han especificado, los magistrados se repartirán los casos y darán prioridad a los penados que estén cumpliendo ya condena. “Si una violación se condenó con la pena mínima de seis años, ahora se le aplicará la rebaja y se impondrá una de cuatro”, ha puesto como ejemplo Ballestín. Entre los siete puntos que han acordado los magistrados, también han incluido el de revisar solo las condenas firmes y no hacerlo con aquellas que estén suspendidas; oír a todas las partes, incluida la víctima aunque no esté personada en la causa y no repetir en ningún caso la vista oral para considerar nuevas pruebas, tan solo revisar las que ya existían.

Este es el acuerdo al que han llegado los magistrados zaragozanos a la espera de la unificación de la doctrina que establezca en los próximos días el Tribunal Supremo. “Si nos dan otras pautas de interpretación, las tendremos que seguir”, ha indicado el magistrado. El Ejecutivo confía en la intervención del Supremo para que solucione los efectos indeseados de la ley, pero el criterio que marque la Sala de lo Penal solo afectará a una parte menor de esos supuestos porque nunca puede vulnerar la norma que obliga a aplicar al reo la ley penal más favorable.

Hasta ahora la Audiencia Provincial de Zaragoza no ha rebajado ninguna condena por delitos sexuales desde que entró en vigor la nueva norma. En el resto de España, ya son una veintena las penas que se han reducido con una gran disparidad entre comunidades y se acumulan en los tribunales otras tantas a la espera de que pasen por las manos de los jueces. Madrid es la que encabeza la lista con decenas de revisiones pendientes de las 15 secciones de penal. Este viernes, los jueces de la audiencia madrileña se reunirán para unificar criterio, al igual que lo han hecho este martes sus compañeros de Zaragoza. En los próximos días se darán cita los magistrados de Santiago y los del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El presidente de la Audiencia de Zaragoza ha indicado, sin embargo, que el cambio en las penas no significa menor protección. “Las penas y la protección son dos conceptos distintos. En esta ley, la mayor parte del texto se dedica a medidas de protección muy innovadoras y positivas, como un servicio integrado de atención a la víctima, un proceso de recuperación para las afecciones psicológicas y marco de valoración integral”, ha explicado.