El apoyo de la Fiscalía a la entrada en prisión de Griñán aumenta la presión sobre el Gobierno

El Ejecutivo, que tiene que decidir si concede el indulto, ha cuestionado la sentencia del Supremo sobre el caso de los ERE

José Antonio Griñán en la Audiencia de Sevilla, en noviembre de 2019, el día que se notificó la sentencia del caso de los ERE.
José Antonio Griñán en la Audiencia de Sevilla, en noviembre de 2019, el día que se notificó la sentencia del caso de los ERE.Alejandro Ruesga

El rechazo de la Fiscalía Anticorrupción a que José Antonio Griñán espere en libertad la decisión del Gobierno sobre su indulto acerca al expresidente andaluz a la cárcel y aumenta la presión sobre el Ejecutivo, que tramita la medida de gracia contra el histórico líder del PSOE. Pedro Sánchez evitó el viernes dar pistas sobre si el Gobierno concederá el indulto, pero si la Audiencia de Sevilla asume la postura de la Fiscalía y resuelve ejecutar la sentencia que condenó a Griñán a seis años de cárcel por prevaricación y malversación en el caso de los ERE, el Ejecutivo puede tener que decidir si lo excarcela en medio de un año lleno de citas electorales. No obstante, la decisión de los jueces no será inmediata, y puede verse afectada por otras resoluciones pendientes del Tribunal Supremo o por el recurso anunciado por las defensas ante el Tribunal Constitucional.

“El Gobierno lo que hace es respetar los procedimientos judiciales, saben cuál es mi posición y la he manifestado en reiteradas ocasiones”, se limitó a decir el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE en la comparecencia posterior a la cumbre que España y Portugal mantuvieron el viernes en Viana do Castelo, informa José Marcos. La petición de la Fiscalía Anticorrupción para que Griñán y el resto de los condenados por los ERE ingresen en prisión coincidió con la presencia de medio Gobierno en el país vecino. A Sánchez lo acompañaban seis ministros socialistas, además de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y la ministra de Igualdad Irene Montero, de Unidas Podemos: la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, Isabel Rodríguez (Política Territorial), José Manuel Albares (Exteriores), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Raquel Sánchez (Transportes), Diana Morant (Ciencia e Innovación) y Reyes Maroto (Industria y Turismo).

El escrito presentado ahora por la Fiscalía responde a la petición que le formuló la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla a las acusaciones para que informasen sobre la solicitud planteada por los abogados de Griñán y los otros ocho ex altos cargos de la Junta condenados a cárcel, que reclaman que se suspenda la ejecución de la pena de prisión mientras se tramitan los indultos. La Fiscalía considera que las penas deben ejecutarse ya y ahora es la Audiencia la que tiene que decidir, para lo cual no hay un plazo fijado. La opinión de la Fiscalía no es vinculante, pero suele tener un peso considerable en la decisión final que tomen los jueces.

Para rechazar la suspensión de la pena, la Fiscalía argumenta que el artículo 4.4 del Código Penal que hace referencia a que, de ser ejecutada la sentencia, la finalidad del indulto “pudiera resultar ilusoria” es una norma de “carácter excepcional”. En las condenas del caso de los ERE, afirma Anticorrupción, las penas impuestas “son lo suficientemente largas (...) para que se pueda estimar que la posible concesión del indulto no se vea frustrada por el inicio de las ejecuciones”. Es decir, que, aunque los condenados entraran en prisión y después fueran indultados, el tiempo de pena que habrían cumplido sería proporcionalmente bajo y la medida de gracia seguiría teniendo efecto. “En un Estado de derecho, las sentencias claman por ser cumplidas como exigencia implícita a la eficacia de la tutela judicial”, concluyen los fiscales, citando una frase incluida en varios pronunciamientos del Tribunal Constitucional.

La decisión de la Fiscalía es la misma para Griñán y para los otros ocho condenados que han reclamado el indulto: los exconsejeros andaluces Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Fernández y José Antonio Viera, los exviceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez, así como el ex director general de Trabajo Juan Márquez y el ex director general de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar. Todos fueron condenados en firme en septiembre por el Tribunal Supremo, que concluyó que la excúpula del Gobierno andaluz creó y mantuvo, entre los años 2000 y 2009, un sistema de ayudas sociolaborales para evitar “todo control administrativo” y disponer del dinero público “de forma discrecional” y “al margen de toda legalidad”. Dos de los cinco magistrados del tribunal que revisaron el caso y ratificaron las condenas emitieron un duro voto particular porque consideran que Griñán y otros cuatro ex altos cargos de la Junta no malversaron.

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Esa discrepancia en la Sala es vista por las defensas como una puerta abierta tanto para impugnar el fallo con recursos ante el propio Supremo y, si este no les da la razón, ante el Constitucional, como para allanar el camino hacia los indultos. El Gobierno ha eludido siempre avanzar cuál será su postura, pero la ministra de Justicia, Pilar Llop, sí dio el paso hace unas semanas de cuestionar la condena a Griñán durante una sesión de control en el Senado en la que incidió en los dos votos particulares y subrayó el rechazo que ha generado la resolución en parte de “la doctrina penal”. Llop citó un artículo del catedrático de Derecho Penal Gonzalo Quintero Olivares, publicado en Diario de Sevilla, en el que se califica de “extravagancia jurídica” el hecho de que la justicia que, “en su inmensa mayoría [...] fue a destinos justos y correctos, y que solo un paquete minoritario registró desviaciones, lo que demuestra que en modo alguno el desvío era ‘programado’ por la Administración”.

El indulto es una medida discrecional que el Gobierno no tiene que argumentar, aunque la ley sí exige que no sea arbitrario y que esté motivado en razones de justicia, equidad o interés público. En el caso de Griñán, la petición formulada por su familia, a la que se han adherido más de 4.000 firmas, está basada en razones de “humanidad y equidad”, para lo que se alude a las “circunstancias personales y excepcionales” del expresidente andaluz, de 76 años y “con una intachable trayectoria vital caracterizada por su lucha por la libertad y la democracia, la igualdad y el Estado de bienestar”, además de un “profundo respeto a las instituciones del Estado”.

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