Anticorrupción pide el ingreso en prisión de Griñán y el resto de los condenados a cárcel por el ‘caso ERE’

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el ingreso en prisión del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y los otros ocho ex altos cargos del Gobierno andaluz condenados a cárcel por el caso de los ERE fraudulentos. Según han confirmado fuentes de Anticorrupción, el ministerio público presentó este jueves un escrito en la Audiencia de Sevilla para pedir que se desestime el recurso de las defensas que reclamaba suspender la ejecución de las penas de prisión mientras se tramitan los indultos solicitados por todos ellos al Gobierno. Ahora es la Audiencia la que tiene que decidir, para lo cual no hay un plazo fijado. La opinión de la Fiscalía, avanzada por La SER, no es vinculante, pero suele tener un peso considerable en la decisión final que tomen los jueces.

Para rechazar la suspensión de la pena, la Fiscalía argumenta que el párrafo del artículo 4.4 del Código Penal que hace referencia a que, de ser ejecutada la sentencia, la finalidad del indulto “pudiera resultar ilusoria” es una norma de “carácter excepcional”. El principio general, subraya el ministerio público, es “la no suspensión”, y responde al “interés público que reclama que las resoluciones judiciales firmes se cumplan”. En las condenas del caso de los ERE, afirma Anticorrupción, las penas impuesta “son lo suficientemente largas (...) para que se pueda estimar que la posible concesión del indulto no se vea frustrada por el inicio de las ejecuciones”. Es decir, que, aunque los condenados entraran en prisión y después fueran indultados, el tiempo de pena que habrían cumplido sería proporcionalmente bajo.

En su escrito, los dos fiscales delegados de Anticorrupción en Sevilla mencionan “las numerosas resoluciones” de Audiencias provinciales en las que reiteran “el carácter excepcional” que debe tener la suspensión de la ejecución de una sentencia, así como un pronunciamiento del Tribunal Supremo de 1998 y otro del Constitucional que subrayan: “En un Estado de Derecho las sentencias claman por ser cumplidas como exigencia implícita a la eficacia de la tutela judicial”.

El ministerio público apunta que para decidir sobre la suspensión de la ejecución hay que sopesar el perjuicio que podría derivarse de la ejecución de la pena si se queda sin efecto. Y añade: “El caso más claro son las penas privativas de libertad. Si se trata de penas cortas, habrá que tener un criterio más generoso para la suspensión de la ejecución que si se trata de penas de mayor duración”.

El Tribunal Supremo ratificó en julio pasado la condena de seis años de cárcel por prevaricación y malversación que le impuso a Griñán la Audiencia de Sevilla, junto a las penas de entre seis años y siete años y once meses impuestas a otros ocho ex altos cargos del Gobierno andaluz en la etapa del PSOE. Estas penas, ya con sentencia firme del alto tribunal, les abocan a entrar en la cárcel, pero todos han solicitado el indulto y sus defensas han pedido a la Audiencia Provincial que suspenda el ingreso en prisión mientras el Gobierno decide si concede esas medidas de gracia. La Sección Primera de la Audiencia, encargada de ejecutar la pena, preguntó hace unas semanas a la Fiscalía si debía atender la petición de los abogados, y esa es la cuestión que ha contestado ahora el ministerio público, que considera que el expresidente andaluz y los demás condenados a prisión deben ser encarcelados mientras esperan la decisión del Gobierno.

No hay plazo estipulado para que los tres jueces de la Sección Primera tomen una decisión. Anticorrupción presentó su escrito este jueves, pero los jueces pueden decidir a lo largo de las próximas semanas. Los magistrados que forman el tribunal que debe ejecutar el fallo del Supremo son Pilar Llorente, Patricia Fernández y Enrique García López-Corchado. Solo Llorente formó parte del tribunal que en primera instancia condenó a los ex altos cargos de la Junta, debido a la prejubilación del expresidente de la Sala, Juan Antonio Calle, y el traslado de otra magistrada, Encarnación Gómez, a la Audiencia de Alicante. “Espero que los jueces tengan en cuenta que están en curso incidentes de nulidad”, apunta esperanzado el abogado de Griñán, José María Calero.

En su sentencia, el Supremo consideró que la excúpula del Gobierno andaluz creó y mantuvo un sistema de ayudas sociolaborales entre 2000 y 2009 para evitar “todo control administrativo” y disponer del dinero público “de forma discrecional” y “al margen de toda legalidad”. De los cinco magistrados del tribunal que revisó el caso y ratificaron las condenas, dos emitieron un duro voto particular porque consideran que Griñán y otros cuatro ex altos cargos de la Junta no malversaron. Mientras la Audiencia decide, el Ministerio de Justicia sigue tramitando los indultos parciales solicitados por los ex altos cargos condenados. Estos son los exconsejeros andaluces Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Fernández y José Antonio Viera, los ex viceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez, así como el ex director general de Trabajo Juan Márquez y el ex director general de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar.

El PP, que ha guardado silencio hasta ahora, se posicionará mañana sobre la suspensión de la entrada en prisión de Griñán. “Vamos a estudiar el escrito de la Fiscalía”, han señalado fuentes del PP andaluz, personado como acusación personal, informa Lourdes Lucio. Los dirigentes populares creen que Griñán no debe ser indultado y esgrimen el dato de la última encuesta del Centro de Estudios Andaluces, según el cual el 71% de los encuestados se opone a la medida de gracia para el expresidente socialista. El rechazo es aún mayor, del 76,1%, en el caso del resto de los ex altos cargos condenados.

Por su lado, el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha eludido pronunciarse sobre el asunto cuando ha sido interrogado por ello esta tarde, durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo portugués, António Costa: “El Gobierno lo que hace es respetar los procedimientos judiciales, ya saben mi opinión y la he expresado anteriormente”, ha dicho en Viana do Castelo, donde se encuentra con motivo de la 33º cumbre bilateral hispano-lusa, informa José Marcos.

¿Cuándo se ejecutará la pena y entrarán en prisión los condenados por malversación? “Cualquier pronóstico es aventurado. Hay un vacío normativo y una disfunción enorme entre la ley procesal del siglo XIX y la Constitución de 1978, con un desarrollo jurisprudencial permanente hacia la dación de tutela judicial efectiva en el marco del respeto pleno al derecho de defensa. Piénsese que, salvo concesión del indulto, en 1882 no había alternativa a la ejecución inmediata de una sentencia firme, pero el panorama normativo actual es completamente distinto”, opina Alfonso Martínez del Hoyo, abogado del exconsejero Antonio Fernández. “En este momento hay a mi juicio dos salidas para el tribunal de Sevilla: la formalista enervante de derechos fundamentales o la garantista plenamente respetuosa de los mismos, en la cual ese tribunal se situaría accediendo a no ejecutar sin más la sentencia, sino limitándose a esperar y dando lugar así a que el Tribunal Supremo y luego el Tribunal Constitucional adopten la decisión de posible suspensión que les corresponde. Ningún perjuicio se producirá a la causa de la justicia si, después de casi 12 años de procedimiento, se espera unas semanas más”, añade el letrado.