La Fiscalía pide que se desestime la demanda contra Cayetana Álvarez de Toledo por llamar “terrorista” al padre de Pablo Iglesias

La Fiscalía ha pedido este miércoles, según fuentes jurídicas, que se desestime la demanda contra la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo por llamar “terrorista” de forma reiterada a Francisco Javier Iglesias, padre de Pablo Iglesias, en el año 2020, cuando el fundador de Podemos era vicepresidente segundo del Gobierno. Álvarez de Toledo, portavoz parlamentaria del PP en aquella época, ha llegado al juicio decidida a demostrar que sus palabras estaban plenamente legitimadas por la pertenencia en el pasado del padre de Iglesias al grupo armado FRAP, siglas del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Francisco Javier Iglesias demandó a la diputada por una vulneración de su derecho al honor y le reclama una indemnización de 18.000 euros.

El juicio civil se ha celebrado a puerta cerrada en el Juzgado de Instrucción número 3 de Zamora. A la salida, Álvarez de Toledo ha confiado en quedar absuelta y Francisco Javier Iglesias no ha querido hablar con los periodistas. “Demandada por el padre de Pablo Iglesias, he ido a Zamora a declarar que la Tierra es redonda. Parece que la fiscal coincide conmigo”, ha tuiteado la dirigente popular.

Álvarez de Toledo se dirigió a Pablo Iglesias en 2020, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso, afirmando que era “el hijo de un terrorista”, y después se negó a retractarse. La diputada del PP se ha congratulado este miércoles de que la fiscal haya pedido la desestimación de la demanda del padre de Iglesias contra ella por decir algo “tan evidente como que una persona que militó en una organización terrorista puede ser considerada como terrorista”. La diputada del PP fundamenta su postura en que Pablo Iglesias escribió en un artículo, tras la muerte del exlíder comunista Santiago Carrillo, que él era “hijo de un militante del FRAP”. El FRAPse fundó en los últimos años del franquismo y causó seis muertes con sus atentados. Según Álvarez de Toledo, ese “orgullo frapero” es incompatible con el “honor vulnerado” que alega ahora el demandante.

La diputada ha destacado que Iglesias también hizo una alusión por escrito en Twitter en 2013 a su “padre frapero” y que el propio Francisco Javier Iglesias manifestó en el diario Público que participó en el comité fundacional de esa banda armada. Según la versión de Álvarez de Toledo, el padre de Iglesias ha atribuido ante la juez sus manifestaciones a “bromas familiares” y ha sostenido que la entrevista citada tenía errores. El padre del fundador de Podemos no ha querido hablar a la salida del juicio.

La demanda se interpuso a raíz de que la diputada utilizara esa misma expresión —“hijo de un terrorista”— en una entrevista con el periódico Abc y con el argumento de que esas descalificaciones no se podían enmarcar en la protección especial que la Constitución otorga a los representantes parlamentarios en el ejercicio de sus funciones. El artículo 71 de la Constitución, en sus puntos 1 y 2, recoge: “Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito”.

Álvarez de Toledo ha calificado su expresión como “palabras descriptivas” pese a que la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet (PSOE), la retiró del Diario de sesiones. La diputada también ha recordado que ha reclamado al Tribunal Constitucional que esas palabras se devuelvan al Boletín de las Cortes y ha asegurado que “lo están estudiando”.

El periodista Hermann Tertsch fue condenado en 2019 a indemnizar con 15.000 euros al padre del líder de Podemos por un delito de intromisión ilegítima y una vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de Francisco Javier Iglesias. Tertsch había acusado al abogado de participar como militante del FRAP en el asesinato de un policía en 1973, aunque en aquel momento Iglesias padre estaba en la cárcel por repartir propaganda ilegal.