El PSOE aplaca la guerra interna por la ‘ley trans’ al eludir las denuncias cruzadas entre partidarios y detractores

El PSOE ha resuelto no abrir ningún expediente disciplinario contra la exvicepresidenta Carmen Calvo, la exministra Matilde Fernández, la exdiputada nacional Ángeles Álvarez y Amelia Valcárcel, miembro del Consejo de Estado, y tampoco cesará al secretario LGTBI del partido, Víctor Gutiérrez, tras las denuncias cruzadas entre feministas y los colectivos del PSOE partidarios de la ley trans. La batalla interna por las discrepancias que ha provocado el contenido de la futura ley, en la que el PSOE ha variado su posición varias veces y finalmente sí presentará enmiendas a la controvertida autodeterminación de género en menores como adelantó EL PAÍS, ha llegado hasta la mismísima comisión federal de ética y garantías, el órgano encargado de la defensa y respeto de los derechos de los 185.000 afiliados socialistas. Pero no habrá sanción alguna, al menos por las razones denunciadas hasta la fecha: la comisión de ética y garantías concluyó en la reunión que mantuvo el jueves que no se habían lesionado los derechos de ningún militante al entrar las opiniones enfrentadas “dentro del debate político” y recordó que, en todo caso, entre sus competencias no figura la apertura de sanciones a los afiliados, adelantan fuentes del partido a EL PAÍS.

La decisión de la comisión de ética y garantías, que preside María Luisa Carcedo, llega apenas unos días antes del cierre de la tramitación del periodo de enmiendas a la ley trans en el Congreso, que el PSOE alargó una semana más. Una de las denuncias que se remitieron a ética y garantías la –“ventanilla equivocada”, según las fuentes consultadas– el pasado agosto, solicitaba “el cese inmediato” del secretario LGTBI por “infringir” el código ético y haber cometido, según la denunciante, una falta grave o muy grave según los estatutos del PSOE por, entre otros ejemplos, haber celebrado que Pedro Sánchez apartase a Carmen Calvo y le sacara del Gobierno en julio de 2021 por su oposición a la ley trans. Gutiérrez pidió disculpas públicas inmediatamente.

Otro escrito a la citada omisión pedía que se procediese a la apertura de un expediente a Calvo y las otras feministas citadas por sus “actitudes públicas hostiles contra las políticas desarrolladas por el Gobierno de Pedro Sánchez y las decisiones adoptadas por la ejecutiva federal”, y que se les conminase a “acatar” las resoluciones del 40º Congreso Federal del PSOE, en las que se asumía el anteproyecto de la ley trans, que Calvo firmó semanas antes de la remodelación en la que salió del Ejecutivo.

Las fuentes consultadas que indican que las denuncias no han ido a la ventanilla correcta sostienen que las atribuciones de expedientar y sancionar corresponderían a las ejecutivas del partido en sus distintos niveles, hasta elevarse a Ferraz, la sede central. El reglamento de la dirección federal establece en el artículo 4 que entre sus competencias está “la resolución de los conflictos y recursos de su competencia que surjan en el seno del partido. Frente a sus decisiones cabrá recurso ante la comisión federal de ética y garantías”.

A su vez, una de las funciones de la Secretaría de Organización (artículo 13) es la de “tramitar los expedientes disciplinarios” y “colaborar” con ética y garantías, “facilitándole la información y documentación necesaria para sus trabajos”. Los militantes sí pueden recurrir en última instancia a la comisión de ética y garantías cuando se decida su expulsión provisional, la suspensión cautelar de militancia o la pérdida de la condición de afiliado. Otra de sus competencias conforme a los estatutos federales es supervisar los procesos de primarias o informar de litigios surgidos entre militantes y órganos del PSOE.

El principal partido del Gobierno sostiene que la ley se situará entre las más avanzadas de nuestro entorno, reconociendo la libre determinación a partir de los 16 años y permitiendo el cambio registral a partir de los 12. Pero falta por ver si Unidas Podemos -Irene Montero es la ministra de Igualdad- acepta respaldar la enmienda del PSOE para ampliar el régimen de la jurisdicción voluntaria para los menores de 12 años hasta los 16 (el proyecto de ley que tramita el Congreso no exige pasar por los tribunales a partir de los 14 años, siempre que se cuente con el permiso de los padres).

Los socialistas estiman necesario reforzar las garantías para el tramo de 14 a 16 años. Para ello remiten a las conclusiones del Consejo General del Poder Judicial: “El planteamiento del anteproyecto, al legitimar a los mayores de 14 años y menores de 16 para solicitar la rectificación de la mención registral del sexo sin más condiciones que la asistencia de sus representantes legales, no resulta adecuado para proteger el interés del menor comprendido en esa franja de edad que carezca del suficiente grado de madurez o cuya situación de transexualidad no esté estabilizada”.