El PSOE concentra sus enmiendas a la ‘ley trans’ en asentar la reversibilidad de la autodeterminación de género

El PSOE ha puesto el foco de la ley trans en la reversibilidad de la rectificación de género en el Registro Civil, según coinciden varias fuentes socialistas consultadas. Y por esta razón, el principal partido del Gobierno concentrará sus enmiendas, que presentará el lunes, en dotar la norma de la seguridad jurídica requerida ante la certeza de que el PP y Vox recurrirán la ley al Tribunal Constitucional. El PSOE afirmó el jueves pasado que “no tocaría la parte de autodeterminación de género” de la norma tras el revuelo interno y con Unidas Podemos, que se originó después de que EL PAÍS adelantase que estudiaba presentar enmiendas a la ‘ley trans’ sobre la autodeterminación de menores y la violencia intragénero. El PSOE insiste en que no cambiará nada sustancial de la ley.

El artículo 42 del proyecto de ley que se tramita en el Congreso que regula la reversibilidad establece un plazo mínimo de medio año para poder volver a rectificar el sexo en el DNI: “Transcurridos seis meses desde la inscripción en el Registro Civil de la rectificación de la mención registral relativa al sexo, las personas que hubieran promovido dicha rectificación podrán recuperar la mención registral del sexo que figuraba previamente a dicha rectificación”. Las fuentes consultadas no aclaran la modificación en ciernes, pero sí reconocen que la elaboración de las enmiendas al texto es una materia tan delicada que los socialistas han remitido al Ministerio de Justicia las enmiendas que pretenden presentar para que su solidez jurídica sea incontestable.

“Hemos pedido una semana para presentar las enmiendas del PSOE, que lo que buscan es dar seguridad jurídica a una ley. ¿Va a retrasar la ley? No. A partir de ahí los trámites irán rápido y podremos tener la ley más segura y garantista”, afirmó el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López. Fuentes socialistas no descartan que la modificación de la reversibilidad de la rectificación de género en el registro afecte de manera expresa a los adolescentes trans que opten por el cambio de sexo registral. El proyecto de ley establece que los mayores de 16 años puedan solicitar por sí mismos el cambio registral del sexo. En el caso de los adolescentes de 14 a 16 años, si no cuentan con el consentimiento de sus progenitores o de su representante legal, se procederá al nombramiento de un defensor judicial. Entre los 12 y los 14 años se deberá contar con una autorización judicial.

Los movimientos en el PSOE, donde existe un fortísimo debate interno que ha derivado en el enfrentamiento cruento entre sectores de feministas y el colectivo LGTBI del partido, coinciden con las advertencias cada vez más serias de Unidas Podemos, contraria a que uno de los partidos del Ejecutivo enmiende una ley que había sido negociada previamente por la coalición antes de remitirla a las Cortes. “Es incomprensible que se vuelva a ampliar [el plazo de enmiendas]; solo perjudica a las personas trans que ven en riesgo la ley”, manifestó Irene Montero, ministra de Igualdad y dirigente de Podemos.

La Mesa del Congreso decidió este miércoles, con el respaldo clave del PSOE, prorrogar una semana más el plazo de enmiendas: será la cuarta ampliación del límite para presentar modificaciones parciales desde que se superó el primer trámite de rechazo en el pleno, el pasado 6 de octubre. Irene Montero señaló que le propondrán al PSOE y los grupos parlamentarios “un calendario de tramitación que incluya la finalización de la ponencia [de la ley] el 18 de noviembre para garantizar que no hay más retrasos en el debate parlamentario y puede estar aprobada, sin retrocesos en derechos, antes de que acabe el año”. Fuentes socialistas mostraron su sorpresa por el hecho de que desde el Ejecutivo se pongan fechas al legislativo, lo que consideran una señal de presión equivocada.

La revisión por parte del PSOE —y por extensión de La Moncloa— del contenido de los artículos relativos a la violencia intragénero también está clara. Los socialistas creen que la incorporación de este concepto por parte de Unidas Podemos al proyecto de ley el pasado verano puede abrir un frente jurídico por asemejar la violencia entre parejas del mismo sexo con la violencia machista. “Le pedimos prudencia al Gobierno y que escuche las preocupaciones y las alertas que están haciendo las asociaciones de mujeres respecto a algunos artículos de la ley. Si la violencia intragénero viene a equipararse con la violencia de género, eso supondría modificar el artículo uno de la ley actual contra la violencia machista”, observa la exdiputada socialista Ángeles Álvarez. El artículo citado fija que el objeto de la ley es “actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”.