Un informe oficial reprende a la Ertzaintza por una detención con puñetazos, patadas y pisotones

Una unidad policial de la Ertzaintza, siete agentes en total, interviene en junio de 2021 en el barrio San Francisco de Bilbao en una disputa callejera. Dos chicas gritaban “policía, policía” mientras forcejeaban con “dos jóvenes de raza árabe”. El atestado describe que los varones detenidos “comenzaron a dar patadas y puñetazos a los agentes, teniendo estos que esquivar los golpes”, por lo que se vieron forzados a “utilizar la fuerza proporcional para reducir a estas personas”. Sin embargo, las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia instaladas en ese lugar ofrecen otra realidad. Los ertzainas rodean a los jóvenes y “un agente le propina un puñetazo en el rostro a escasa distancia (un directo, en argot pugilístico)... Estando sujeto por los brazos, el mismo agente le lanza dos patadas”, la segunda en el torso, y otra tercera mientras el detenido cae al suelo. Es sujetado en el suelo, lo que se intenta hacer mediante algún pisotón en las piernas. Finalmente, estando esposado, recibe en su cara la bota de un agente... En este contexto es cuando uno de los agentes, que está agachado sobre él, le propina tres (o cuatro) puñetazos en el rostro”. Nada de esto figura redactado en el atestado policial.

La Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco, un órgano neutral creado en 2021 en el seno del Gobierno vasco, ha elaborado un informe oficial sobre estos hechos que recrimina la actuación de los agentes y concluye que la Dirección de la Ertzaintza no investigó suficientemente este posible exceso policial y se limitó a castigar a dos de los agentes implicados a no realizar patrullas por la zona donde ocurrieron los hechos.

La comisión de transparencia policial, que preside el magistrado Juan Luis Ibarra, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), expone en su dictamen que la intervención de la Ertzaintza “presenta características que pueden afectar negativamente a la confianza de la ciudadanía en la imparcialidad e integridad de la actuación policial”. “Llama la atención la falta de reflejo en el atestado de los hechos violentos ocurridos, derivados del empleo de la fuerza por parte de los miembros de la unidad policial. También resulta llamativo que ninguno de los agentes intervinientes manifestara discrepancias sobre la ausencia en la consignación en el atestado de los citados hechos violentos. Todo ello parece describir un patrón de conducta dirigido a impedir el control objetivo sobre la actuación policial considerada”, concluye el documento, adelantado este miércoles por elDiario.es/Euskadi y al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Los hechos ocurrieron en el barrio de San Francisco, una de las zonas más conflictivas y con mayor índice de delincuencia de Bilbao. El suceso fue investigado por un juzgado de Bilbao que en septiembre pasado decretó el sobreseimiento de la causa. La versión oficial, recogida en el atestado a partir del testimonio de uno de los agentes implicados, señala que dos varones forcejeaban con dos chicas, a las que insultaron, “diciéndoles ‘gordas, hijas de puta” en el momento en que los agentes trataban de separarles. Según la declaración de este ertzaina, los jóvenes comenzaron a “dar patadas y puñetazos”, por lo que estos tuvieron que utilizar la “fuerza proporcional” en el momento de arrestarles por un presunto delito de atentado a agentes de la autoridad.

La versión oficial no dice más. No hay declaración testifical de las mujeres que se vieron envueltas en el altercado callejero. Los detalles de lo sucedido, según se recoge en el auto judicial, se han conocido tras revisar la grabación de unas cámaras de seguridad, aunque estas no pudieron captar los hechos con claridad porque “los agentes, más que acompañar o requerir, provocan que los denunciados se desplacen hacia un lugar que en las imágenes aparece oculto detrás de un árbol, punto único en el centro superior que la cámara no recoge del conjunto de la plaza”. La actuación judicial concluye que “resulta dudoso y no suficientemente justificado” que los dos detenidos agredieran a los policías: “Al menos no encaja lo relatado [por estos] con lo visto en las imágenes”.

La comisión de transparencia policial asumió el encargo de estudiar el comportamiento de los agentes al margen de la investigación abierta para depurar las posibles responsabilidades disciplinarias o penales. Recabada la información solicitada al juzgado y al Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, cuyo titular es el consejero Josu Erkoreka, este órgano señala que en la intervención policial se han detectado “deficiencias o errores que pueden servir de base para realizar sugerencias o recomendaciones dirigidas a incrementar la eficacia de los controles sobre la actividad policial”.

“Instrucción deficiente”

Además de llamar la atención de una conducta dirigida a “impedir el control objetivo sobre la actuación policial”, el equipo dirigido por Ibarra hecha en falta que la Dirección de la Ertzaintza no ha realizado “ninguna diligencia de investigación sobre lo sucedido, ni tampoco sobre las causas por las que aparentemente fallaron los controles sobre la legalidad de la actuación policial”. “La instrucción [de la policía] ha sido deficiente”, señala el informe. También recuerda que “la Ertzaintza tiene la obligación de iniciar una investigación interna cuando existan indicios de una actuación policial constitutiva de una falta disciplinaria”, esté o no en curso un procedimiento penal por los hechos. Este organismo recomienda que como “mecanismo de prevención” las dotaciones policiales utilicen “cámaras subjetivas de cuerpo” cuando intervengan en actuaciones que requieran el empleo de la fuerza.

El dictamen oficial aconseja que los agentes reciban formación policial sobre el código deontológico y buenas prácticas, que se revisen los protocolos en la detención de personas en espacios públicos, se promuevan “dinámicas de análisis crítico sobre las actuaciones llevadas a cabo”, se mejoren los protocolos para elaborar los atestados, se verifique la realización de oficio de una investigación interna y se promueva el cumplimiento de las recomendaciones del Ararteko (Defensor del Pueblo vasco) contenidas en su informe titulado El sistema de garantías en las actuaciones y prácticas policiales.

Si no puede leer el informe (anonimizado), pinche aquí