La letra pequeña de la renovación del Poder Judicial: cientos de nuevos jueces sin opciones y varias bajas en las candidaturas

Carlos Lesmes puso en marcha en agosto de 2018 el procedimiento para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato expiraba en diciembre de ese año. A partir de ahí se abrió el proceso para que los jueces interesados en ser vocales del siguiente Consejo presentaran su candidatura y, el 27 de septiembre de 2018, Lesmes envió al Congreso y el Senado una lista con el nombre de 51 aspirantes que habían presentado el aval de una asociación judicial o de 25 compañeros. Esa lista sigue viva y con ella es con la que el Gobierno y el PP negocian para elegir a los 12 jueces que, si hay acuerdo, integrarán el futuro Consejo.

Cuando el PSOE y el PP hayan desempolvado esa lista no se habrán encontrado, sin embargo, con 51 nombres sobre los que elegir, sino con algunos menos. La lista se ha reducido en estos años y de los 51 iniciales hay, al menos, ocho que ya no son elegibles. Hay uno que falleció (César José García Otero) y magistrados que se han jubilado (Jesús María Calderón y Lucía Ruano). Pero también hay aspirantes que han renunciado a ir al CGPJ, entre ellos, algunos que estaban entre los 12 inicialmente elegidos. Esta lista nunca llegó a hacerse oficial y quedaba algún nombre por cerrarse, pero el PSOE y el PP llegaron a llamar a algunos de los aspirantes para comunicarles que propondrían su nombre.

Entre los jueces sobre los que había acuerdo hay dos que han renunciado: la actual delegada del Gobierno para la violencia de género, Victoria Rosell, y el magistrado del Tribunal Supremo José María del Riego. Este último caso genera además una complicación añadida porque la ley establece que en el CGPJ tiene que haber tres magistrados del Supremo, y en la lista de 51 solo había cuatro. Con la renuncia de Del Riego, los otros tres —José Antonio Monterio, Ángel Arozamena e Inés Huerta— tienen el puesto asegurado, sin margen para la negociación entre los partidos.

Pero Huerta se jubila en marzo de 2023, por lo que, si el Consejo se renueva ahora y la magistrada se convierte en vocal, deberá ser sustituida dentro de cinco meses y ya no se cumplirá la norma de que el alto tribunal esté representado en el CGPJ con tres jueces. La Ley, no obstante, prevé esta situación y establece que, si no existen candidatos a vocales dentro de alguna de las categorías (además de magistrados del Supremo, tiene que haber tres jueces con más de 25 años en la carrera judicial), la vacante pasará al cupo siguiente.

Entre los 12 jueces propuestos en 2018 por el PSOE, y aceptados por el PP, estaba también Inmaculada Montalbán, que en ese momento pertenecía a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Pero Montalbán es desde octubre de 2021 magistrada del Tribunal Constitucional, por lo que tampoco es ya elegible para el nuevo CGPJ, del que ella ya formó parte como vocal entre 2008 y 2013.

Los que se quedan fuera

La lista enviada por Lesmes en 2018 no solo tiene aspirantes que ya no lo son, sino que también deja fuera a cientos de jueces que podrían haber aspirado a ser vocales. Desde que se elaboró esa lista han accedido a la carrera más de 300 jueces que ahora no pueden formar parte del CGPJ ni han podido votar a los elegidos. Fuentes del órgano explican que el Gobierno llegó a plantear la posiblidad de anular la lista remitida en 2018 y empezar el procedimiento de cero, pero se concluyó que eso no era legal y requeriría una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que se descartó esta opción. La renovación tardía podría ocasionar teóricamente que algún nuevo juez se sintierra discriminado e impugnara la elección. Aunque las fuentes jurídicas consultadas consideran que esta reivindicación no tendría mucho recorrido jurídico, sí podría ser un escollo más que retrasase la renovación del órgano.

También ha cambiado la situación de alguno de los ocho nombres que PSOE y PP pactaron en 2018 para formar parte del CGPJ en el cupo reservado a juristas de reconocido prestigio. Por ejemplo, José Ricardo de Prada era candidato por este turno porque en aquel momento estaba en servicios especiales como juez de Naciones Unidas en La Haya y no era juez en activo, pero ya se ha reincorporado a su plaza en la Audiencia Nacional. Fuentes consultadas señalan que, no obstante, si quisiera formar parte del CGPJ el juez podría volver a pedir pasar a servicios especiales, lo que salvaría ese escollo legal. Pero el veto del PP a este juez que firmó, junto a otro magistrado conservador, las condenas del caso Gürtel, luego ratificadas por el Tribunal Supremo, fue una de las razones que hicieron encallar los últimos intentos de pacto para renovar el CGPJ, por lo que está por ver la postura que mantendrán en esta ocasión los populares.