La dimisión de Lesmes reabre una negociación sin condiciones entre el Gobierno y el PP para renovar el Poder Judicial

Después de casi cuatro años de bloqueo del PP, parecía imposible ver la luz al final del túnel en el que se ha instalado la justicia española, pero desde este lunes la situación parece retornar al punto de partida. La dimisión de Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, y el impacto no solo nacional sino internacional que un golpe como ese ha supuesto —hasta la Comisión Europea ha mostrado su inquietud por esta crisis sin precedentes— ha logrado un giro inesperado, cuyas conclusiones aún no son definitivas. El Gobierno y el PP mostraron este lunes su “voluntad y disposición total” de llegar a un acuerdo y retomar las negociaciones sin líneas rojas o condiciones previas. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo volvieron a hablarse tras 168 días de incomunicación. Y la cita aparentó salir mejor de lo esperado.

Tanto el Gobierno como el PP trasladan en público, y sobre todo en privado, un cambio radical de tono y un cierto optimismo sobre la posibilidad de que esta vez puede ser la buena, después de cuatro intentos fallidos en cuatro años. La crisis institucional provocada por la dimisión de Carlos Lesmes —que algunos sectores venían reclamando hace años como fórmula para desbloquear una situación enquistada— ha provocado que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo hayan reabierto la negociación para renovar el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional y además sin exigencias expresas de partida, aunque cada uno tiene sus posiciones y las mantiene. El Ejecutivo confía en que el PP no aguante más la presión y se avenga a negociar y los populares esperan que el Gobierno les conceda alguna de sus peticiones y rebaje el nivel de los ataques a su líder.

Cambio de modelo

La parte más compleja de gestionar en esta negociación es el cambio del modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. El PP quiere un compromiso de que se reformará en breve esa ley vigente desde 1985 para que los jueces elijan directamente a 12 de los 20 vocales —ahora lo hacen indirectamente, ya que el Congreso selecciona a esos 12 entre una lista de 51 magistrados designados por sus compañeros— y el Gobierno lo rechaza de plano. En el Ejecutivo creen que si aceptaran esa condición sería como asumir que el CGPJ siempre va a estar controlado por conservadores, que son mayoría en la carrera, voten lo que voten los ciudadanos. Pero ni en la reunión ni en las ruedas de prensa posteriores se plantearon estas cuestiones como puntos ahora inamovibles y se obviaron al máximo.

Ni el PP repitió su tesis de que se acepte esa condición o nada, ni el Gobierno quiso cerrar esa puerta desde el primer día. El ministro Félix Bolaños, el negociador principal del Ejecutivo, se limitó a decir que “las posiciones son conocidas” por ambas partes. Una clásica estrategia para empezar la negociación con buen pie, aunque los dos tengan muy claras sus posturas y en principio parezcan incompatibles.

La gran novedad es que tanto el Gobierno como el PP transmiten la sensación de que esta vez va en serio, a pesar de la gran desconfianza que genera el hecho de que esta negociación haya estado a punto de cerrarse varias veces en los últimos años y siempre se ha frustrado porque el PP, al final y con distintos líderes y excusas, se echaba atrás. De hecho, las fuentes del Gobierno y del PP consultadas coinciden en que la reunión fue mejor de lo esperado. Y hasta transmitieron cierto “optimismo” con reservas sobre su resultado.

Al comprobar que había espacio para negociar, Sánchez y Feijóo, después de una hora y media de reunión, llamaron a sus negociadores principales, Félix Bolaños y Esteban González Pons, para que se incorporaran a un encuentro que duró tres horas en total. Con ello querían mostrar que la cosa va en serio, y trasladar a sus negociadores de forma directa la voluntad de acuerdo que ellos habían pactado poco antes.

Tanto desde el Gobierno como desde el PP se indica que en la charla no se llegó a hablar de nombres, ni siquiera del posible presidente o presidenta del futuro Poder Judicial, un puesto clave, pero sí se dejó claro que esta vez tiene que ser diferente porque la situación es de “extrema gravedad” y la crisis institucional afecta ya a la imagen internacional de España y sobre todo al prestigio de la justicia, y debe ser resuelta cuanto antes. No se pactó un plazo o una fecha límite, pero Bolaños y Pons han sido encomendados a buscar una “solución rápida”, que en La Moncloa esperan que llegue en los próximos días. Podría organizarse una primera reunión discreta entre ellos esta misma semana.

Para el PP es muy importante que Sánchez haya aceptado ahora negociar conjuntamente la renovación del CGPJ y las vacantes del Constitucional, algo que Bolaños rechazaba sistemáticamente en las últimas semanas, y esa cesión es interpretada por los populares como un éxito propio y una cierta “desautorización” del presidente con su ministro, una interpretación que no asumen en el Ejecutivo. La estrategia del Gobierno hasta ahora confiaba en que Lesmes lograría una mayoría de 12 vocales, contando con los progresistas y un grupo de conservadores —necesitaba tres— para poder renovar los dos magistrados que corresponden nominar desde el CGPJ para el Constitucional y así al menos lograr cambiar la mayoría de conservadora a progresista en este tribunal clave, que tiene que juzgar recursos tan relevantes contra la ley del aborto o de la eutanasia. El plan del PP se centraba precisamente en bloquear, gracias a sus vocales afines, la renovación del Constitucional para forzar al Gobierno a sentarse a negociar un cambio total del modelo de elección.

Si el Ejecutivo ha aceptado esa negociación conjunta, del CGPJ y del Constitucional, el PP, por su parte, parece haber asumido que el cambio del modelo de elección establecido en una ley orgánica con la que han operado distintos gobiernos desde 1985 es una posición que mantienen en sus documentos y de partida, y con la que iniciarán las conversaciones también ahora, pero no una condición intocable si el Gobierno muestra por su lado alguna flexibilidad. Y ese paso puede resultar decisivo para desbloquear este conflicto.

El nuevo “marco de diálogo” retomado este lunes entre Sánchez y Feijóo parece, pues, serio, aunque también ha quedado muy claro que es “la última oportunidad” que se conceden, como reseñaron en el balance pactado de la cita tanto Bolaños como Pons. Si este intento deriva de nuevo en fracaso, el Ejecutivo tendrá que empezar a plantearse medidas drásticas, como nombrar los dos miembros del Tribunal Constitucional que le corresponden, sin esperar a que el Poder Judicial designe los suyos. Pero ese no es ahora el plan A. Tanto el Gobierno como el PP se esforzaron por mostrar “optimismo” y relegar las grandes diferencias a la espera de ratificar en los próximos días si esa disposición se trata de una nueva maniobra de dilación.