“No somos cromos ni marionetas”

El futuro Gobierno de los jueces está harto de tanta espera: “No somos marionetas de la clase política, ni cromos intercambiales. Están jugando con nosotros”. Esta queja procede de algunos de los 51 jueces que recabaron hace cuatro años los apoyos de sus compañeros —hay 5.300 profesionales en España — para aspirar a formar parte del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que debía renovarse en diciembre de 2018.

Desde entonces, estos jueces esperan a que el PP acepte votar a 12 de ellos en el Congreso y en el Senado para integrar el nuevo CGPJ junto a ocho juristas de reconocido prestigio. El PP lleva cuatro años negándose a elegir entre esos 51 jueces a 12 vocales para el nuevo Consejo y sin sus votos, el PSOE no puede sumar los tres quintos necesarios para la renovación.

Entre los 51 jueces que eligieron los propios jueces para formar parte de las candidaturas que deben votarse en el Congreso y el Senado ya hay al menos ocho bajas entre fallecidos (César José García Otero); jubilados (Jesús María Calderón y Lucía Ruano); aspirantes que han renunciado (Victoria Rosell, Luis Rodríguez Vega y José María del Riego) y otros que fueron elegidos para otros cargos (Inmaculada Montalbán, ahora magistrada del Constitucional, y Diego Íñiguez, actual consejero del Tribunal de Cuentas).

EL PAÍS ha consultado a cerca de la mitad de los aspirantes que siguen en la carrera, quienes se lamentan de la situación.

Los jueces que propuso en 2018 la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria de la carrera, creen que se ha llegado a una situación crítica que amenaza con minar la confianza de los ciudadanos en la justicia. No quieren señalar a responsables concretos, pero hablan de fracaso de la política.

El magistrado del Supremo José Antonio Montero recuerda que su Asociación Profesional de la Magistratura tenía un programa y planes para el Consejo: “Lo peor no es no haber tenido ocasión de llevarlos a cabo sino la situación del Supremo, que resulta insostenible por la cantidad de vacantes sin cubrir”. El Gobierno aprobó en 2021 una reforma legal que prohibía hacer nombramientos a un Consejo del Poder Judicial con el mandato caducado y eso ha provocado que más de una decena de magistrados del Supremo que se han jubilado o fallecido no hayan sido sustituidos.

Moreno, como la mayoría de los candidatos que propuso la APM, defiende que los 12 vocales judiciales del Consejo sean elegidos directamente por los jueces sin participación del Congreso y el Senado. Aunque también precisan que en este momento hay que aplicar la ley vigente, en la que las cámaras eligen entre los candidatos propuestos por los jueces.

José Luis Núñez, juez decano en Vitoria durante 12 años, subraya que nadie puede tener dudas porque “la Ley, guste o no, hay que aplicarla, y ahora lo determinante es que haya un acuerdo de tres quintos de los diputados”, para lo cual “tienen que ceder unos y otros”. Núñez cree que la dimisión del presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, podría ser “un revulsivo” para acercar el acuerdo.

José María Páez, juez decano en Málaga, estima en cambio que para tener grandes consecuencias “la dimisión tendría que ser colectiva, de todos los miembros del Consejo”.

Alejandro Abascal, juez de la Audiencia Nacional, afirma: “Hay que renovar el Consejo con las normas vigentes, y que el nuevo haga una propuesta con el mayor consenso posible sobre cómo se deben elegir los 12 vocales judiciales. Estamos en una situación en la que ya hemos tocado fondo, porque se está haciendo un daño muy grande a las instituciones”.

Reyes Vila, juez de lo contencioso en Sevilla, afirma que “toda la carrera está paralizada” y lamenta la forma de negociación entre partidos, lo que la hace exclamar: “¡Yo no soy un cromo!”. Su conclusión es que “hay que cambiar el sistema de elección”.

Desde la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), considerados los centristas de la carrera, se aportan criterios similares. Mónica García de Yzaguirre, magistrada de la Audiencia de Tenerife, habla de “pérdida de oportunidades profesionales”, porque aspira a una plaza en el Supremo y desde hace un año y medio el Consejo no puede hacer nombramientos.

José Antonio Baena, juez de primera instancia en Torremolinos, y también de la Francisco de Vitoria, describe la situación como causante de “frustración y parálisis” en la carrera judicial. “Cuatro años sin renovación del Consejo no tiene justificación alguna. No somos muñecos ni juguetes de nadie”. Considera que la responsabilidad alcanza tanto al PSOE como al PP, porque “han mostrado hacia nosotros una falta absoluta de respeto”. Añade que “desde el PP siempre hay una excusa, ha cambiado de líderes pero todo sigue igual”, mientras “hay en todas partes y en particular en el Supremo nombramientos inaplazables”.

Todos los vocales del futuro Consejo tendrán dedicación absoluta, por lo que los elegidos que no vivan en Madrid tendrán que trasladar allí su despacho. Carlos Suárez-Mira, juez del Juzgado de lo Penal 3 de Ferrol, que se presentó con el aval de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), lamenta la existencia de vetos políticos a los candidatos. “Los 51 somos compañeros de carrera. Todos tenemos una formación similar que es buena y podríamos hacer un papel razonable en el órgano de gobierno”, señala. “No se puede paralizar el funcionamiento de un órgano por un empecinamiento personal que veta a unos o se empeña en que vayan otros. Eso no es serio”, señala Suárez-Mira.

“Hay candidatos con perfiles muy politizados del grupo conservador y nadie se echa las manos a la cabeza. Lo normal sería elegir proporcionalmente entre unos y otros, salvo que el empeño sea meter unos nombres en concreto y vetar otros. Es presumir la politización en el ojo ajeno y negarla en el propio”, lamenta Ignacio Martín Verona, que actualmente está en la Audiencia Provincial de Valladolid y se presentó a vocal del CGPJ también con aval de JJPD. “Todos tenemos ideología, otra cosa es que esta ideología implique un sesgo en tus decisiones”, afirma.

Carlos Hugo Preciado, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y también avalado por JJPD, coincide en que la idea de que los jueces deben ser “desideologizados” es “un mito que quiere transmitir el PP”. “Pero es mentira. Otra cosa es que la ideología se traduzca en militancia política. Eso es inaceptable. Pero es que es justo lo que buscan ellos: militantes políticos en plazas de gobierno del Poder Judicial”.

Preciado se muestra muy crítico con el bloqueo del PP, que él califica de “golpe de Estado”. “Un golpe blando porque no hay tanques. Pero hay una apropiación de una institución absolutamente fuera de las vías legales e inconstitucional. El PP quiere que se cambie el sistema de designación, pero ese sistema es el creado por Ruiz Gallardón [ministro de Justicia en el Gobierno de Mariano Rajoy] y diseñado para Carlos Lesmes. También quieren que los jueces elijan a los jueces, pero es que yo soy candidato porque me ha elegido mis compañeros en un proceso electoral”.

“El PP ha calculado esta estrategia y ha comprobado que no le pasa factura electoralmente. Y yo creo que tenemos que recuperar las instituciones. No se puede permitir en un país democrático que esto ocurra”, lamenta este juez.

Virginia Moreno, actualmente en un juzgado de lo Penal de Ciudad Real, se define como una juez “de trinchera”. En 2018, cuando decidió presentar su candidatura sin el respaldo de ninguna asociación, no tenía avales suficientes de su entorno y se puso manos a la obra para lograr su objetivo. Empezó a telefonear personalmente a otros compañeros de toda España —a “otros jueces de pueblo”— para que le dieran su apoyo. “Me presenté porque estaba un poco harta de lo que se oía en la calle, de lo que hablamos entre los compañeros: que es un órgano muy politizado, y que no estamos representados”.

Las magistradas Lucía Avilés, Adoración Jiménez y Mar Serna, de la Asociación Mujeres Juezas de España (AMJE), se marcaron como objetivo incorporar una visión más feminista al CGPJ, y presentaron sus candidaturas. “Para hacer más visible la necesidad de igualdad en la carrera”, remarca Serna, cuyo nombre sonó con fuerza como uno de los elegidos cuando estuvieron a punto de cerrar un acuerdo.

Avilés, jueza de lo Penal en Mataró, insiste en la misma idea: “Denunciamos el techo de cristal en la judicatura y era necesario visibilizarlo, tanto hacia dentro del Consejo como hacia fuera”, apunta la jueza, que muestra su “desconcierto” e “inquietud” por la parálisis del proceso de renovación, que llega a definir como una “anomalía democrática” y como “el secuestro político de una institución”.

En esa línea, Adoración Jiménez, jueza de lo social en Terrassa, considera “frustrante” esta situación: “Nosotras tres entendemos que el órgano de gobierno de los jueces necesitaba esa visión feminista que nosotras podemos incorporar”. “Como jueza y ciudadana, entiendo que es imprescindible que se renueve el CGPJ porque estamos hablando de un órgano constitucional y, no hacerlo, implica un déficit democrático. Es imprescindible cumplir los plazos que marca la Constitución”, subraya esta magistrada, que añade: “Ahora mismo no caben más excusas para cumplir con un mandato constitucional, al margen de si después se tiene que cambiar o no el sistema de renovación, que es un debate que le corresponde al legislativo”.

Mar Serna pone el foco en cómo han sido anteriores renovaciones: “Cuando el PP ha estado en la oposición, se ha tardado 22 meses, nueve meses y ahora cuatro años en renovar. Cuando el PSOE ha estado en la oposición, tres meses. Estos son datos objetivos, que demuestran algo”, apunta la magistrada, quien fuera consejera de Trabajo en el Govern catalán de José Montilla y titular actualmente de un Juzgado de lo Social de Barcelona.

José Fernández Seijo (juez de lo Social del TSJ de Cataluña) e Ignacio Espinosa (del TSJ de La Rioja). Fernández Seijo admite: “No me genera estrés el stand-by”, afirma, pero sí lamenta el “deterioro” que está sufriendo la justicia como consecuencia de esta situación. “El órgano lleva interino cuatro años y no se aprueban proyectos estratégicos, no se impulsan cambios para modernizar la justicia”, apunta, y se rebela contra la imagen de politización de la justicia que dan los partidos. “Yo tengo curriculum, no soy una marioneta, llevo 30 años en esto y no necesito tener un padrino político para aspirar en ser vocal”.

Pocos han vivido tan en primera persona ese intento de politizar su carrera como Ignacio Espinosa, tío del ministro Alberto Garzón. Fue durante 13 años presidente de la sala de lo Social del TSJ de La Rioja, y durante 16, presidente del tribunal superior, pero cuando se habló de él como un candidato seguro para el CGPJ, el PP amagó con vetarlo y algunos medios publicaron que Podemos quería “colocar” al tío del ministro. “Hice las oposiciones con 24 años. Me nombraron presidente de la sala de lo Social con 36, cuando mi sobrino tendría tres o cuatro. Cuando me eligieron presidente del TSJ, él tendría 16 o 17. Pero luego resulta que es cosa suya que yo pueda acceder al Consejo”, ironiza.

“De la lista de 51 podrían elegir a cualquiera, yo casi del 60% soy amigo, y de los otros, conocido y compañero a los cuales respeto. Somos igual de diversos que la sociedad“, señala Espinosa, que lamenta que la imagen que cala en la sociedad es la de que los jueces están politizados. “Cada vez que la gente de la calle oye hablar de los jueces en realidad está oyendo hablar de partido políticos. Es una batalla perdida”.

Los miembros de JJPD defienden el sistema de elección actual, con la intervención del Congreso y el Senado, aunque algunos abogan por debatir cambios cuando se renueve el actual Consejo para evitar futuros bloqueos. “Yo me presenté a unas primarias en mi asociación, presente un proyecto y me votaron. Lo mío no es una aventura personal de juntar a 25 amigos que me firman para defender sus intereses personales. Me he sometido a una elección” explica Fernández Seijo. Virginia Moreno, que se presentó como no asociada, discrepa y cree que el origen del problema es el propio sistema de renovación: “Habría que reformar el sistema de elección de los vocales. Una parte debe ser por elección directa de los jueces”, señala.