Parálisis judicial pese al cambio de líder del PP

El líder del PP Pablo Casado, votado por las bases, primero, y los compromisarios en segunda vuelta, quiso cumplir con el mandato constitucional sobre el Consejo General del Poder Judicial apenas seis meses después de que los socialistas arrebataran el poder a los populares a través de la primera moción de censura exitosa de la democracia. Aquel episodio retiró de la política a Mariano Rajoy y puso al frente del PP a Casado.

Los antecedentes sobre el control del Poder Judicial no aventuraban un camino sencillo para proceder a su renovación. Cuando José Luis Rodríguez Zapatero ganó las elecciones en 2004 y tocaba renovar el Consejo General del Poder Judicial, el PP bloqueó durante dos años el cambio.

Ahora parecía distinto. El mecanismo de la renovación se puso en marcha apenas tres meses después de que Sánchez llegara al Gobierno y de que Casado se pusiera al frente del PP.

Los jueces que aspiraban a formar parte del nuevo Consejo General del Poder Judicial presentaron sus candidaturas, unos avalados por las asociaciones judiciales, y otros recabando los apoyos de sus compañeros —alguno de los candidatos logró más de 300 firmas en un colectivo de 5.000 jueces—.

Dos meses después de la selección previa de los candidatos —51 jueces recibieron los avales necesarios— , el PP de Casado y el PSOE de Sánchez se pusieron de acuerdo y ataron todos los pormenores de la renovación. De los 20 vocales (12 elegidos de entre los 51 candidatos presentados; y 8 entre juristas de reconocido prestigio), 11 los elegiría el PSOE y 9 el PP. Y después ambos partidos los votarían en el Congreso y el Senado, sumando los tres quintos de votos necesarios para aprobar el nuevo Consejo General del Poder Judicial.

El mensaje envenenado

En ese acuerdo entre ambos partidos se incluyó el nombre de quien sería futuro presidente del Gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo. Se trataba de Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que unos meses después debía presidir el juicio contra los dirigentes independentistas catalanes por organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Los jueces candidatos (12 de los 51) que habían elegido los dos partidos para el nuevo Consejo General del Poder Judicial comenzaron a pasar el examen parlamentario obligatorio. Pero un mensaje de WhatsApp inoportuno, enviado supuestamente por el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, abrió una crisis en el proceso. El mensaje indicaba que el acuerdo para renovar el Poder Judicial —con un PP muy mermado en el parlamento— era perfecto, pues significaba tener como presidente del gobierno de los jueces a un magistrado supuestamente afín que les permitiría controlar “por detrás” la Sala de lo Penal del Supremo, que preside Marchena.

Este se tomó especialmente mal un mensaje que le presentaba como una marioneta del PP y rechazó el puesto, lo que dio al traste con todo el proceso de renovación del Poder Judicial.

Desde aquel mes de noviembre de 2018, el PP ha buscado distintas excusas para justificar su negativa a acordar la renovación del Consejo. La más escuchada durante estos años se refiere a la necesidad de cambiar el sistema de elección de los 12 jueces vocales. Lo curioso es que la exigencia del PP, mientras bloquea la renovación de un órgano que mantiene una mayoría amplia conservadora, ya estuvo presente en el programa electoral del PP con el que Rajoy llegó a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales de 2011. Y que esa promesa electoral para que los jueces eligieran directamente a los 12 vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial, la mantuvo el Gobierno de Mariano Rajoy en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados y llegó a convertirla en anteproyecto de Ley el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Pero el día que la propuesta llegó al Consejo de Ministros, el presidente decidió meterla en un cajón y olvidarse durante todo el mandato.

Tres años de excusas

Durante estos tres años, el PP ha utilizado varias excusas para aplazar el acuerdo sobre el nuevo Gobierno de los jueces, y ha exigido la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el sistema de elección.

Ni siquiera el cambio de líder y de parte de la dirección del PP han servido para aproximar un acuerdo, tan sencillo como elegir 12 nombres de entre los 51 candidatos (ahora algunos menos por fallecimientos o renuncias).

El próximo diciembre se cumplirán cuatro años de retraso en la renovación del Poder Judicial, el tiempo de una legislatura. Si el PP aplaza aún más la renovación hasta después de las próximas elecciones generales, se podría dar el caso de que este partido logre formar Gobierno e intente imponer, ahora sí, su mayoría para la nueva composición del Consejo del Poder Judicial.

En ese caso, según apuntan desde el PSOE, no tendrían fácil conseguir los votos suficientes en el Congreso y el Senado (tres quintos), salvo que cambiaran las reglas del juego a través de una reforma legal.