La coalición sale al combate ideológico contra el PP con un despliegue de gasto público

El aumento del gasto en Defensa molesta a Podemos, pero se negoció que quedara fuera de la competición con las medidas sociales

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, el 28 de septiembre pasado en el Congreso.
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, el 28 de septiembre pasado en el Congreso.EDUARDO PARRA (Europa Press)

La primera coalición de Gobierno desde la II República, y la única en toda Europa entre la socialdemocracia y un movimiento poscomunista surgido del 15-M como Unidas Podemos, no solo ha durado muchísimo más de lo previsto inicialmente, sino que llega al último año de legislatura reforzada internamente con la presentación de sus terceros Presupuestos, que contienen un enorme despliegue de gasto público para tejer un escudo social frente al parón de la economía y tratar de que el sector público contrarreste los efectos de una guerra en Ucrania y una recesión que amenaza a varios países europeos en plena crisis energética. La coalición ha sufrido tensiones negociadoras hasta el final, como siempre, y el gran aumento del gasto en Defensa —de un inédito 25,8% para cumplir con los compromisos adquiridos por Pedro Sánchez en la OTAN— han elevado la temperatura interna de este experimento que es el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos (UP), pero la voluntad de sacar adelante unos Presupuestos sociales fue más fuerte. Los negociadores han logrado pactar varios asuntos que permiten a casi todos —en Podemos hay más malestar— salir satisfechos de las terceras Cuentas de la coalición.

De hecho, el gasto en Defensa, lo más delicado de todo, fue de lo primero que se abordó y se pactó rápidamente que el gasto del ministerio apenas aumentaría —un 6%, por debajo de otros departamentos y de la inflación—, mientras el grueso del incremento se llevaría fuera del techo de gasto a través de créditos y partidas del Fondo de Contingencia, pensado para imprevistos. Y así ha sido. El aumento de 1.800 millones de euros, que servirá para “modernizar” el Ejército, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que supondrá grandes contratos para la industria de defensa española con 23.000 empleos directos que se verán involucrados por este dinero —en especial, en los astilleros de zonas deprimidas en Galicia y Cádiz— ha quedado diluido de forma que Unidas Podemos pueda asumirlo.

A cambio de tragar este sapo, que estuvo en el origen del Consejo de Ministros más tenso de la coalición, en julio, el grupo de la vicepresidenta seginda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene para exhibir unos Presupuestos de clarísimo contenido social —aumenta un 10,4% el gasto social, el mayor de la historia— con unas pensiones que suben al 8,5% en un momento en el que prácticamente ningún salario privado ni público lo está haciendo a ese nivel y partidas muy relevantes para Díaz como un aumento en el seguro de desempleo para 300.000 parados que puede suponer hasta 100 euros al mes de subida.

La satisfacción tanto de Montero como de Díaz era muy evidente, aunque en algunos sectores de Podemos empezaron las críticas por el gasto en Defensa y Pablo Echenique, el portavoz parlamentario, acusó en Twitter al PSOE de haberles engañado. “Nosotros no vamos a romper el Gobierno por una deslealtad del PSOE, porque sería muy irresponsable cuando tenemos a Feijóo y Abascal afilando los cuchillos. Pero quiero decir claramente que nos han ocultado el aumento unilateral en el gasto en defensa y que es una vergüenza”, señaló. “Podemos no estaba informado”, reiteran fuentes del partido. “Se solicitó ver el marco presupuestario completo y no lo entregaron, como sí ocurrió en las negociaciones de PGE de los años anteriores”, añaden.

Fuentes tanto de los socialistas como de UP confirman, sin embargo, que estas partidas para modernizar el Ejército, aunque no son las que haría el equipo de Díaz, estaban negociadas desde el principio y no han sorprendido a nadie, aunque no estaba previsto que en la presentación ante la prensa se sumara todo y se publicara un gráfico en el que quedaba muy claro ese casi 26% de aumento mientras Montero presumía de que “Sánchez cumple con sus compromisos”.

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Aumento de inversión pública

Otro de los grandes hitos del Presupuesto es el aumento de la inversión pública, de hasta un 33%, una cifra también histórica y mucho más si se tiene en cuenta que las Cuentas se presentan el mismo día en el que el Gobierno confirma que revisa a la baja la previsión de crecimiento para 2023. De tal manera que el Ejecutivo lanza una señal política y económica clara: “Este Presupuesto demuestra que el sector público no es un lastre, al contrario, actúa como locomotora, uno de los motores que permiten la creación de empleo”, sentenció Montero. Esto es, frente al frenazo de la economía, que no llega a recesión, pero sí menor crecimiento, el Ejecutivo opta por gastar más dentro del margen que tiene para relanzar la economía y desplegar un escudo social de protección.

“El gasto en sanidad se habrá duplicado en esta legislatura respeto al último presupuesto del PP. En educación se habrá aumentado un 60%. En becas hay un incremento de casi 900 millones de euros. En ciencia, un 80%. En infraestructuras un 50% más. En dependencia un 150%”, sentenció Montero, que aprovechó las cuentas para entrar ya directamente al combate ideológico con el PP en el que está embarcado el Gobierno. De hecho, Sánchez, de forma inédita, ha decidido que lejos de dejar el debate solo para Montero, como era habitual, será él quien encabezará dos cruces, uno en el Congreso y sobre todo otro en el Senado con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para contrastar sus Presupuestos y su modelo fiscal con el del PP. Mientras, Feijóo insistía en que los Presupuestos son “antisociales” porque no contemplan la bajada de impuestos por debajo de 40.000 euros anuales que él plantea.

Y en medio de ese aumento del gasto social, el Gobierno anunció una medida de las que están muy satisfechos tanto en el PSOE como en Unidas Podemos: la gratuidad de los abonos de transporte público de Cercanías y Media Distancia que dependen del Estado se prorroga todo 2023 con la idea de poder hacerlo estructural (esto es, para siempre). El éxito de esta medida ha sido arrollador, ha provocado aumentos del uso de transporte público de hasta el 40% en algunos casos. Y supone un ahorro para los trabajadores en algunos casos de más de 100 euros al mes, en la mayoría por encima de 50, un dinero que para los salarios más bajos es muy relevante. De hecho, Montero animó a que comunidades y ayuntamientos sigan la misma línea y hagan gratuito todo el transporte público, también el que depende de ellos, una forma de combatir la inflación y a la vez reducir la contaminación. En Alemania, iniciativas similares han tenido también un éxito muy superior al esperado. Montero explicó que los 700 millones de euros anuales que cuesta esta medida son una inversión muy rentable si a cambio se logra un gran aumento del uso del transporte público y se ayuda a sobrellevar la inflación a la clase media trabajadora, que es la que más usa el transporte público.

No todo es paz en la coalición. Podemos, el partido de Ione Belarra, fue el más beligerante, al elevar sus críticas al PSOE por el bloqueo en la ley de vivienda —e incluso alentar la protesta— y el incremento del gasto militar. La cifra global ha descolocado a Podemos. “Desde Podemos nos hemos opuesto frontalmente en esta negociación a cualquier aumento del gasto militar porque pensamos que España tiene mucha más necesidad de profesores, de médicas y de transporte público que de armas y de tanques”, ha vuelto a marcar distancias Belarra. “También porque somos conscientes de que un aumento en este sentido pone mucho más difícil revalidar la mayoría progresista y plurinacional que sostiene a este Gobierno y que ha permitido los principales avances de esta legislatura”, concluye.

No habían pasado ni seis horas del anuncio sobre un pacto en la coalición para los Presupuestos cuando la secretaria general de Podemos cargaba contra el socio mayoritario en un vídeo publicado en redes sociales. “El PSOE ha mostrado una resistencia total a desbloquear la ley de vivienda”, acusaba Belarra. “Esta resistencia solo se explica porque está excesivamente alineado con los intereses de la patronal inmobiliaria y no tiene un compromiso firme con el impulso de la vivienda pública”, criticaba antes de pedir a la ciudadanía que les ayude a “empujar” y que se “movilicen” para que la norma, encallada en el Congreso desde febrero pasado, pueda salir adelante. Díaz, en los pasillos del Senado, ha reconocido también que es “clara la necesidad” de que la norma “salga adelante”. “Por esto nos juzgarán los españoles”, señaló después de valorar, en un tono distinto a Podemos, la negociación global como “muy fructífera”.

El PSOE, a través de Montero, explicó que rechazaron vincular vivienda y Presupuestos porque ya lo hicieron el año pasado y ellos cumplieron, aprobando una ley pactada en Consejo de Ministros que ahora para Unidas Podemos es insuficiente, aunque estaba acordada punto por punto. La sensación en el partido de Belarra es que la negociación, que ha dirigido la vicepresidenta, no ha ido del todo bien y lamentan haberse dejado por el camino además de vivienda, la ley mordaza (que pedían acelerar en el Parlamento) o determinadas partidas vinculadas a ministerios de su grupo. Aun así, también dentro de Podemos reconocen que la combinación entre el paquete fiscal anunciado la semana pasada, con un nuevo impuesto a las grandes fortunas, y algunas partidas sociales anunciadas hoy, supone unos Presupuestos importantes: los terceros de la coalición, que ahora inician su andadura parlamentaria con bastantes probabilidades de éxito, aunque aún queda mucho por negociar con los demás socios.

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