El Supremo avala la decisión de Marlaska de cesar al coronel Corbí como jefe de la UCO de la Guardia Civil

El Tribunal Supremo ha hecho pública este lunes la sentencia en la que avala la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cesar, en agosto de 2018, al coronel de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí como máximo responsable de la Unidad Central Operativa (UCO), la principal unidad de investigación de la Guardia Civil en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. En el fallo, cuyo sentido fue adelantado el 20 de septiembre, los cinco magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo concluyen que la destitución contó con una “motivación clara, suficiente y comprensible” de la pérdida de confianza que esgrimió Interior para ordenarla y, por tanto, se ajustó a la legalidad.

Con esta sentencia, el Supremo rechaza el recurso de casación presentado por el coronel y respalda las dos sentencias dictadas en el mismo sentido por la Audiencia Nacional en diciembre de 2019 y julio del año siguiente. El Supremo aún debe pronunciarse sobre otra destitución polémica de un alto mando de la Guardia Civil, el también coronel Diego Pérez de los Cobos, al que Grande-Marlaska cesó igualmente por pérdida de confianza tras filtrarse a la prensa detalles de una investigación de la Guardia Civil sobre la manifestación del Día de la Mujer en Madrid el 8 de marzo de 2020 y su supuesta relación con la propagación de la covid-19.

El cese de Sánchez Corbí se produjo al poco de asumir Grande-Marlaska la cartera de Interior y fue fruto de un correo electrónico que el alto mando envió a sus subordinados. En ese mensaje, el coronel informaba de que se había agotado la caja de fondos reservados de la unidad y suspendía “cualquier actividad que requiera el uso de fondos de esa partida”. Interior, donde en aquel momento se estaba produciendo una batalla soterrada entre la Guardia Civil y la Policía Nacional por las cuotas de poder en la reestructuración impulsada por Grande-Marlaska, interpretó el mensaje, que se filtró a la prensa, como un órdago, y ordenó destituir a Sánchez Corbí al considerar que este había suspendido operaciones en marcha sin autorización.

El cese del alto mando, que ocupaba el puesto desde diciembre de 2015, provocó malestar en el instituto armado y abrió un abismo en su relación con el ministro. Meses después, Sánchez Corbí fue destinado a un puesto no operativo, como responsable del Servicio de Protección y Seguridad (Seprose), encargado de las relaciones de la Guardia Civil con las empresas de seguridad privada. En febrero de 2021, el coronel pidió su baja en el servicio activo para incorporarse a la empresa privada, en concreto al grupo Acciona.

En su resolución conocida este lunes, los magistrados, en línea con las dos sentencias de la Audiencia Nacional, consideran que cualquier cese en un puesto de libre designación de la Administración exige una motivación en la que se pongan “de manifiesto las razones por las que se produce esa pérdida de confianza, esencial en el desempeño de este tipo de puestos” para que el afectado “pueda defenderse”. Para el Supremo, en el caso concreto de Sánchez Corbí esa motivación existió al detallar Interior en la orden de cese que este se producía por el envío del correo electrónico en el que ordenaba suspender operaciones a sus subordinados “sin haber recibido ningún tipo de instrucción de sus mandos orgánicos o de autoridad judicial o Ministerio Fiscal, poniendo en riesgo el éxito de operaciones policiales y judiciales”.

Para los magistrados, este texto de Interior “proporciona una motivación clara, suficiente, comprensible y específica al caso”, sin que puedan por tanto tildarse esas explicaciones de “genéricas ni estandarizadas”. El fallo destaca que el propio coronel “tuvo conocimiento de las razones que condujeron a su cese y actuó en consecuencia, como demuestra el alegato esgrimido en su defensa en las sucesivas impugnaciones”.

La sentencia también rechaza que la destitución fuese una sanción disciplinaria “ni manifiesta ni encubierta”, como planteaba Sánchez Corbí en su recurso, y recalca que la misma no supuso “afrenta a la profesionalidad del recurrente”. El fallo recuerda una sentencia del alto tribunal de septiembre de 2019 que concluía que los puestos de libre designación no dan al que lo ocupan “un derecho a la inamovilidad en ese concreto puesto”. Por todo ello, el tribunal rechaza el recurso de casación y confirma la sentencia de la Audiencia Nacional.