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El popular Alberto Casero vuelve a equivocarse y vota sí a una comisión para investigar al Gobierno de Rajoy

El diputado del PP salvó la reforma laboral del Gobierno tras cometer un error y ahora da su respaldo a una comisión de investigación solicitada por Bildu, ERC y Más País

Alberto Casero diputado PP
El diputado del PP Alberto Casero en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados de este miércoles.Carlos Luján (Europa Press)

El Gobierno y sus aliados han encontrado un involuntario apoyo en las filas del PP. El diputado popular Alberto Casero, que en febrero salvó con su voto una reforma laboral para la que el Ejecutivo no contaba con suficientes apoyos, ha vuelto a equivocarse y ha emitido este jueves un voto a favor de la creación de una comisión de investigación solicitada inicialmente por ERC, EH Bildu y Grupo Plural, para investigar presuntas prácticas ilegales y corruptas del PP en los gobiernos de Mariano Rajoy. Casero ha sumado su voto al de los grupos independentistas y la formación de izquierdas, que habían pactado con el PSOE su apoyo.

En esta ocasión el voto de Casero no ha resultado crucial para sacar adelante la propuesta, que ha sido aprobada con 191 a favor, 153 en contra y una abstención. Pero sí lo fue en febrero, cuando solo gracias a su voto salió adelante la reforma laboral tras la negativa a apoyarla de ERC, aliado habitual del Ejecutivo en el Parlamento, y el desplante de los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro que, contrariamente al criterio de la directiva de su partido, cambiaron el sentido de su voto, sin aviso previo, y dijeron no a la medida.

Entonces el PP culpó al Congreso de no registrar correctamente el sentido del voto del parlamentario cacereño y alegó que la Presidencia de la Cámara fue informada con antelación y no permitió la corrección. Su partido recurrió la votación al Tribunal Constitucional. Este jueves el Grupo Popular sí ha reconocido que el sentido del voto de Casero ha sido fruto de un error.

El diputado tiene una causa abierta en el Tribunal Supremo por los contratos que firmó en 2017 y 2018, en su etapa de alcalde de Trujillo (Cáceres). El magistrado del alto tribunal Andrés Palomo ha constatado “indicios racionales” de prevaricación y malversación en ellos y este lunes pidió a la Sala de lo Penal que, a su vez, pida permiso al Congreso para actuar contra el parlamentario.

La nueva comisión de investigación en el Congreso será la cuarta que aborde las presuntas prácticas ilegales y corruptas del PP durante su etapa en el Gobierno. El pleno de la Cámara baja votó mayoritariamente a favor de la comisión, que en principio había sido demandada por los socios independentistas del Ejecutivo, ERC, EH Bildu y Grupo Plural, sobre la Operación Cataluña montada desde aparatos del Estado para desprestigiar a líderes separatistas, pero que al final será “sobre todas las corruptelas del PP”, como resumió Felipe Sicilia, el portavoz socialista que defendió la enmienda que salió adelante. El PSOE logró, además, que esas averiguaciones se frenen tras su llegada al Gobierno. El PP, Vox y Ciudadanos mostraron su oposición y relacionaron la propuesta con un “chantaje” de los socios del Ejecutivo “que persiguen la ruptura de España”. El PP llegó a proponer, sin éxito, que las investigaciones de las llamadas cloacas del Estado se extendieran a toda esta etapa democrática.

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