El Supremo cita como investigado al diputado del PP Alberto Casero por los contratos que firmó como alcalde de Trujillo

El Tribunal Supremo ha citado para el próximo 20 de junio, el día después de las elecciones autonómicas de Andalucía, al diputado del PP Alberto Casero para que declare voluntariamente como investigado por varios acuerdos y contratos menores que firmó cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) entre los años 2017 y 2018. El magistrado Andrés Palomo, instructor de la causa abierta en la Sala de lo Penal ha fijado la citación después de que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo elevase al Supremo una exposición razonada en la que se calificaban los hechos atribuidos al entonces alcalde como delito continuado de prevaricación administrativa. Casero es investigado en el Supremo por su condición de aforado.

El diputado del PP, que saltó a la fama por su error fatal en la votación de la reforma laboral en el Congreso, ha sido llamado a declarar de forma voluntaria en calidad de investigado, un trámite habitual en las causas contra aforados que instruye el Supremo con el que se persigue evitar que el tribunal reclame al Congreso el suplicatorio para actuar contra el parlamentario. Pero, si las explicaciones de Casero y el resto de pruebas iniciales no convencen al instructor y este considera que hay indicios de delito, Palomo deberá exponerlas a la Sala de lo Penal para que pida el suplicatorio y se actúe contra el diputado.

La causa contra Casero partió de una denuncia de la Fiscalía por supuestas irregularidades en contratos y convenios acordados por el ahora diputado cuando era alcalde de Trujillo. En el auto dictado en marzo pasado para comunicar la apertura de la causa, el tribunal explicó que la exposición razonada enviada por el jugado extremeño “señala indicios sólidos de que los citados actos de contratación se realizaron por Casero (mano derecha del hasta ahora último secretario general del PP, Teodoro García Egea) sin sujetarse al procedimiento administrativo previsto para ello, comprometiendo el pago de diversas cantidades, sin comunicarlo al Ayuntamiento y sin los informes necesarios, según prueba documental y testifical que incluye el Juzgado en su documento”.

La investigación se centra en seis casos concretos, que costaron al Ayuntamiento de Trujillo casi 100.000 euros. El primer contrato sospechoso es el de un psicólogo que firmó Casero en marzo de 2017 “ocultándolo al Ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto”. Meses después, suscribió otro convenio de 25.000 euros con la Cámara de Comercio de Perú “sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a información pública ni publicarse en el BOE”.

El alto tribunal subraya otro contrato de 2017 por el que el entonces alcalde de Trujillo pactó verbalmente aportar 18.000 euros a un acto que organizaba la entidad cultural Asociación Cultural Bon Vivant, con la que ya en julio de 2018 cerró otro contrato de patrocinio por 18.000, en el que se comprometía, además, a asumir “otros costes”. Ambos fueron suscritos “sin seguir procedimiento administrativo alguno”. Finalmente, el Supremo detalla otros dos asuntos de 2018: la contratación de Icaro Consultores en Comunicación para organizar un acto por importe de 14.303 euros más IVA y la concertación con Radio Interior S.L. de un contrato de servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo por más de 15.000 euros. Para este último, Casero supuestamente empleó el procedimiento propio del contrato menor cuando la cuantía impedía hacerlo por este método.

Casero se hizo famoso el pasado 4 de febrero por un error en una votación que salvó la reforma laboral del Gobierno. El diputado votó desde su casa la convalidación de la reforma y se equivocó. Tenía que haber votado no, como ordenó el PP a sus parlamentarios, pero le dio al sí en el ordenador de su domicilio, donde se encontraba supuestamente con gastroenteritis. El fallo sirvió para que la reforma fuese refrendada con 175 diputados a favor y 174 en contra y para contrarrestar el cambio de parecer también sobre la bocina y en el momento de la votación de los dos diputados de UPN, que al final se sumaron al bando del no en contra del mandato de la dirección de su partido en Navarra.