El Gobierno vasco rechaza 200 de las 310 solicitudes de presos para cumplir condena en sus cárceles

Desde que asumió la gestión de las prisiones en Euskadi, el Ejecutivo de Urkullu ha aceptado 36 peticiones de condenados por terrorismo de ETA

Beatriz Artolazabal (izquierda), con responsables de prisiones vascas, junto al penal de Basauri (Bizkaia) en octubre de 2021.
Beatriz Artolazabal (izquierda), con responsables de prisiones vascas, junto al penal de Basauri (Bizkaia) en octubre de 2021.Fernando Gómez / Europa Press

Centenares de presos han solicitado ser trasladados a los centros penitenciarios de Zaballa (Álava), Basauri (Bizkaia) y Martutene (Gipuzkoa) desde que el Gobierno vasco asumiera, el pasado 1 de octubre, su gestión. Según el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, en estos 10 meses han recibido 310 solicitudes, de las que ha rechazado 200. Entre las aceptadas, 36 corresponde a reclusos condenados por su actividad en ETA. Otros cinco internos etarras están pendientes. Por el contrario, en el mismo periodo, solo 96 internos que estaban recluidos en ellas han pedido abandonarlas para ir a penales de fuera de la comunidad. A 63 se les ha aceptado, según datos del Ejecutivo vasco. Las cárceles de Euskadi tienen en la actualidad 1.516 reclusos ―más de un centenar son miembros de la extinta organización terrorista― y están, según fuentes del Ejecutivo vasco, al límite de su capacidad con la plantilla de funcionarios de la que disponen. En numerosas actas de resolución con las que el Gobierno de Vitoria ha rechazado por “improcedente” el traslado a sus cárceles de presos se recoge, precisamente, como causa la “escasez de plazas en los centros penitenciarios de Euskadi”.

Esta atracción que ejercen las cárceles vascas sobre la población reclusa del resto de las prisiones de España ya fue reconocida por la consejera Beatriz Artolazabal (PNV) en una respuesta parlamentaria del pasado abril: “Parece que el traspaso ha podido generar expectativas de ingreso en centros vascos o de traslado a los mismos de más personas que anteriormente, o de personas que no habían mostrado dicho interés o se les había denegado por improcedente”. En aquel momento, cuando se cumplían seis meses desde que Vitoria asumiera la competencia, el Ejecutivo vasco había rechazado ya 110 solicitudes y aceptado otras 80, de las que 29 eran de presos de ETA. Las cifras actuales apuntalan esta tendencia.

Penas en régimen abierto

Jaime Tapia, magistrado y asesor en política penitenciaria del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, apunta a que buena parte de este incremento puede estar motivado por la anunciada aspiración del Gobierno vasco de potenciar el tercer grado o semilibertad para que, al menos, el 40% de los reclusos (el 50% en el caso de las mujeres) cumplan sus penas en régimen abierto. En la actualidad ya hay 442, el 29%, un porcentaje superior al del resto de las cárceles del estado, que se situaba el pasado junio en el 18,8%. Algunas asociaciones de víctimas del terrorismo recelan de esta medida y el PP y Vox acusan al Gobierno vasco de plantear con ello un modelo penitenciario “a la medida de ETA”.

Tapia entiende como “una aspiración legítima” que presos encarcelados en otras comunidades pidan el traslado para intentar acceder antes a beneficios penitenciarios, pero niega que con ello se esté dando un trato de favor a los presos de ETA. “Se trata a todos los internos por igual”, recalca y asegura que se ha rechazado la llegada de algunos etarras, cuyo número no concreta. “Los presos de ETA tienen unas circunstancias especiales. Han pasado muchísimos años en primer grado [penitenciario, el más duro], a veces de modo no justificado, y han cumplido gran parte de sus condenas en cárceles muy alejados del País Vasco, y eso se tiene en cuenta a la hora de aceptar su traslado”, añade.

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El principal argumento que esgrimen los presos para solicitar un traslado de prisión es la supuesta cercanía del centro al que quieren ir con su lugar de arraigo familiar y social. Es una posibilidad contemplada en la ley general penitenciaria para facilitar la reinserción. Sin embargo, la aplicación de este precepto no es automática y la decisión final queda en manos de la Administración, que es la que en última instancia asigna a los presos a uno u otro penal por motivos de organización. “La ley deja a la Administración un amplio margen de interpretación que puede derivar en arbitrariedad”, señala Blanca Ramos, presidenta de la subcomisión de derecho penitenciario del Consejo General de la Abogacía. No obstante, el recluso siempre puede recurrir la decisión.

Tapia recalca que “el traslado por arraigo no constituye un derecho subjetivo [de los internos]” y recuerda que no existe “una norma escrita” que determine cuáles son los requisitos mínimos para considerar constatada esa vinculación con un lugar. “Hemos tenido presos que han pedido el traslado alegando que tenían a sus padres, a un hermano o, incluso, a un primo en Euskadi, pero cuya mujer e hijos, que son los que habitualmente se comunicaban con él [visitas a prisión y llamadas telefónicamente], vivían cerca de donde estaban recluidos. A estos se les ha rechazado”, explica el asesor del Gobierno vasco. La responsable de derecho penitenciario del Consejo General de la Abogacía insiste que cada caso debe estudiarse de modo individual y pide que “se prime lo que plantea el interno para decidir sobre si existe arraigo o no, siempre que no haya un motivo justificado como, por ejemplo, una medida de alejamiento recogida en una sentencia”.

En estos 10 meses, el Gobierno vasco se ha enfrentado a toda una casuística de peticiones de traslados a sus cárceles que, en opinión de fuentes del Departamento de Justicia, explican el alto número de solicitudes rechazadas. “Las razones para no aceptarlas son diversas y, a veces, múltiples o combinadas”, añaden. Así, se ha negado el traslado a presos que debían estar a disposición de juzgados y tribunales de otras comunidades autónomas porque tienen procesos judiciales pendientes. En otras ocasiones, porque sobre el interno existía una orden judicial de expulsión de España una vez cumpliera su condena. El Gobierno vasco también ha alegado en ocasiones que las cárceles vascas no cuentan con determinados “recursos de tratamiento idóneos para el abordaje de las necesidades específicas” para el interno o, incluso, que en algunos casos no constaba la imprescindible petición expresa del preso para ser cambiado de cárcel.

También se le ha denegado a reclusos que ya habían estado antes del traspaso de las competencias en algunas de las tres cárceles vascas, pero que en su día fueron llevados a otros penales “por desadaptación regimental”, es decir, por conflictivos. Tapia señala que en estos meses se ha producido un fenómeno curioso: personas recién condenadas en otras comunidades que han acudido con la orden de ingreso en prisión a las cárceles vascas para empezar a cumplir sus penas en estas. Tapia detalla que la actualidad hay “entre 300 y 400 presos” en cárceles vascas que no tienen ningún arraigo con la comunidad. “¿Significa eso que les vamos a mandar a otras cárceles? Ni muchos menos. Algunos están inmersos en procesos de reinserción que no conviene cortar. No se trata de hacer un intercambio de presos con Interior”, recalca.

Funcionarios de prisiones destinados en Euskadi critican los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo vasco para rechazar tantas peticiones y le acusan de aceptar únicamente a internos poco conflictivos para lograr “una población reclusa a la medida”. Otro trabajador añade que con los presos de ETA se cumple esta supuesta premisa: “No son problemáticos. Se han integrado en el día a día penitenciario con la intención de acceder a beneficios”. En la actualidad, de los más de 1.500 reclusos que dependen de los tres centros penitenciarios de Euskadi, seis (el 0,4 %) estaban clasificados en primer grado, el régimen penitenciario que se aplica a presos peligrosos o que muestran una clara inadaptación. En las prisiones dependientes de Interior, donde en junio había algo más de 47.000 presos, eran 372 (el 0,8%).

Tapia rechaza estas acusaciones y señala que, antes de que el Gobierno transfiriera la gestión de las tres prisiones al Ejecutivo vasco, el perfil de los internos allí encarcelados era muy similar al actual y que ya entonces, como ahora, no había módulos con medidas de seguridad específicas para acoger a presos en primer grado. “El año que viene habrá uno en [la prisión de] Zaballa”, avanza.

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Sobre la firma

Óscar López-Fonseca

Redactor especializado en temas del Ministerio del Interior y Tribunales. Llego a EL PAÍS en marzo de 2017 tras una trayectoria profesional de más de 30 años en Ya, OTR/Press, Época, El Confidencial, Público y Vozpópuli. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.

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