Interior traslada al País Vasco a dos presos de ETA clave para acabar con los homenajes a exreclusos

Ainhoa Mujika y Juan Antonio Olarra, hasta ahora en la cárcel de Logroño, son los portavoces del EPPK, el colectivo que engloba a los internos

Los presos etarras Ainhoa Mujika y Juan Antonio Olarra, cabezas visibles del EPPK, durante un juicio celebrado contra ellos en la Audiencia Nacional en septiembre de 2007.
Los presos etarras Ainhoa Mujika y Juan Antonio Olarra, cabezas visibles del EPPK, durante un juicio celebrado contra ellos en la Audiencia Nacional en septiembre de 2007.Bernardo Rodriguez (EFE)

El Ministerio del Interior ha anunciado este jueves el próximo traslado de nueve presos de ETA a cárceles del País Vasco y de otros dos a la prisión de Pamplona, según ha informado Instituciones Penitenciarias. Entre los que pasarán a los penales que desde octubre gestiona el Gobierno de Iñigo Urkullu se encuentra la pareja formada por Ainhoa Mújika Goñi y Juan Antonio Olarra Guridi, actualmente recluidos en la prisión de Logroño y que ejercen el papel de portavoces del colectivo de presos de ETA (EPPK en sus siglas en euskera), que engloba a los internos que se mantienen en la ortodoxia de la banda armada. Ambos exdirigentes etarras jugaron un papel clave en los dos años de debate interno que desembocaron, el pasado 29 de noviembre, en el comunicado en el que los presos etarras reclamaron el final de los homenajes públicos que reciben cuando son excarcelados, los conocidos como ongi etorri.

Junto a Mujika y Olarra, Instituciones Penitenciarias trasladará a otros cuatro exjefes de la organización terrorista. Se trata de Juan Carlos Iglesias Chouza, alias Gadafi; Eneko Gogeaskoetxea, Ainhoa García Montero y Gorka Palacios. Junto a ellos, también pasarán a ocupar celdas en cárceles vascas José Lorenzo Ayestarán Legorburu, alias Fanecas; Francisco Javier Makazaga Azurmendi e Ibai Ayensa Laborda.

A la cárcel de Pamplona, que gestiona Interior, serán acercados Luis Mariñelarena, condenado por el asesinato del dirigente socialista Fernando Buesa; y Juan Ramón Carasatorre, que cumple 30 años de pena por el crimen del dirigente del PP vasco Gregorio Ordóñez. Cuando se materialicen estos traslados, las cárceles vascas acogerán a 107 reclusos de la organización terrorista y cinco en libertad condicional, según datos del Gobierno Vasco. En prisiones dependientes de Instituciones Penitenciarias permanecerán 70, de ellos 10 en el penal de Navarra. En centros penitenciarios de Francia hay otros 18.

Mujika y Olarra Guridi son dos históricos de la organización terrorista. Ella formó parte del comando Madrid y su compañero fue uno de los jefes del aparato militar de ETA hasta la detención de ambos en Francia en 2002. Tras cumplir condena en este país, fueron entregados a España. Ambos cumplen una condena acumulada de 30 años por los delitos de asesinato, atentado, estragos, lesiones, tenencia de explosivos y depósito de armas. En marzo del año pasado Interior los trasladó desde la cárcel de Granada a la de Logroño, y les progresó al segundo grado penitenciario, en el que está el 78% de los presos en España. Entonces, Instituciones Penitenciarias destacó que ambos habían aceptado “la legalidad penitenciaria” y presentado escritos en los que “rechazaban el uso de la violencia y se responsabilizan del daño causado a las víctimas de sus delitos”.

El 6 de enero de 2018, cuando ambos aún estaban recluidos en la cárcel de Granada, Mujika y Olarra mantuvieron el primero de los siete encuentros con Agus Hernan, coordinador del Foro Social —un movimiento creado en Euskadi en 2017 durante el desarme de ETA para facilitar el proceso de paz—, que desembocaron en el comunicado que puso fin a los ongi etorri. En aquellos encuentros, los dirigentes etarras transmitieron a su interlocutor la “total disposición” del colectivo a asumir su responsabilidad en los atentados cometidos y a reconocer el daño causado a las víctimas si eso favorecía a su situación penitenciaria. Entonces aún gobernaba Mariano Rajoy. A aquel encuentro, siguieron otros seis, que desembocaron en el comunicado del EPPK de noviembre en el que, además de admitir el dolor que causaban los homenajes a las víctimas, pedían que, en lo sucesivo, se hicieran únicamente en espacios privados y “entre allegados”.

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Con ello, añadían, pretendían “aliviar todo sufrimiento y abrir nuevas opciones, ir sanando heridas y fortalecer la convivencia”. El EPPK destacó entonces que hacía público aquel pronunciamiento tras consultar a los algo más de 200 etarras que entonces permanecían encarcelados en España y Francia. Hoy son 195. A aquel texto se opusieron menos de una decena, el 5%, todos alineados con el sector disidente que ya rechazó en su día el abandono de la violencia por parte de ETA. Desde entonces, el EPPK que encabezan Mujika y Olarra se ha centrado, precisamente, en lograr el acercamiento de todos los presos a las cárceles del País Vasco y Navarra. También a que se les aplique la legislación penitenciaria para mejorar su régimen de vida en prisión y acceder a la libertad condicional. Además, reclaman que la Fiscalía y los jueces no se opongan a los permisos que las cárceles empiezan a concederles.

Sobre la firma

Óscar López-Fonseca

Redactor especializado en temas del Ministerio del Interior y Tribunales. Llego a EL PAÍS en marzo de 2017 tras una trayectoria profesional de más de 30 años en Ya, OTR/Press, Época, El Confidencial, Público y Vozpópuli. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.

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