El final de la otra dispersión de los presos de ETA: solo tres de los 190 siguen en el régimen carcelario más duro

Todos más cerca del País Vasco y Navarra, y también con un régimen penitenciario menos estricto. El Ministerio del Interior puso fin, el pasado jueves, de un modo simbólico a la política de dispersión de los presos de ETA puesta en marcha por el Gobierno socialista de Felipe González en 1989 con el anuncio del traslado de los cuatro últimos reclusos de la organización terrorista que permanecían en cárceles de Andalucía. El departamento de Fernando Grande-Marlaska acompañó la medida con un segundo cambio en la situación penitenciaria de estos reclusos: los cuatro fueron también progresados del primer grado o régimen cerrado, el más duro, al segundo u ordinario, lo que les permitirá acceder a beneficios penitenciarios si cumplen ciertos requisitos.

Tras esta decisión, solo tres de los 190 reclusos de la organización terrorista (que representan el 1,6% del colectivo) continúan en primer grado, según datos de Interior a los que ha tenido acceso EL PAÍS. En febrero de 2018, solo tres meses antes de que ETA anunciase su disolución y con el PP en La Moncloa, la situación era muy distinta. De los 245 presos etarras que había entonces, 209 (el 88%) estaban clasificados en este régimen. Grande-Marlaska defendió este lunes en Vitoria, donde acudió a la presentación del primer tomo de un proyecto de investigación sobre el terrorismo en el País Vasco, la nueva política penitenciaria. “Lo que es legal es legal, y no hay puntos intermedios”, dijo.

De los 187 reclusos restantes, ocho están aún sin clasificar o son preventivos (a la espera de juicio); 167 (el 87,9%) están clasificados en segundo grado penitenciario, y 12 (6,3%), en tercer grado o semilibertad. Los 179 etarras incluidos en estos dos últimos grupos (el 94,2%) pueden solicitar permisos carcelarios —hasta un máximo de 36 días al año los clasificados en segundo grado, siempre con el visto bueno judicial, y 48 los que están en semilibertad— si han cumplido un cuarto de su condena y otros requisitos como el buen comportamiento. No obstante, la concesión de estas salidas depende, en primera instancia, de Instituciones Penitenciarias y, si es recurrida por la Fiscalía, del juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro.

Los porcentajes actuales de los presos etarras en las diferentes clasificaciones penitenciarias son similares a los que se registran en el resto de la población reclusa. Así, de los cerca de 40.000 internos con condena firme que hay en España, solo el 1,3% está en primer grado —”es un régimen pensado para reclusos problemáticos que no se adaptan a la vida en prisión, y los presos de ETA ahora no lo son”, señalan fuentes penitenciarias—, mientras que el 78,2% está en segundo grado y el 20,5% restante disfruta de alguna modalidad de régimen abierto o semilibertad, según los datos que ofreció el pasado abril en el Congreso el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.

Estos cambios en la clasificación penitenciaria de los presos de ETA son criticados por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). La abogada Carmen Ladrón de Guevara, que ejerce la acusación en nombre de la asociación en numerosos juicios contra etarras, señala que la aplicación de regímenes penitenciarios más livianos a los etarras “es lo que más nos preocupa”. La abogada, muy crítica también con los acercamientos, considera que esa flexibilización del régimen de vida no solo permite la concesión de permisos —”algunos etarras ya los han disfrutado”, afirma—, sino que abre la puerta a que en el futuro accedan al tercer grado y, después, a la libertad condicional. “Siempre hemos exigido que, para poder acogerse a beneficios penitenciarios, colaboren con la justicia. Si no lo hacen, que cumplan íntegras sus condenas”, concluye Ladrón de Guevara.

La medida es mejor recibida, aunque también con críticas, por Sare, la plataforma ciudadana de apoyo a los presos vascos que en los últimos años ha convocado manifestaciones en el País Vasco para reclamar su acercamiento a prisiones próximas al País Vasco. Su portavoz, el exconsejero vasco por Eusko Alkartasuna (EA) Joseba Azkarraga, asegura que el cambio en la clasificación penitenciaria no se ha traducido en beneficios reales: “La inmensa mayoría de los permisos que las juntas de tratamiento [un órgano formado por profesionales penitenciarios] han aprobado están paralizados por recursos de la Fiscalía. Hay presos que tienen hasta tres permisos paralizados”, denuncia.