El 77% de los 192 presos de ETA queda fuera de la gestión del Gobierno vasco

Las tres cárceles del País Vasco, cuya gestión asumirá a partir del próximo 1 de octubre el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, tenían recluidos este lunes en sus celdas a 40 hombres y cuatro mujeres de ETA, de los 192 presos de la organización terrorista que hay en España. A ellos se sumará en los próximos días el etarra José Carlos Apeztegia, cuyo traslado anunció el pasado viernes el Ministerio del Interior, pero que aún no se ha ejecutado. El resto, cerca de un 77% del colectivo, seguirá en cárceles fuera de esta comunidad autónoma y, por tanto, bajo el control del Ministerio del Interior, incluidos los 11 internos de la banda recluidos en la cárcel de Pamplona, según datos de Instituciones Penitenciarias a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Los 45 etarras representan el 3,4% de los algo más de 1.324 internos que tienen las prisiones de Zaballa (Álava), Basauri (Bizkaia) y Martutene (Gipuzkoa).

Desde que Interior anunciase, en el verano de 2018, el fin de la política de dispersión puesta en marcha en 1989 por el Gobierno de Felipe González, Interior ha trasladado a 182 presos de ETA, algunos de ellos beneficiados con varios acercamientos. Una parte importante de estos movimientos se ha producido tras el pasado verano, una vez que se puso fin al estado de alarma que impidió durante meses los movimientos de reclusos entre cárceles para minimizar el riesgo de expansión del coronavirus dentro de las prisiones. En la actualidad, en prisiones al sur de Madrid solo quedan 13 presos de la banda armada, en su mayoría alineados con el sector de la organización terrorista que sigue rechazando el abandono de la violencia.

En este tiempo, Interior también ha mejorado a numerosos presos de ETA su clasificación penitenciaria, un elemento que determina la posibilidad de que puedan disfrutar de salidas, acceder a la semilibertad e, incluso, aspirar a la libertad condicional. Así, ha concedido el tercer grado o régimen abierto a 21 etarras y reducido de manera significativa el porcentaje de los que están en primer grado (el más duro y que les impide, por ejemplo, pedir permisos). Así, del 88% de presos de la organización terrorista que estaban clasificados en este régimen penitenciario cuando ETA anunció su disolución en mayo de 2018 se ha pasado al 11,5% actual, según las estadísticas de Prisiones. No obstante, este porcentaje sigue siendo mucho más elevado que en el caso del resto de la población reclusa, que es del 1,3%. También el porcentaje de presos etarras en semilibertad es sensiblemente inferior al del resto de los internos: el 8,8% frente al 20,5%. Solo en el segundo grado o régimen ordinario estas cifras son similares: esta clasificación se aplica al 79,7% de los reclusos de la organización terrorista frente al 78,2% del resto de presos.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido desde que inició los acercamientos que estos están amparados por la ley y que su objetivo no es otro que facilitar la reinserción. Antes de cada traslado, Grande-Marlaska informa personalmente a las asociaciones de víctimas del terrorismo. El PP ha criticado desde el primer momento la medida, a pesar de que el Gobierno de Rajoy facilitó que 28 presos consiguieran regímenes penitenciarios más livianos, incluidas 11 semilibertades. Con José María Aznar de presidente, y tras el anunció de los contactos con ETA de finales de 1998, el PP acercó a 135 presos etarras. El PNV también ha criticado la actual política, pero en su caso por la lentitud en el traslado de presos. Urkullu planteó modificar la política penitenciaria para situar, en un primer paso, a todos los reclusos en cárceles situadas por encima de Madrid y, después en un radio inferior a 350 kilómetros. La primera medida está a punto de cumplirse.

La política de acercamientos ha sido más rápida y acusada en Francia, el otro país en el que aún existen presos de ETA. La llegada a la presidencia de Emmanuel Macron se tradujo, a comienzos de 2018, en el inicio de un progresivo traslado de estos reclusos a prisiones próximas a la frontera con España. De los 26 terroristas actualmente presos en Francia, uno, el exdirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, está en semilibertad en París a la espera de que la justicia francesa lo juzgue y decida sobre su entrega a España. Otros 18 están en las cárceles de Lannemezan y Mont-de-Marsan, las más cercanas a España. Esta cifra sería aún mayor si estos presidios tuvieran módulo de mujeres. Su inexistencia mantiene alejadas a las cinco etarras allí encarceladas.

Los 220 presos etarras que están recluidos en cárceles de España y Francia (Etxerat, la asociación de familiares de presos de ETA, reduce esta cifra al excluir a aquellos reclusos que se han desmarcado del colectivo que agrupa a los presos de la organización tras arrepentirse o por mostrarse partidarios de continuar con los atentados) representan la cifra más baja desde 1979. El número máximo de presos de ETA se alcanzó en noviembre de 2008, con 614 reclusos solo en España. Entonces la organización terrorista estaba en plena campaña de atentados tras romper dos años antes su tregua con la explosión de un coche bomba del aparcamiento de la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas.

El 20 de octubre de 2011, el día en que ETA anunció el cese definitivo de su actividad terrorista, aún había 559 reclusos de la banda en España (más otros 114 en cárceles en el extranjero). El 3 de mayo de 2018, el día antes de que la organización hiciera público el comunicado de su disolución, esta cifra había descendido a 242 en España (además de 51 en Francia y uno en Portugal). Entre ambas fechas se había producido un goteo constante de excarcelaciones en el que había influido la derogación, en octubre de 2013, de la llamada doctrina Parot, que había prorrogado hasta entonces la estancia en prisión de muchos de ellos. La sentencia del Tribunal de Estrasburgo que acabó con ella supuso la excarcelación anticipada de 54 etarras. El resto, salvo en el caso de los pocos que se habían acogido a la vía Nanclares de reinserción, fueron abandonando la prisión tras cumplir íntegras sus condenas.

Ese goteo ha continuado hasta ahora y, según diversas estimaciones, continuará en los próximos tres años con algo menos de medio centenar de presos etarras. Pasados esos años, se producirá un frenazo en la excarcelación de etarras por extinción de las penas, ya que muchos de los restantes fueron juzgados tras la reforma del Código Penal de 2003 que elevó el cumplimiento efectivo de la pena hasta los 40 años. Más de 150 presos de la banda tienen en la actualidad condenas fruto de aquella modificación legal, según fuentes penitenciarias.