EL FINAL DE ETA

Interior mantiene a la mitad de los presos de ETA en el régimen penitenciario más duro

Un 46% de los reclusos etarras están clasificados en primer grado, sin posibilidad de pedir permisos, frente al 2% de los internos por delitos comunes

Manifestantes se cubren de la lluvia con paraguas durante una protesta a favor de la vuelta de los presos de ETA al País Vasco, en Bilbao, el 9 de enero.
Manifestantes se cubren de la lluvia con paraguas durante una protesta a favor de la vuelta de los presos de ETA al País Vasco, en Bilbao, el 9 de enero.H.Bilbao / Europa Press

El Ministerio del Interior mantiene a 90 de los 197 presos etarras (el 45,7%) clasificados en primer grado penitenciario, el más duro y que les impide, por ejemplo, solicitar permisos, según datos de la lucha antiterrorista. El porcentaje es sensiblemente inferior al de febrero de 2018, poco antes de que ETA anunciase su disolución. Entonces, de los 245 reclusos de la banda, 209 estaban en este régimen cerrado, el 88%. El actual porcentaje aún está lejos del de presos comunes, inferior al 2%.

Durante años, la política penitenciaria en la lucha contra ETA siempre se ha sustentado en dos elementos. Por un lado, la dispersión de sus reclusos por prisiones de todo el territorio español, puesta en marcha en 1989 por el Gobierno socialista de Felipe González. Por otro, la clasificación penitenciaria de los reclusos de la banda, que determina tanto el régimen de vida al que se les somete como la posibilidad de acceder o no a determinados beneficios penitenciarios como permisos, la semilibertad e, incluso, aspirar a la libertad condicional. Tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, en 2018, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha flexibilizado ambas, aunque a distinta velocidad.

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Así, en los últimos dos años y medio, Interior ha acometido el traslado a cárceles más próximas al País Vasco y Navarra de 153 presos de ETA. Los cinco últimos, este viernes. Una parte importante, además, tras el verano, una vez que se puso fin al estado de alarma que impidió durante meses los movimientos de reclusos entre cárceles para minimizar el riesgo de expansión del coronavirus dentro de las prisiones. Además, de los etarras acercados, 116 han pasado a ocupar celdas en prisiones de estas dos comunidades o de provincias limítrofes o cercanas a ambas, según fuentes policiales.

Esta política de acercamiento ha sido más acusada en Francia, el otro país en el que aún existen presos de ETA. La llegada a la presidencia de Emmanuel Macron se tradujo, a comienzos de 2018, en el inicio de un progresivo traslado de estos reclusos a prisiones próximas a la frontera con España. De los 29 terroristas actualmente presos en Francia, uno, el exdirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, está en semilibertad en París a la espera de que la justicia francesa lo juzgue y decida sobre su entrega a España. Otros 21 están en las cárceles de Lannemezan y Mont-de-Marsan, las más cercanas a España. Esta cifra sería aún mayor si estos presidios tuvieran módulo de mujeres. Su inexistencia mantiene alejadas a las seis etarras allí encarceladas.

Con el artículo 100.2

En la clasificación penitenciaria de los presos también ha habido cambios significativos. De hecho, gran parte de los últimos traslados de presos han venido acompañados de lo que se conoce como progresiones de grado. Es decir, el paso de un recluso a un régimen de vida en prisión más liviano del que regía su día a día hasta ese momento. A veces, con pasos intermedios. Así, de los 90 etarras que hasta ayer se mantenían en primer grado penitenciario, a 39 se les ha comenzado a aplicar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que les permite disfrutar de algunos de los beneficios penitenciarios de una clasificación penitenciaria mejor, según los datos que maneja Sare, una plataforma ciudadana de apoyo a los presos vascos que en los últimos años ha convocado manifestaciones en el País Vasco para reclamar su acercamiento a prisiones próximas a la comunidad autónoma vasca.

Además, hay 96 presos etarras (el 48,7% del total) en segundo grado penitenciario o régimen ordinario. Entre ellos, los cinco reclusos cuyo próximo traslado se anunció este viernes. Todos ellos han presentado en los dos últimos años escritos en los que acatan la ley con el fin de mejorar su situación en prisión. Estar en segundo grado supone, entre otros beneficios, que una vez que han cumplido un cuarto de la condena, pueden solicitar permisos, hasta 24 días al año. No obstante, la concesión de estas salidas depende de Interior y, en última instancia, del juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro.

El actual porcentaje de presos etarras en segundo grado es cuatro veces mayor que en febrero de 2018, tres meses antes de la disolución de ETA. Entonces, únicamente el 11,8% (29 internos) de los 245 reclusos de la banda habían sido progresados al régimen ordinario. En el caso de los presos comunes, este porcentaje se eleva a cerca del 75%, según las estadísticas penitenciarias.

Además, desde que Grande-Marlaska está al frente de Interior, 17 presos de ETA han accedido al tercer grado penitenciario o régimen abierto —también conocido como semilibertad—. De ellos, seis han sido ya excarcelados al haber cumplido sus condenas y los 11 restantes (el 5,6% del colectivo) siguen en este régimen penitenciario. A algunos se les ha colocado una pulsera de control telemático, lo que les permite terminar de cumplir sus penas en casa sin tener que ir a prisión. En el caso de los terceros grados, la diferencia con los reclusos condenados por delitos no relacionados con terrorismo es también elevada: algo más de un 18% de los 46.000 internos tienen ya la semilibertad, en una tendencia que va al alza.


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