El fin de los ‘ongi etorri’ llegó tras dos años de debate de los presos de ETA

El pasado lunes, 29 de noviembre, el colectivo de presos de ETA (EPPK en sus siglas en euskera) sorprendía con un comunicado en el que reclamaba el final de los homenajes públicos que reciben cuando son excarcelados, los conocidos como ongi etorri. En el documento, los reclusos de la organización terrorista admitían que estos actos causan “dolor” a las víctimas y pedían que, en lo sucesivo, se hicieran únicamente en espacios privados y “entre allegados”. Con ello, añadían, pretendían “aliviar todo sufrimiento y abrir nuevas opciones, ir sanando heridas y fortalecer la convivencia”. Al texto se opusieron menos de una decena de los dos centenares de presos etarras, el 5%, todos alineados con el sector disidente que ya rechazó en su día el abandono de la violencia.

Que los condenados como autores del terrorismo etarra se dirigieran a sus víctimas en estos términos hubiera sido inconcebible hace aún poco tiempo. ¿Cómo había sido posible un comunicado así? No existe un único factor que lo explique. Tampoco fue una improvisación. Detrás hay un proceso en el que ha desempeñado un papel fundamental la ola social favorable a las víctimas que ha llegado hasta las prisiones, pero no ha sido lo único.

Hay, además, dos fechas clave —julio de 2019 y octubre de 2020— en las que se celebraron recibimientos a tres exreclusos etarras que provocan indignación y propiciaron el inicio de un debate entre los reclusos de la organización terrorista en los patios de los centros penitenciarios. En la trastienda, también ha tenido un papel importante la interlocución entre el Foro Social Permanente —un movimiento creado en Euskadi en 2017 durante el desarme de ETA para facilitar el proceso de paz— y el EPPK plasmado en siete encuentros en la cárcel. El último, el viernes en el Centro Penitenciario de Logroño.

El adiós a los ongi etorri comenzó a gestarse en 2019. El 27 de julio de ese año el recibimiento con pasacalles e ikurriñas en Oñati (Gipuzkoa) al exrecluso Xabier Ugarte, condenado por el secuestro de Ortega Lara, provocó un agrio debate. En esa misma fecha ocurría algo parecido en otra localidad guipuzcoana, Hernani, con otro recluso recién liberado, el exdirigente de ETA, Xabier Zabaleta, alias Baldo. La polémica por los homenajes no era nueva y, de hecho, el año anterior, la asociación de víctimas Dignidad y Justicia había presentado una denuncia por un delito de enaltecimiento del terrorismo por un ongi etorri que se iba a celebrar en Andoain. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón abrió por ello una causa penal que llegó a tener 14 imputados y que en la actualidad mantiene como investigadas a, al menos, cuatro personas.

Tras la polémica por aquellos dos recibimientos, el Foro Social hizo público días después un comunicado en el que pedía que estos actos se celebrasen en el ámbito privado para no añadir más dolor a las víctimas. Para entonces, este movimiento social había mantenido discretos encuentros con 43 víctimas del terrorismo de ETA sin vinculación con asociaciones, además de con representantes de diferentes partidos, sindicatos y entidades sociales vascas. Todos habían manifestado en esas reuniones su rechazo a los ongi etorri.

La importancia de aquel comunicado radicaba en que, desde 2018, el Foro Social mantenía una interlocución directa con el colectivo de presos de ETA. Su coordinador, Agus Hernan, se había reunido ya aquel año cuatro veces con los portavoces del EPPK, Ainhoa Mujika Goñi y Juan Antonio Olarra Guridi, dos históricos de la organización terrorista. Mujika había formado parte del comando Madrid y su compañero fue uno de los jefes del aparato militar de ETA hasta su detención en Francia en 2002.

El primero de esos encuentros, que tuvo que celebrarse con los dos portavoces del EPPK por separado por decisión de Instituciones Penitenciarias, se celebró el 6 de enero de 2018, tras el desarme de ETA y poco antes de su disolución. Ese año, Hernan volvió a encontrarse con Mujika y Olarra también el 24 de abril, el 21 de julio y el 8 de diciembre, en todos los casos por separado. Fue un año importante para la situación penitenciaria de los presos etarras. Cuando se celebraron las dos primeras reuniones aún gobernaba Mariano Rajoy. En los encuentros de julio y diciembre, Pedro Sánchez ya estaba en el palacio de La Moncloa tras ganar la moción de censura.

En la reunión del 21 de julio, Mujika y Olarra transmitieron al Foro Social la “total disposición” del colectivo a asumir su responsabilidad en los atentados cometidos y a reconocer el daño causado a las víctimas si eso favorecía a su situación penitenciaria. En la del 8 de diciembre, los presos etarras expresaron su malestar por lo que consideraban un ritmo lento en el cambio de la política penitenciaria que Sánchez había anunciado en julio y que había levantado expectativas en el colectivo. El presidente dijo entonces que iba a apoyarse para ello en la Ley General Penitenciaria, que propicia que los reclusos cumplan las condenas en prisiones cercanas a sus lugares de arraigo. Era el primer paso para poner fin a la política de dispersión puesta en marcha por el Gobierno socialista de Felipe González en 1989. Sin embargo, seis meses después de aquellas palabras, el Ministerio del Interior había trasladado a cárceles más próximas al País Vasco y Navarra a tan solo 14 reclusos de ETA.

Hernan admite que, en aquellos primeros encuentros, la prioridad era la “mala situación” de los presos. “La inmensa mayoría estaban aislados, en primer grado [penitenciario, el más duro], y no accedían a beneficios penitenciarios. Desde 2013, los reclusos habían asumido la legalidad penitenciaria, ETA se había desarmado en 2017 y estaba a punto de disolverse. Pese a ello, Rajoy no hizo nada, ni siquiera acercamientos de presos. Esa situación la heredó Sánchez”, añade.

El Gobierno del PSOE se tomó un tiempo para elaborar su plan de acercamientos, acompañado de un goteo de progresiones en el régimen penitenciario de los internos de la organización para que pasaran del primer grado al segundo y, con ello, a la posibilidad de disfrutar de permisos. “El complejo proceso de formación del Gobierno de Sánchez en 2019, tras una investidura fallida, y luego la pandemia, que aisló las cárceles para evitar la propagación de la covid, ralentizó el plan gubernamental que anunciaba acercamientos los viernes, pero que no los ejecutaba por las restricciones de movilidad”, señala Hernan.

En esa situación, en el verano de 2019 la polémica se revivió con los ongi etorri de Oñati y Hernani. El clima de malestar en la izquierda abertzale con el Gobierno por la ralentización de la anunciada flexibilidad penitenciaria lo reflejaron Sortu y su líder, Arnaldo Otegi. En dos entrevistas, el dirigente de la izquierda abertzale apuntó que esta rechazaría estos recibimientos cuando el Gobierno mejorara la situación de los presos. “¿Tenemos que prohibir a la gente que vaya a recibir a un vecino que ha pasado 30 años en la cárcel?”, se preguntó Otegi en una de ellas.

Fue entonces cuando el Foro Social hizo su pronunciamiento en contra de los ongi etorri. Sus integrantes sabían que Gobierno tenía previsto avanzar en el proceso de flexibilización penitenciaria cuando se superasen los efectos de la pandemia. Así fue. En junio de 2020 el ritmo de acercamientos se aceleró y, un año después, el 1 de julio de 2021, se dio simbólicamente por terminada la dispersión al no quedar ningún recluso etarra en cárceles al sur de Madrid. En la actualidad, de los 183 presos de ETA que hay en cárceles españolas, 78 están en prisiones vascas y navarras, según datos de Interior y del Gobierno vasco. Otros nueve están en libertad condicional. En Francia hay otros 22 reclusos de la organización, 16 de ellos en las cárceles más próximas al País Vasco.

En 2020, el Foro Social multiplicó sus encuentros con víctimas del terrorismo. La política de flexibilización contaba ya entonces con el respaldo mayoritario del Parlamento vasco y de las juntas generales de sus tres provincias, y muy amplio de la cámara navarra. Solo PP, Ciudadanos y Vox se oponían.

El encuentro, en septiembre de 2020, del Foro Social con siete víctimas del terrorismo etarra —Maixabel Lasa, su hija María, Gorka Landaburu, Naiara Zamarreño, Josu Elespe, Iñaki García Arrizabalaga y Alberto Muñagorri— adquirió especial importancia para el colectivo de presos, subraya Hernan. En dicho encuentro, las víctimas plantearon la finalización de los ongi etorri, pero defendieron también la flexibilización de la política penitenciaria y el trato igualitario a todas las víctimas, fuesen de ETA, la guerra sucia o los abusos policiales.

Tras aquella reunión, Hernan elaboró un informe en el que resaltaba las peticiones de las víctimas de ETA y lo envió al colectivo de presos, además de a las instituciones. Ese informe fue clave en el encuentro que el coordinador del Foro Social celebró ya de manera conjunta con Mujika y Olarra en la cárcel de Albolote (Granada) el 30 de octubre de 2020. Los portavoces del EPPK ya no se ciñeron a hablar únicamente de los presos. Dedicaron parte de la reunión a las víctimas de los atentados de ETA e insistieron en que no pretendían provocarles más dolor. Por ello, por primera vez abogaron por recibimientos a los exreclusos que no fueran públicos. Aunque añadieron que “si los presos cumplieran sus condenas como marca la ley, con permisos, esto cambiaría radicalmente”.

Hernan certifica que “la posición de las víctimas en su encuentro con el Foro Social, su apoyo a las reivindicaciones de los presos de ETA, provocó empatía en el EPPK, como reflejaron sus representantes”. Una empatía que algunos presos habían empezado a mostrar de manera individualizada en forma de cartas dirigidas a las víctimas pidiendo perdón. En 2020, el número de estas misivas fue de 42, frente a la treintena del año anterior y las ocho de 2018, según fuentes penitenciarias. Aunque el contenido en parte de ellas se correspondía con un formato preparado por los abogados de la izquierda abertzale, también las había personales, en las que los reclusos se dirigían con nombres y apellidos a las víctimas de sus atentados. Hernan admite que los presos tratan con esas cartas de mejorar su situación penitenciaria, algo que considera legítimo, pero subraya que la empatía hacia las víctimas que reflejan es “auténtica”.

Aunque el debate entre los presos etarras sobre los ongi etorri ya había entrado en las cárceles en el verano de 2019, Hernan asegura que el detonante que aceleró la votación entre los presos y el posterior comunicado del lunes fue el recibimiento que el exrecluso Agustín Almaraz, condenado por cuatro asesinatos, recibió en el barrio bilbaíno de Santutxu el pasado agosto. Un militante de Sortu difundió un vídeo del acto en las redes sociales y provocó un aluvión de críticas. “Fue entonces cuando los representantes del EPPK, que ya eran reacios a que los ongi etorri fueran públicos, decidieron que los presos votaran y se manifestaran públicamente para cortarlos”, señala Hernan. La inmensa mayoría del colectivo apoyó su desaparición. “En el resultado influyó la posición empática mantenida por las 43 víctimas, y que era conocida por el colectivo. Ha habido actitudes más reticentes fuera de las cárceles que dentro”, asegura Hernan.

Cuando se hizo público el comunicado del lunes, los datos ya apuntaban a una progresiva disminución de estos recibimientos. Según las organizaciones de presos, en 2020, de 28 excarcelaciones, hubo siete ongi etorri. En 2021, solo dos de 25. La prueba definitiva se producirá el 10 de diciembre. Ese día sale en libertad de la cárcel de El Dueso (Cantabria) Ignacio Etxeberria Martín, alias Mortadelo, condenado por seis asesinatos y que lleva 25 años en prisión en Francia y España.

Hernan es reacio a hablar de una intencionalidad en el último comunicado del EPPK más allá de ser una aportación a la convivencia. Sin embargo, admite que también pretende generar un clima favorable para terminar con la excepcionalidad en la que, en su opinión, cumplen los presos etarras sus condenas. Una inquietud, añade, que también comparten las víctimas con las que se ha reunido el Foro Social.

En los dos últimos encuentros de Hernan con Mujika y Olarra, celebrados el 19 de mayo y el pasado viernes ya en la prisión de Logroño (donde los etarras fueron trasladados por Interior en marzo desde el penal de Albolote), abordaron lo que el Foro Social denomina “segunda fase del proceso”. La agenda del EPPK se centra ahora en el acercamiento de todos los presos a las cárceles del País Vasco y Navarra. Los presos etarras aspiran también que se les aplique la legislación penitenciaria para mejorar su régimen de vida en prisión y poder acceder a la libertad condicional. Y reclaman que la Fiscalía y los jueces no se opongan a los permisos que las cárceles empiezan a concederles. Además, los reclusos han introducido en la agenda los casos sin resolver que afectan mayoritariamente al terrorismo etarra, pero también a la guerra sucia.

El Foro Social aspira ahora a extender el diálogo a todos los colectivos de víctimas. Tras el traspaso de la competencia de las prisiones al Gobierno vasco, está a la expectativa del relanzamiento de los encuentros entre presos arrepentidos y víctimas —que fueron suprimidos en 2012 cuando el PP llegó al Gobierno— y que ahora tanto el Ejecutivo de Pedro Sánchez como el de Íñigo Urkullu tratan de estimular en el contexto de la justicia restaurativa. En julio ya trascendió que 20 presos de ETA habían pedido al Ministerio del Interior reunirse con sus víctimas para pedir perdón.