Interior pide a Escrivá que revise su plan de incorporar trabajadores extranjeros para evitar “abusos”

El plan del ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, ha pasado ya la primera criba de 10 ministerios para reformar el reglamento de la Ley de Extranjería con el objetivo de incorporar a miles de trabajadores extranjeros al mercado laboral. Las últimas observaciones se enviaron el viernes, y comienza ahora un periodo de negociación de los cambios sugeridos al borrador. Escrivá afirmó el lunes que la acogida de su propuesta ha sido “muy positiva”. Interior, el ministerio menos partidario de aflojar las normas para regularizar a inmigrantes, no rechaza de plano la reforma, pero, según fuentes conocedoras de las negociaciones, sí ha advertido de que hay que revisar algunos artículos para evitar “abusos”.

La reforma tiene tres ejes principales: reforzar la contratación de trabajadores en sus países de origen, crear una nueva vía de regularización por arraigo ―facilitando los papeles a los inmigrantes que se formen en sectores que necesitan mano de obra― y flexibilizar algunas exigencias para que quien ya trabaja en la economía sumergida pueda incorporarse legalmente al mercado laboral. Además, contempla que los estudiantes internacionales puedan compatibilizar sus estudios con un empleo.

El objetivo final es captar trabajadores de alta y media cualificación dentro y fuera de España y hacer aflorar la economía sumergida en un momento en el que sectores clave —como el transporte, la hostelería o la agricultura— se quejan de falta de mano de obra. Escrivá plantea que en la senda de la recuperación tras la pandemia habrá “una auténtica competición global por el talento y el capital humano”. El borrador añade: “La normativa actual, diseñada a principios de siglo, produce un encorsetamiento evidente para cubrir las necesidades y desajustes del mercado de trabajo actualmente”.

El Ministerio del Interior, departamento clave en la negociación, ha pedido más garantías en la redacción de algunos artículos porque teme que se haga “un uso abusivo” de ellos, según las fuentes consultadas. Entre esos artículos está, precisamente, el que crea una nueva figura de arraigo vinculado a la formación. Esta vía permitiría la regularización de inmigrantes que, después de dos años viviendo en España, se formen en sectores donde falte personal cualificado. La autorización inicial de un año sería solo de residencia, pero, una vez terminada la formación, podría incluir la posibilidad de trabajar si se presenta un contrato. Interior no quiere que esa vía se convierta en un cajón de sastre para regularizar a inmigrantes. Entre sus peticiones también está que quede explicitado en la versión final que los aspirantes a beneficiarse de la reforma no pueden tener antecedentes penales.

El departamento de Fernando Grande-Marlaska no ha sido el único en plantear sus reparos. El Ministerio de Política Territorial, responsable de la gestión de las oficinas de Extranjería, está preocupado por el “incremento considerable de solicitudes” que traerá la reforma. Fuentes al tanto de la negociación explican que el ministerio ha pedido que, antes de la aprobación del reglamento, se realice un estudio y se acometa el refuerzo de los medios humanos, tecnológicos y materiales que serán necesarios para cumplir con los plazos de resolución que marca la ley y que, actualmente, ya se sobrepasan.

Apoyo de los empresarios y rechazo de los sindicatos

Escrivá cuenta con el apoyo de los empresarios, pero también del ala económica del Gobierno, según fuentes conocedoras de este proceso de negociación. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llegó a defender la reforma públicamente tras las críticas de los sindicatos, que tacharon la iniciativa de “clasista” por considerar que favorecerá el empleo de inmigrantes en condiciones precarias que los españoles rechazan. El Ejecutivo, replicó Montero, busca “un equilibrio para intentar que una mano de obra necesaria en el país pueda venir de forma ordenada, pero sin que eso implique, en ningún caso, que las condiciones de los trabajadores puedan verse afectadas si no es a bien y a mejor”.

Trabajo, Economía y Hacienda han hecho observaciones fundamentalmente técnicas. Fuentes de Unidas Podemos explican que en el departamento de Yolanda Díaz también preocupa el régimen laboral que se aplicará a los temporeros y trabajadores extranjeros contratados en origen para otros sectores.

El modelo de migración circular que quiere crear Escrivá supone la contratación de grupos de trabajadores en sus países de origen más allá de los temporeros que vienen para recoger determinadas cosechas. La propuesta es que puedan trabajar un máximo de nueve meses cada año durante cuatro años e incentivar su retorno al país de origen ofreciéndoles, pasado ese tiempo, una prórroga de otros cuatro años o un permiso de dos años para vivir y trabajar en España. La petición del ministerio de Díaz es que estos trabajadores migrantes tengan un contrato fijo discontinuo que supone aplicarles los mismos estándares de protección laboral que al resto de trabajadores tras la reforma laboral. Las mismas fuentes han precisado su interés por flexibilizar las formas de arraigo laboral para beneficiar a miles de empleadas del hogar que trabajan de forma irregular en España.

El ministerio de Escrivá tiene ahora que negociar los cambios con el resto de departamentos y estudiar las 27 aportaciones recibidas durante la consulta pública, abierta a cualquier ciudadano, que se cerró este lunes. En el proceso también ha participado el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, un órgano de consulta compuesto por representantes de las Administraciones Públicas, asociaciones de inmigrantes y organizaciones sindicales y empresariales. El Foro, según las fuentes consultadas, ha sugerido cambios para que los solicitantes de asilo puedan trabajar más rápidamente y ha pedido flexibilizar más requisitos en otros supuestos. “En términos generales, hemos recibido aportaciones muy constructivas, que mejoran el texto y ahondan en la filosofía que sustenta la oportunidad de esta propuesta”, mantienen fuentes del Ministerio de Inclusión.

Con las aportaciones, Migraciones redactará un borrador final que deberá analizar el Consejo de Estado. Tras su evaluación, el texto llegará al Consejo de Ministros, que debe aprobarlo como real decreto. La tramitación es urgente, aunque también lo era sobre el papel el último cambio del reglamento para facilitar la residencia y el trabajo a menores migrantes que llegaron solos a España que se aprobó en octubre. El proceso se alargó casi un año, entre otras cosas, por la falta de entendimiento con Interior.