Hacia una política migratoria más pragmática

El Gobierno está preparando una reforma del reglamento de la Ley de Extranjería con el fin de facilitar la contratación de trabajadores extranjeros en sectores y ocupaciones en los que existe escasez de mano de obra. A la espera de los detalles, la medida podría ser un avance significativo en la dirección de adecuar nuestra política migratoria a las necesidades económicas del país, algo muy necesario a la luz del rápido proceso de envejecimiento en el que está inmersa la población española. Ante la previsible reducción de la población nativa en edad de trabajar y el rápido aumento de la población jubilada, durante las próximas décadas necesitaremos recibir importantes flujos migratorios, tanto para cubrir nuestras necesidades de mano de obra como para asegurar la sostenibilidad de las pensiones públicas y de otros componentes de nuestro sistema de protección social.

Según adelanta EL PAÍS, el Gobierno estaría contemplando tres medidas principales. La primera sería facilitar la contratación en su país de origen de trabajadores extranjeros para cubrir necesidades estacionales de mano de obra, generalmente poco cualificada, en sectores como el agrario, la construcción y el transporte. Con este fin, se extendería a otros sectores el sistema que ahora se utiliza con los temporeros marroquíes de la fresa, introduciendo además permisos multianuales que podrían dar paso en el futuro a un permiso de residencia para hacer estos contratos más atractivos para los trabajadores extranjeros. La segunda sería facilitar la regularización de inmigrantes ilegales siempre que estos adquieran formación en competencias u oficios en los que existe un déficit de trabajadores cualificados. Y la tercera sería permitir que los estudiantes extranjeros trabajen mientras se forman y puedan después quedarse en España tras completar sus estudios. A estas tres medidas habría que añadir otra potencialmente muy importante, pero que no parece estar todavía muy definida: una relajación de los criterios utilizados para elaborar el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, que en principio limita las posibilidades de contratación de extranjeros.

Aunque las medidas anunciadas van en la dirección correcta, mi impresión es que no serán suficientes para garantizar que el influjo migratorio alcance en los próximos años la cantidad y calidad necesarias. Para ello, sería bueno aprovechar la ocasión para poner en marcha una reforma más ambiciosa de nuestra política migratoria, que debería ir acompañada de una actitud mucho más proactiva en la captación de los inmigrantes que necesitamos. Debería estudiarse la introducción de un cupo anual de permisos de residencia y trabajo no condicionados a la existencia previa de un contrato que se asignaría de acuerdo con un sistema de puntos que refleje las necesidades a medio y largo plazo de nuestro sistema productivo, la formación y experiencia de los solicitantes, y su cercanía cultural como condición importante para facilitar su integración laboral y social. Tal sistema debería ir acompañado de una campaña permanente de captación de inmigrantes con la formación y capacidades que necesitamos entre los países y colectivos culturalmente más cercanos a nosotros (Latinoamérica, las comunidades sefardíes, ciertas zonas de Marruecos, los países de Europa del Este —especialmente Rumanía—, Filipinas, etcétera).