Empresarios y sindicatos chocan por la reforma del reglamento de extranjería que impulsa el ministro Escrivá

Sindicatos y empresarios dieron este viernes una acogida muy diferente a la propuesta del Gobierno para traer más trabajadores inmigrantes. UGT y CC OO reaccionaron de forma muy negativa ante el plan del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de reformar el reglamento de Extranjería para facilitar la entrada de miles de trabajadores al mercado laboral. El borrador, adelantado el viernes por EL PAÍS, pretende posibilitar la contratación de trabajadores desde sus países de origen y las autorizaciones de trabajo a los inmigrantes que ya viven en España. En un comunicado conjunto, los sindicatos calificaron la iniciativa de “clasista” y afirmaron que rompe el consenso respecto a la migración laboral, que debe ser fruto del acuerdo entre Gobierno, sindicatos y empresarios.

Sin embargo, la visión de las patronales es bien distinta. En declaraciones a EL PAÍS, los sectores han dado su respaldo a esta iniciativa del ministro de Migraciones, José Luis Escrivá. “Necesitamos mano de obra de manera urgente. El 65% de las empresas de la construcción ve extremadamente difícil encontrar un jefe de obra”, afirma Pedro Fernández-Alén, presidente de la patronal de la construcción. Según explica, en su sector no existe un problema de sueldos: “Se paga al menos el 30% por encima del salario mínimo. De acuerdo con nuestros estudios, quien viene al sector no lo abandona por sueldo, horarios y beneficios sociales”.

En la misma línea se expresa Pedro Barato, presidente de la patronal de agricultores Asaja, sobre el problema de la escasez de personal: “En el campo hay trabajo y falta mano de obra. No vamos a entrar en polémicas, pero necesitamos contratar gente de fuera, ya sea en origen o regularizando lo que aquí tenemos”.

El secretario general de la Confederación Empresarial de Hostelería, Emilio Gallego, señala que no dispone del texto para pronunciarse: “Hasta donde sabemos, se va a hacer una reforma del reglamento, no de la ley. Son muchos años sin actualizar este reglamento y nos encontramos en una situación en la que habría que revisar si los procedimientos son los más adecuados para un mercado laboral muy tensionado justo cuando estamos remontando tras las restricciones de la pandemia”, dice.

Sectores como el transporte, la construcción, la hostelería o las actividades digitales sufren grandes dificultades para hallar mano de obra. En este contexto, “los trámites para traer trabajadores son imposibles, y es lógico actuar”, explica Gallego.

Según apuntan fuentes empresariales, el año pasado hubo 400.000 regularizaciones de extranjeros, de las cuales la inmensa mayoría fueron motivadas por arraigo y reagrupamiento familiar. El criterio del mercado laboral no pinta nada cuando en el resto de Europa es la norma, dicen estas fuentes. Y recuerdan que no es la primera vez que se utilizan flujos de inmigración para gestionar problemas de falta de trabajadores cualificados.

El texto de la reforma, que están discutiendo los ministerios y que ya ha salido a consulta pública, recoge tres cambios sustanciales: amplía la contratación en origen (para incluir otros trabajadores más allá de los temporeros); permite que los estudiantes extranjeros trabajen; y crea una figura que permitirá obtener papeles a los inmigrantes en situación irregular que se formen en ámbitos para los que se necesita personal.

Los sindicatos, no obstante, ven en la propuesta “un traje a medida no de los trabajadores y trabajadoras migrantes, sino de las supuestas necesidades de determinados sectores, sin más consideraciones ni exigencias”. “Lamentamos que, por una parte, se llegue a la conclusión de que hay puestos que no se cubren porque deben mejorar sus precarias condiciones y, por otra, se asuma que estas condiciones sí son aceptables para los trabajadores migrantes”, añade el comunicado.

El ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, quiere reformar la aplicación de la ley de Extranjería desde que tomó posesión. Considera que el marco actual arrastra “una rigidez burocrática enorme”, y se muestra partidario de crear mecanismos más sencillos para incorporar a los extranjeros. El momento para lanzar su propuesta no es casual. España es el país del euro con la mayor tasa de paro, un 13%, pero tiene 109.056 puestos sin cubrir, según datos oficiales.