La Agencia Tributaria solo reprochó al emérito que no pagara el impuesto de donaciones por tres escopetas de caza

Durante su investigación de casi dos años a Juan Carlos I, la Fiscalía del Tribunal Supremo constató que el anterior jefe del Estado cometió, tras su abdicación en junio de 2014, numerosas irregularidades fiscales, pero descartó actuar penalmente contra él al dar por buenas las regularizaciones presentadas ante Hacienda en 2020 y 2021. Ese aval lo concedió la propia Agencia Tributaria (AEAT) tras escudriñar la documentación aportada por el anterior monarca y los movimientos de sus cuentas, un trabajo que realizaron los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de la Oficina Nacional de la Investigación del Fraude (ONIF) de la AEAT, designados como auxilio judicial para la investigación de la Fiscalía. Este equipo presentó cinco informes entre diciembre de 2020 y enero de 2022, que sirvieron al Ministerio Público para construir el relato de los hechos atribuidos al rey emérito y, finalmente, concluir que no podían tener reproche penal. Pese a ello, la Fiscalía dejó constancia de que, gracias a la actuación de los investigadores, se han recuperado para las arcas públicas 5.095.148 euros por los impuestos que Juan Carlos I no abonó en su momento y acabó regularizando para eludir el delito fiscal.

Según los informes presentados por Hacienda ante la Fiscalía, la primera declaración complementaria que presentó el exmonarca, en diciembre de 2020, lo fue por el impuesto de sucesiones y donaciones. En ella, admitió haber recibido casi 900.000 euros (893.624) en donaciones del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause que no había declarado a Hacienda hasta entonces. Para saldar la deuda ingresó 556.412,5 euros. Los funcionarios de la ONIF enmendaron la autoliquidación porque el representante de Juan Carlos I había cometido errores técnicos que le habían llevado a pagar 16.788,14 euros de más. La Agencia Tributaria constató la existencia de 22 donaciones que generaban otras tantas cuotas tributarias, pero ninguna de ellas superaba el límite de 120.000 euros, por lo que no existía delito fiscal.

La segunda regularización, en febrero de 2021, correspondió al impuesto de la renta sobre las personas físicas (IRPF) de los ejercicios entre 2014 a 2018. Los informes de la ONIF señalan que Juan Carlos de Borbón había presentado “en tiempo” esas declaraciones, en las que hizo constar como principales fuentes de renta los rendimientos del trabajo abonados por la Casa del Rey y rendimientos del capital mobiliario. Pero esas autoliquidaciones ocultaban otras ganancias que Juan Carlos I no admitió hasta el año pasado: vuelos privados y alojamientos que fueron abonados por la fundación Zagatka, fundada por Álvaro de Orleans, primo lejano del rey emérito. Los funcionarios de Hacienda cifran en 4.416.757,46 euros la cantidad regularizada, una cifra que el anterior monarca abonó gracias a préstamos “debidamente documentados” de amigos y empresas —12 en total—.

La ONIF y la Fiscalía solo echaron en falta en aquel momento en la regularización de Juan Carlos I la declaración, en el impuesto de donaciones, de tres escopetas de caza que fueron compradas el 29 de junio de 2018 por Álvaro de Orleans y que este regaló al rey emérito. La factura total ascendió a 101.636,37 euros, pero la cantidad que el exmonarca dejó de declarar, 30.411,14 euros, es muy inferior a los 120.000 euros que implican la existencia de delito fiscal, por lo que el Ministerio Público descartó actuar contra él y dejó la deuda en manos de la Agencia Tributaria. “No constando indicio alguno con relevancia penal derivada de la actividad bancaria en las cuentas de S.M. D. Juan Carlos de Borbón y Borbón en los bancos españoles y constatado que todas las prestaciones por la realización de viajes [...] ya han sido incorporados a las declaraciones complementarias de 2021, únicamente queda por cuantificar la cuota tributaria derivada de la donación de las referidas escopetas de caza, sujeta al impuesto sobre sucesiones y donaciones”, concluía el escrito de la Fiscalía.