La nuevas indagaciones de Hacienda amenazan con reabrir la investigación sobre el rey emérito

La Fiscalía no descarta reabrir la investigación en torno al patrimonio del rey emérito, archivada en marzo pasado, si de las “comprobaciones administrativas” que está realizando la Agencia Tributaria se deducen nuevos indicios de delito. Fuentes del Ministerio Público señalan a EL PAÍS que todavía no se les ha notificado el resultado de las comprobaciones que se están realizando en torno al cumplimiento de sus obligaciones tributarias por parte de Juan Carlos I, pero esperan a que estas concluyan pues, si Hacienda halla indicios delictivos, elevará informe a la Fiscalía para que los investigue.

Hacienda dio inicialmente por buenas las dos regularizaciones fiscales que presentó el rey emérito: la primera, en diciembre de 2020, por valor de 678.393 euros (por el uso de tarjetas bancarias opacas del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause para gastos familiares); y la segunda, en febrero de 2021, por 4,4 millones (por los vuelos en jet privado pagados por la fundación Zagatka, propiedad de su primo lejano Álvaro de Orleans). Ambas declaraciones fueron consideradas “espontáneas, veraces y completas”, pues de otro modo no habrían librado a Juan Carlos I de ser acusado de delito fiscal. Sin embargo, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria, mantuvo abiertas sus comprobaciones. A lo largo del último año, según ha adelantado El Mundo, el abogado que representa en España los intereses del rey emérito, Javier Sánchez-Junco, ha recibido varios requerimientos de información sobre los gastos derivados de la participación de su cliente en monterías y cacerías a partir de 2014, cuando ya había abdicado, y regalos recibidos por parte de empresarios, por si pudieran tratarse de retribuciones en especie obligadas a tributar a Hacienda.

En uno de sus autos de archivo de la investigación, la Fiscalía ya advertía de que la Fundación Zagatka había pagado en 2018 tres escopetas para el padre del rey por valor de 102.000 euros, cuya donación no figuraba en las regularizaciones fiscales realizadas por el letrado de Juan Carlos I, pero subrayaba que el importe presuntamente defraudado (30.411 euros) no alcanzaba el mínimo para ser considerado un posible delito fiscal (120.000 euros). Señalaba también que, al tratarse de una información obtenida en el marco de una cooperación judicial internacional para su utilización exclusiva en un procedimiento penal, no podía utilizarse para una investigación de carácter administrativo como las que efectúa Hacienda.

Las fuentes consultadas aseguran que los asuntos que investiga todavía la Agencia Tributaria son flecos de la investigación principal, se refieren a asuntos sujetos a interpretación jurídica (la obligatoriedad o no de declarar como donaciones determinados regalos o invitaciones cuando Juan Carlos I ya no ostentaba ningún cargo) y no alcanzan la cuantía suficiente como para integrar un delito fiscal. El problema, sin embargo, estriba en que si se demuestra que el rey emérito ocultó a Hacienda ingresos que tenía obligación de declarar, sus dos regularizaciones tributarias podrían anularse, al ser incompletas, y se le podría acusar de los delitos fiscales de los que fue exonerado precisamente por haber pagado su deuda con Hacienda. Pero esa es una posibilidad que la Fiscalía no se plantea hasta que no reciba el informe de la Agencia Tributaria.