Unidas Podemos redobla la presión al PSOE para incluir nuevas medidas anticrisis

Unidas Podemos presiona de nuevo al PSOE para incluir nuevas medidas de corte social en la prórroga del plan de respuesta al impacto de la guerra en Ucrania. El Ministerio de Derechos Sociales, en manos de Ione Belarra, ha enviado este lunes una batería de propuestas al resto de departamentos competentes y al de Presidencia, que gestiona Félix Bolaños, en la que prioriza un bono de transporte público a 10 euros, el aumento del 15% de las pensiones no contributivas (aquellas que perciben las personas en una situación de vulnerabilidad económica por una invalidez o que no han cotizado lo suficiente para garantizarse una pensión ordinaria), además de la prohibición estructural de los cortes de suministros a familias vulnerables. También la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha defendido este lunes la necesidad de dar “un paso más” y crear un impuesto extraordinario a las eléctricas.

Los socios de Gobierno negocian ya estos días incorporar ayudas adicionales en el decreto de medidas anticrisis, que el Ejecutivo aprobó en el Congreso por la mínima el 28 de abril y que estará vigente solo hasta el 30 de junio. Podemos, a través de Derechos Sociales, reclamó la semana pasada una extensión del plan hasta final de año, que incluye el aumento del ingreso mínimo vital o el límite de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda al 2%, una cuestión sobre la que ha vuelto a pronunciarse este lunes Belarra a través de un vídeo difundido en redes sociales y en el que ha calificado sus propuestas de “imprescindibles”.

El equipo de la vicepresidenta segunda, quien ejerce de líder de UP en el Ejecutivo, es el que está centralizando las conversaciones con el PSOE. Entre las prioridades que ha puesto encima de la mesa el socio minoritario en esas negociaciones se encuentra el incentivo al uso del transporte público e introducir la progresividad en el descuento de 20 céntimos por litro a los carburantes, que ahora se aplica de manera general. “No es correcto seguir subvencionando sin sesgo de renta”, ha explicado Díaz en declaraciones a los medios en Galicia, donde también ha vuelto a pedir un impuesto extraordinario a las grandes compañías eléctricas. “Creemos que hay que dar un paso más”, ha señalado contundente la vicepresidenta. “El principal problema es la inflación y seguimos pensando que llegó la hora de tener un impuesto extraordinario a las eléctricas y que se hagan corresponsables de lo que está pasando”, enfatizó.

En el detalle de las propuestas enviadas este lunes por Belarra, se especifica una reducción “en todas las modalidades” de abono de transporte público urbano e interurbano hasta los 10 euros. Esta bajada de precio se sufragaría, según explica el ministerio, a través de la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por importe de 560 millones, que financiaría un Fondo Extraordinario de Fomento al Transporte Público.

La secretaria general de Podemos aboga además por aumentar un 15% las pensiones no contributivas “con carácter inmediato”, de manera que el incremento se incorpore de forma acumulada a la nómina del próximo mes de julio. El objetivo es que las pensiones más bajas puedan hacer frente a la subida de precios sin tener que esperar a fin de año, explica el departamento. El Gobierno ya pactó hace unos días con Bildu un incremento por esa misma cuantía a cambio del apoyo del grupo vasco al proyecto de ley de promoción de los planes públicos de pensiones de José Luis Escrivá.

Derechos Sociales reclama también la aprobación urgente de una modificación del Bono Social. El ministerio busca ampliar su extensión para que llegue a dos millones de familias, agilizar el acceso mediante la automatización de los trámites y el intercambio de información entre administraciones. Podemos quiere, además, regular el llamado principio de precaución, de tal manera que no se pueda suspender el suministro de energía eléctrica, gas natural y agua en la vivienda habitual cuando el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad de sus titulares, como la pobreza sobrevenida o el agravamiento de la situación de vulnerabilidad social o económica, algo que con el escudo social ya no ocurre. La intención de Derechos Sociales es que la medida cobre ahora un carácter estructural. El departamento propone poner en marcha un “protocolo obligado de comunicación” por el que la empresa suministradora deba comunicar su intención de cortar el suministro previamente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que hará una comprobación de renta y pedirá un informe a los servicios sociales. “En el caso en el que se certifique la vulnerabilidad, no podrá procederse al corte del suministro de electricidad, agua y gas”, especifica.

“Este Gobierno no se puede permitir medias tintas, tenemos que ser valientes y poner todo de nuestra parte para que las familias no paguen las consecuencias de esta crisis”, insta Belarra en su mensaje en las redes sociales de este lunes. “Tenemos que protegerlas y hacer una reforma fiscal ambiciosa para que los que más tiene paguen de una vez lo que les corresponde en este país”, insiste la ministra sobre una de las prioridades legislativas de Podemos y que, de momento, el PSOE ha decidido posponer. Este mismo martes está previsto que los socialistas voten contra la toma en consideración de la proposición de ley planteada por Unidas Podemos para la creación de un nuevo impuesto a las grandes fortunas.