La derecha anticipa su rechazo a la prórroga del decreto de Sánchez que subvenciona la gasolina
Las medidas anticrisis se alargarán hasta finales de septiembre con el apoyo de los socios habituales y probablemente por la mínima
La suerte y el apoyo que pidió el miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los demás grupos representados en el Congreso, para respaldar la prórroga del decreto con las medidas anticrisis para paliar los efectos de la guerra en Ucrania, no los encontrará en la derecha del Parlamento. Tampoco está claro entre cuáles de sus socios habituales y en especial de ERC. PP, Ciudadanos y Vox ya anticipan su rechazo, porque creen que esas actuaciones y rebajas fiscales aprobadas “no han funcionado” o “han sido insuficientes”. Unidas Podemos, EH Bildu, PDeCAT, Más País y PNV muestran su disposición a negociar.
“A ver si tenemos más suerte y los que dicen que aman a España, que lo demuestren amando a los españoles y aprobando medidas que son buenas para los españoles”, dijo este miércoles el presidente y secretario general del PSOE en la reunión en el Congreso con sus grupos parlamentarios tras confirmar que, cuando acabe el 30 de junio la vigencia de ese decreto anticrisis, pedirá su prórroga por otros tres meses hasta finales de septiembre. El Gobierno espera que ese nuevo decreto prospere, pero recuerda que el vigente salió adelante por la mínima el 28 de abril, con 176 votos a favor, 172 en contra y una abstención. El apoyo in extremis de los cinco diputados de Bildu salvó entonces la situación ante la oposición del PP y ERC. El panorama, ahora, sigue sin estar muy claro.
El Ejecutivo cuenta de partida con los 154 escaños que suman el PSOE y Unidas Podemos. Y necesita más votos afirmativos que negativos para que el decreto progrese. PP, Vox, Ciudadanos, Foro Asturias y los dos tránsfugas de Navarra Suma llegan también a 154.
Unidas Podemos fue una de las primeras formaciones que se decantó por pedir, incluso hasta finales de diciembre, la prórroga de esas medidas que suponen, entre otras cosas, beneficios fiscales para las familias más vulnerables, transportistas y una subvención directa de 20 céntimos por litro de gasolina de manera general. El socio de la coalición entiende que harían falta más ayudas, incentivar el uso del transporte público con bonos mensuales de 10 euros mejor que el coche privado; o introducir la progresividad en el descuento a los carburantes. Desde el Ministerio de Derechos Sociales se reclama extender el llamado escudo social todo 2022, actualizar al IPC las pensiones no contributivas y ampliar el bono social de la luz. El sector del Gobierno liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz negocia aún varios aspectos de esa norma con la parte socialista.
La incógnita de ERC
ERC es de nuevo una incógnita. En el debate del decreto, el 28 de abril, acabó votando en contra, no sin debate interno y admitiendo algunos de sus miembros que aquel desmarque pudo ser un error. La relación con el Ejecutivo estaba entonces en tensión por el escándalo del caso Pegasus de espionaje a líderes independentistas vascos y catalanes. ERC tensó la cuerda de la negociación y todo indica que ahora hará más de lo mismo. Fuentes oficiales de la formación republicana señalan que aún no se ha tomado una decisión. Lo mismo se indica desde el grupo parlamentario del PNV, que entonces votó sí, y desde JuntsxCAT, que optó por el no. La mayoría de esos partidos, como sucede con el PDeCAT, el Partido Regionalista de Cantabria, Más País y Compromís, querrían que el Ejecutivo se prestase a negociar algunas mejoras en el decreto para poder prestar sus votos sin tantas reservas, pero parecen decantarse hacia el sí. Esa negociación no ha comenzado, según diversas fuentes parlamentarias.
EH Bildu sí adelanta su buena disposición a extender esas medidas “necesarias, pero insuficientes” incluso hasta diciembre, “ya que las previsiones económicas y la evolución de la inflación no parecen atisbar un escenario mejor al actual”. La formación abertzale pide más actuaciones relacionadas con aumentos de salarios, revalorización de las pensiones al IPC de manera inmediata, prohibición de despidos por causa directa de la situación económica similar al aplicado en la pandemia o recargos fiscales a las grandes fortunas, eléctricas y bancos.
En Más País aceptan que esas mejoras para “sobrellevar el aumento del coste de vida son bienvenidas”, pero reseñan que algunas, como la reducción del impuesto de combustibles, se han mostrado ineficaces y echan en falta más fomento del transporte público. Eso sí, entienden que la prórroga del decreto podría ser “una oportunidad inmejorable para corregir estas deficiencias”.
PP, Cs y Vox estuvieron entonces en el no y están ahora “en la misma posición”, como remarcó este jueves Juan Bravo, el vicesecretario económico popular del equipo de Alberto Núñez Feijóo. Edmundo Bal, portavoz nacional de Cs, expresó así la posición cerrada el día anterior por el núcleo duro del partido en respuesta a la apelación de Sánchez: “Ya criticamos aquel decreto por ineficaz e insuficiente y porque subvencionaba el consumo. Estos tres meses nos han dado la razón, la inflación sube sin parar y el precio de los combustibles no se ha contenido”. Bravo abundó: “Las medidas no están funcionando y es el Gobierno el que debe salir de su no es no a ni siquiera leer o escuchar nuestras propuestas”. El PP se remite incluso a que socialistas como Jordi Sevilla han elogiado el plan económico alternativo que Feijóo le entregó a Sánchez, con algunas bajadas de impuestos.
